Sanchis, Naseiro y Bárcenas: tres décadas de relación y de cuentas 'populares' bajo sospecha

Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas. Tres hombres que han coincidido y se han dado el relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción.

El último en estallar, el del extesorero y exsenador Bárcenas, ha sacado a la luz, por medio de la investigación de Gürtel en la Audiencia Nacional, una cuenta en Suiza que llegó a tener 22 millones de euros y los sobresueldos en dinero negro que supuestamente se repartía la cúpular popular. En septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había archivado una causa contra Bárcenas en relación con Gürtel: los delitos fiscales que se atribuían al extesorero habían prescrito y consideraba que no se había cometido cohecho por no ser funcionario público.

Correligionarios, con los que ha seguido teniendo negocios, han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder a José María Aznar a la presidencia del PP, en 1990: se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal de Valencia implicado en la trama (fallecido en 2008 por un cáncer).

En aquellos días, Bárcenas también salió en las conversaciones de forma colateral (transcritas en losgenoveses.net). Unas conversaciones que daban a entender cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, así como del entonces máximo dirigente del partido, Aznar, además del vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, Arturo Moreno, y del concejal de Benidorm en aquella época Eduardo Zaplana (quien anunció a Palop que se iba a Sevilla: “A ver si hago unas cosas con la Expo”).

En las conversaciones también se mencionaba al secretario de Estudios de la Ejecutiva, Gonzalo Aragonés y el diputado Miguel Ángel Cortés (miembro del clan de Valladolid de Aznar, llegó a secretario de Estado de Cultura y, posteriormente, de Cooperación). Pero todo quedó enterrado. Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política, al igual Moreno, cuyo lugar en la dirección del PP pasó a ocuparlo Mariano Rajoy. El autor de la investigación interna, que absolvía a Fraga y Aznar, fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sanchis, Bárcenas y Naseiro no dejaron de reencontrarse. Sanchis, que llegó a Alianza Popular en 1981 de la mano de Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y coordinador general del AP, para llevar las cuentas del partido y recaudar fondos, metió en la organización a Bárcenas, con quien tenía una relación personal.

Sanchis llegó a ser elegido diputado en 1986 y en 1989, la primera encabezó la lista por Valencia y en la segunda fue como número 8 por Madrid. Pero el caso Naseiro acabó con su carrera política, aunque no con la económica. El estallido pilló a Sanchis en Argentina, no en vano hacía 12 años (desde 1978) que poseía unos terrenos allí.

Naseiro llegó a AP más tarde, en 1986. Nacido en Villalba, como Fraga, tenía el cometido de poner orden en las cuentas populares, con grandes desfases, y con la misión de elaborar un plan de reducción de gastos. Al principio fue mal visto por el anterior responsable económico, Sanchis, pero los intereses pecuniarios de ambos solventaron los recelos, tal y como descubieron las invalidadas grabaciones telefónicas.

Años después, en 2002, Bárcenas y Naseiro volvieron a hacer negocios. Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos a Naseiro para comprar obras de arte -la afición por la pintura de Naseiro le ha llevado a tener obras en El Prado: 40 naturalezas muertas pertenecientes a una colección suya fueron adquiridas por 26 millones de euros gracias a la figura del pago por dación de impuestos-.

A los pocos días, Bárcenas reintegró el importe en el banco: ambos afirmaron que al final ese dinero nunca cambió de manos, si bien Naseiro le dio 5.000 euros a Bárcenas por las molestias. La policía, a la que le extraña pedir 350.000 euros a un banco para devolverlos un mes después, duda de esta versión y sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales de la trama Gürtel. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”, decía el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en una de las grabaciones.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que comandaba el partido cuando aterrizaron Sanchis y Bárcenas, desveló en eldiario.es las prácticas que se realizaban en aquella época para financiar el partido con dinero B de “eléctricas, bancos y empresas de la industria pesada” y cómo el Tribunal de Cuentas les pedía que falsificaran facturas para cuadrar las cuentas de las campañas.

