Un exedil del PP en Santiago inhabilitado siete años por prevaricar y perseguir a un mando de la Policía Local
El juzgado de lo Penal número dos de Santiago acaba de condenar al exconcejal de Seguridad del Partido Popular en la ciudad Albino Vázquez Aldrey a siete años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo en la Función Pública por prevaricar cuando intentó relegar a un mando de la Policía Local. El fallo, al que ha tenido acceso, eldiario.es, también castiga al exedil con el pago de la multa que se determine en la ejecución de la sentencia.
La historia se remonta al año 2012 y tiene como protagonistas a varios de los cargos municipales del Gobierno de Gerardo Conde Roa, la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para la capital de Galicia y quien tuvo que dimitir después de que se destapase un presunto fraude fiscal de 291.000 en euros en la venta de unas viviendas de su promotora inmobiliaria. Albino Vázquez Aldrey era el concejal de seguridad del primer gobierno del PP tras 25 años de Gobiernos ininterrumpidos del PSOE en Santiago. Solo un año después de llegar al poder se vio salpicado por distintos casos de corrupción que se entremezclaron gracias a las escuchas telefónicas que puso en marcha un juzgado de Lugo.
Los investigadores descubrieron mientras indagaban sobre el caso Manga, de supuestas adjudicaciones irregulares desde el Ayuntamiento de Santiago a cambio de mordidas, que el edil de Seguridad trazó un plan para relegar en el escalafón al entonces jefe de la Policía Local José Manuel Carril. La enemistad de los dirigentes del PP venía de lejos: de antes de las elecciones municipales, cuando según el testimonio de Carril, este se negó a destruir el atestado que acabó con la carrera política del número 3 del PP en las municipales de 2011, Ángel Espadas, que fue sorprendido dormido y ebrio al volante en uno de los semáforos de la ciudad.
Cuando el PP alcanzó el poder municipal, Vázquez Aldrey trazó un plan para apartar a Carril de la jefatura de policía. Pero cometió un error: dio algunas de las instrucciones por teléfono, sin saber que sus comunicaciones estaban intervenidas por una juez lucense. En la charla clave, intervenida el 24 de mayo de 2012, la jefa de área de Seguridad, María del Mar Hinojosa, comunica al concejal que tiene “trincado” a Carril puesto que lo ha descubierto desplazándose fuera del término municipal de Santiago con su vehículo oficial en horas de trabajo. Hinojosa y su jefe, el edil Vázquez Aldrey, concluyeron entonces que lo mejor era falsificar una denuncia con una llamada anónima que acusase al funcionario de vulnerar sus obligaciones profesionales y decidieron que fuese el propio Espadas, el candidato que tuvo que dimitir por la alcoholemia, el que telefonease al Ayuntamiento. Finalmente, el plan se desbarata cuando las personas que estaba siguiendo al mando de la policía local avisan de que ya ha cambiado de ubicación.
El edil ahora condenado señala en otro de los pinchazos que la destitución del jefe de la policía local era un empeño personal del alcalde Gerardo Conde Roa, que había dimitido unos meses antes por su escándalo fiscal.
La denuncia del jefe de la policía local, que en un principio se había archivado, logró reabrirse y la acusación arropó sus argumentos con las escuchas telefónicas. La fiscalía había pedido para Vázquez Aldrey nueve años de inhabilitación y una multa de 6.000 euros. La condena que considera probada la prevaricación del exconcejal del PP se conoce en el primer día de campaña de las elecciones gallegas y apenas tendrá efectos concretos dado que el concejal Vázquez Aldrey ya abandonó la política en 2013 después de ser encarcelado en el marco de la Operación Manga que investiga contratos amañados en distintas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Santiago. Vázquez Aldrey eludió entonces la cárcel haciendo frente a una fianza de 15.000 euros y continúa acusado de cohecho y tráfico de influencias.
