El juez Ruz procesa a 11 altos cargos y militares marroquíes por genocidio en el Sáhara

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992.

Así consta en un auto en el que el magistrado procesa a los once dirigentes marroquíes –entre los que se encuentran dos gobernadores, un teniente y un coronel– por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, al tiempo que pone a siete de ellos en situación de busca y captura.

El juez, que ha acordado estas medidas a instancias de la Fiscalía, señala que el “hecho fundamental” que se investiga en esta causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala en la que aparecieron ocho cadáveres que “han sido plenamente identificados por el ADN” así como los testimonios de varios testigos y víctimas que “incriminan” a los procesados.

Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la “busca, detención e ingreso en prisión”.

Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos “responsables de genocidio” Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su “correcta identificación y filiación”.

Al mismo tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.

Amputaciones a un recién nacido

La causa, que fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 en virtud de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga asesinatos, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992 imputables a los procesados o sin autor conocido.

Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara, Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

El magistrado, que se remonta en su auto a la ocupación del Sáhara Occidental en 1975, justifica el procesamiento por un delito de genocidio apuntando que las acciones cometidas por policías y militares se dirigieron “unívocamente contra los saharauis” que fueron “sometidos a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos”.

Las acciones de los procesados, según detalla el magistrado, tenían como única finalidad “destruir” a la población saharui “mediante el asesinato, las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo”. “Existe, por tanto, una finalidad de destrucción biológica de tales personas como tales y simplemente por su origen étnico, que se manifiesta a lo largo de las declaraciones de los testigos, que narran las referencias de los funcionarios marroquíes a la necesidad de acabar con los saharauis”, señala el auto.