Tres años después de que llegara Naseiro a la sede aliancista, en 1989, se descubrió un intento de soborno que le salpicó. El empresario Gustavo Durán, conocido como broker en aquella época por conseguir acuerdos entre empresas, políticos y administraciones, ofreció dinero para desbancar al socialista Joaquín Leguina de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero a Juan Figueroa, hombre próximo a Nicolás Piñeiro, diputado regional del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), quien grabó la oferta de 100 millones de pesetas, y luego a Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, quien también grabó la conversación asesorado por la abogada Cristina Almeida.

Durán era conocido en AP desde 1984, cuando colaboraba con Sanchis para recaudar dinero y con diversas constructoras para conseguir contratos de la Xunta, en manos de AP, según el libro De Fraga a Fraga, de Carlos Dávila y Luis Herrero. Y en su conversación con Figueroa afirmaba actuar en nombre de la dirección del partido: “Me río de Rosendo ( ... ). Fraga, a la hora de hacer un asunto de los que yo hago, Fraga no se moja. ( ... ) Yo no me fío de Fraga en cuanto a lo que yo necesito. ( ... ) Rosendo sabe que estoy haciendo esto, y yo a ti no te lo oculto, que lo estoy haciendo por kilos ( ... )”. Durán afirmaba haberse reunido para hablar de estos asuntos con Naseiro, Federico Trillo (el hombre que ha dirigido la política judicial del partido de los últimos 30 años) y Sancho Rof (exministro de UCD que pasó a la historia por su descripción en 1981 del síndrome de la colza: “[El síndrome] es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”).

El informe interno dirigido por el notario Félix Pastor Ridruejo, absolvió de toda responsabilidad, como suele ser habitual en estos casos, a los colegas de partido.

Naseiro salió indemne del caso. Hasta el punto de que cuando Fraga se marcha a Galicia y se convierte en presidente de la Xunta, Aznar lo confirma como tesorero en el congreso de Sevilla de la refundación, con un escalafón asimilado al de vicesecretario general y bajo la dependencia directa del presidente del partido. Pero dura poco.

Fue detenido con el concejal Palop acusado de un delito de cohecho (soborno a funcionario público, peaje para conseguir favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas) en 1990. También estaban implicados un arquitecto y tres constructores, detenidos en Valencia y Alicante. La orden la dictó el Juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano. Los otros cuatro detenidos fueron Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera (Valencia); Carlos Bonet, delegado de la constructora Huarte; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, y José Balaguer, promotor de Cullera y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos en Valencia, ETRA. En aquel caso también declaró como testigo el entonces concejal José Luis Olivas, más tarde presidente interino de la Generalitat valenciana y, posteriormente, de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia durante su proceso de quiebra y nacionalización.

En aquel 1990, Naseiro era el estratega y máximo responsable económico del PP, y Salvador Palop, el enlace y ejecutor de las dádivas reclamadas para la financiación del partido, que oscilaban entre el 2% y el 5%. En estas operaciones desempeñaban un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, de miembros de la Ejecutiva del PP como Arturo Moreno, y el concejal Salvador Palop y el diputado Miguel Ángel Cortés.

Cortés era citado por Moreno en una de sus conversaciones con Palop como un miembro del “grupo” que el ex vicesecretario general pretendía promocionar para controlar mayores parcelas de poder en el PP:

“Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad”, decía Palop. “Sí”, contestaba Moreno. Y proseguía: “Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? Me ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío, vamos a aprovecharla, macho”. Palop contestó: “Cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos consiguiendo”.

En las conversaciones aparecía principalmente Palop, quien negociaba las comisiones con Naseiro y Sanchis. Las empresas desconocían qué parte iba al partido y cuál a los intermediarios. El sistema era el que explicó Versrtynge en eldiario.es, que consistía en inflar las adjudicaciones para que las adjudicatarias pagar una retrocomisión al intermediario por el importe de la diferencia entre el precio real y el adjudicado. El fiscal acusó de conspiración para el cohecho a Sanchis, Palop y Naseiro, para cada uno de los cuales pidió tres meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa (3.000 euros). Asimismo, solicitó una multa conjunta de 30 millones para los tres (180.000 euros), y nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión en sus cargos públicos para los dos primeros, así como cuatro de inhabilitación para Naseiro.

Las diligencias pusieron de manifiesto que en la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular se mencionaban más de 40 operaciones diferentes, y en las 10 de las que había detalles las comisiones alcanzaban los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). El 15 de julio de 1992 fueron absueltos.