El sindicato de Secretarios Judiciales denuncia la privatización del Registro Civil

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha denunciado hoy la privatización del Registro Civil según consta en un comunicado “sobre la asignación de este servicio a registradores mercantiles y notarios”.

El SISEJ señala que “el ministro de Justicia ha anunciado que el Registro Civil pasará a ser gestionado por los registradores mercantiles que ahora se llamarán registradores civiles y mercantiles” e insiste en su oposición a cualquier intento de privatización de este servicio.

El sindicato considera que la entrega del Registro Civil a los registradores supone “la clara privatización de una institución que a lo largo de toda su historia siempre había permanecido en manos del Estado en su función de custodia de los datos oficiales de todos los españoles”.

Además, advierte del “anómalo y ultra-privilegiado régimen estatutario y orgánico de los registradores, un colectivo que, pese a seguir bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Justicia, no cobra sueldo sino que sus ingresos lo son por volumen de negocio y que contrata y despide empleados en oficinas que funcionan como una verdadera empresa privada”.

El SISEJ desconfía del contenido de la nota emitida por el Colegio de Registradores en la que se desvincula de esta decisión del Ministerio dada “la existencia de negociaciones durante meses y meses” y recuerda que “el presidente de dicha corporación anunció la asignación del Registro Civil a los registradores de la propiedad como un logro”.

El sindicato explica que el anuncio del Ministerio incluye que donde no haya registradores puedan asumir el Registro Civil las notarías, “con lo que este colectivo también participaría del reparto tras haber sido anunciado por el Gobierno su privilegio con la asignación de bodas y divorcios consensuados en materia de jurisdicción voluntaria”.

A juicio del SISEJ “el ministro de Justicia debería explicar las razones por las que se ha decidido minusvalorar y prescindir de los secretarios judiciales para dirigir el Registro Civil”.

Por último insiste en reclamar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011 en su integridad “para lograr un servicio público, gratuito, ágil y al servicio de los ciudadanos y no de intereses corporativos” y anuncia su disposición a contribuir y participar en las “necesarias movilizaciones sociales”.