Ruz da un nuevo impulso a los papeles de Bárcenas y apunta a la cúpula del PP
El juez Pablo Ruz ha dado en las últimas 48 horas un nuevo impulso al caso de la financiación irregular del PP con la imputación de un ex secretario general del partido, Ángel Acebes, y con nuevas diligencias sobre otros hechos que apuntan a la persona que ocupa ese cargo en la actualidad, María Dolores de Cospedal. El argumento del Partido Popular de que la responsabilidad sobre la supuesta caja B comienza y acababa en Bárcenas choca frontalmente con las últimas decisiones adoptadas por el instructor del caso.
Ruz investiga la posible participación de “personas aforadas” en la entrega de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al PP de Castilla-La Mancha a cambio, según el extesorero, de la adjudicación de la contrata de basuras al grupo empresarial del que procedía el dinero. Así consta en el auto dictado este miércoles por el magistrado, en el que cita como imputado al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y requiere al Partido Popular que le entregue la normativa reguladora de la formación en Castilla-La Mancha en los años 2006 y 2007. Ese es el periodo en el que ya era presidenta del PP regional María Dolores de Cospedal. Y por los indicios existentes hasta ahora, no pueden ser más que la propia Cospedal y su número dos, Vicente Tirado –actual presidente del Parlamento autonómico–, los aforados a los que se refiere Ruz.
A ambos los implicó Luis Bárcenas en sede judicial cuando describió la mecánica de la mordida. Según relató, él mismo recibió en metálico los 200.000 euros en la sede en Madrid Sacyr-Vallehermoso, de manos de su entonces presidente, Manuel Manrique. “Llamé al gerente de Toledo. El sobre lo dejé en la caja y avisé al gerente regional, que tenía que entregárselo a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal”, explicó al juez. Bárcenas aportó además el recibí, firmado por el gerente José Ángel Cañas.
Esta es la segunda ocasión en que el juez Ruz da un impulso a la investigación del caso de los papeles de Bárcenas en menos de 24 horas. Y lo hace, de nuevo, apuntando hacia arriba. El martes citó como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por un presunto delito de apropiación indebida por omisión. El juez sospecha que Acebes pudo permitir a Bárcenas y Álvaro Lapuerta comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido. Para imputar a Acebes, Ruz cita la declaración incriminatoria de Bárcenas y los estatutos del PP, incorporados a la causa, en los que se establece que “corresponde al secretario general la decisión de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal”.
Otros tres secretarios generales distintos de Acebes coincidieron en desvincular su cargo de las funciones del tesorero y el gerente del partido en sus declaraciones ante Ruz como testigos. Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal fueron convocados por el magistrado después de que Luis Bárcenas describiera en julio de 2013 el mecanismo de financiación irregular del partido a lo largo de dos décadas. La estrategia de los secretarios generales pasó por volcar responsabilidades en sus subordinados, los tesoreros, y en aducir que no recordaban las cuestiones por las que se les preguntaba. Arenas llegó a utilizar la expresión “no me acuerdo” o “no recuerdo” en 37 ocasiones. Con los argumentos de la imputación de Acebes, estatutos del partido mediante, esa estrategia no serviría ante una eventual imputación.
El reglamento del partido
La diligencia número 3 del auto dictado el martes sobre la compra de acciones requiere al Partido Popular que “a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de tres días, certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento”. Cuando lo reciba, el juez tendrá en su poder el documento que acredita a Acebes como el máximo responsable del funcionamiento del partido en la época que ocupó la Secretaría General.
En el auto del día siguiente, Ruz toma un camino similar que le puede conducir al mismo destino. La diligencia cuarta reclama, “a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de cinco días, normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización– de la formación en Castilla-La Mancha vigentes en 2006 y 2007”, esto es, en la época del presunto cohecho, con María Dolores de Cospedal de presidenta regional. Si esa normativa se parece a los estatutos que rigen Génova, Ruz tendrá en su poder un nuevo indicio contra Tirado y, dependiendo del contenido exacto, quizá contra Cospedal.
Los hechos que investiga Ruz en torno al PP de Castilla-La Mancha son presuntamente constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública. Ruz aclara en cualquier caso que, si aparecen indicios contra los aforados, trasladará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juez cuenta con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constatando “trato de favor” a Sufi, la empresa del grupo Sacyr. Según el organismo dependiente de Hacienda, la campaña debería haber sido anulada.
Con la imputación de Acebes y los avances en el caso de Castilla-La Mancha, el juez ha abierto una brecha en el muro que impedía apuntalar responsabilidades por los papeles de Bárcenas. La argamasa de esa pared estaba formada por tres elementos: los hechos que no son constitutivos de delito, como la financiación irregular del partido; la prescripción de otros que sí son delito, como no haber declarado sobresueldos; y la imposibilidad de demostrar el cohecho, para lo que habría que poder vincular con claridad las donaciones irregulares de los empresarios y las adjudicaciones que recibían de las administraciones gobernadas por el PP.
Un paso más allá de la financiación irregular
Ahora el juez toma dos hechos concretos que han aflorado durante el caso –la posible compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro y el pago de 200.000 euros al partido a cambio de un contrato en Toledo– para abrir una nueva vía en el caso, más allá de la mecánica general de la financiación irregular. Bárcenas acusó a Acebes directamente de autorizar la compra de acciones con dinero negro. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ruz le imputa por haber consentido un daño a la formación, permitiendo que Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, vendieran esas acciones y no reintegraran el dinero a la caja B.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados pronunciarse públicamente sobre los casos que instruyen. Todo cuanto pueden y deben decir aparece en los autos que dictan, sus resoluciones razonadas. De los dos últimos que ha firmado el juez Pablo Ruz esta semana sobre el caso de la presunta financiación irregular del PP, parece emerger un punto de inflexión en la instrucción. Por una parte, se acabó el tener una responsabilidad en el Partido Popular y escudarse en el “no me consta” o el “no recuerdo”. Por otra, la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en el caso ya no va a suponer un obstáculo o un retraso en el establecimiento de esas responsabilidades.
De hecho, Ruz ha imputado a Bárcenas sin consultar a Anticorrupción. Su representante en el caso, Antonio Romeral, es blanco de las críticas de la acusación popular desde que Ruz abrió la pieza separada. Romeral propone escasas diligencias, se opone a las que solicitan las acusaciones y deja pasar los interrogatorios sin apenas formular preguntas. Los imputados sólo acceden a contestar a su abogado, a Ruz y a él, lo que hace recaer prácticamente todo el peso de los interrogatorios en el juez instructor.
