Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, divididos sobre la Ley de Seguridad Privada

Los principales sindicatos policiales están divididos sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Privada, ya que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera “una barbaridad” la extensión de funciones de los vigilantes de seguridad --una posición que comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)-- mientras la Confederación Española de Policía (CEP) ve “acertada” la reforma.

Mientras el SUP y la AUGC creen que la ley supondrá “privatizar la seguridad pública”, generar descoordinación y convertir a los vigilantes de seguridad en “policías baratos en sueldo y en formación”, la CEP ha señalado que es “tajantemente mentira” que los vigilantes privados puedan detener en la vía pública. Eso sí, ha pedido al Gobierno que apueste más por la seguridad pública que por la privada.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha calificado esta ley como “una auténtica barbaridad”. En su opinión, permitir a los vigilantes privados “patrullar” y asumir otras competencias propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supone un cambio que solo beneficia a las empresas de seguridad privada.

“En vez de invertir y convocar nuevas plazas, sacan esta ley que, aparte de potenciar a las empresas privadas, supone ahorro al Ministerio”, ha subrayado.

Además, ha hecho hincapié en que con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de colaborar con la Policía a “hacer de agentes”, y más bien serán los efectivos policiales los que se convertirían en “colaboradores” de los vigilantes privados, puesto que “cada vez que los vigilantes privados lleven a cabo cualquier trámite” necesitarán a los policías.

Asimismo, ha resaltado las diferencias en la formación de los policías y de los vigilantes: “Mientras que la formación policial ocupa dos años de formación continuada, para ser vigilante sólo se necesita un curso para un examen teórico”, ha señalado.

EL SUP AVISA DE LAS CESIONES DE DATOS

Para el SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos del Estado y de “bases de datos oficiales sujetas a un férreo control”, para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué objetivo.

En cambio, el secretario de comunicación de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, ve “acertada” esta modificación de la Ley de Seguridad Privada. Según Labrado, los vigilantes “sólo pueden detener en el ámbito de su protección”, así que ha negado que con la ley exista un “traspaso de las competencias policiales”.

CEP: NI DETENCIONES, NI INTERROGATORIOS, NI CACHEOS

Para el representante de la CEP, es “tajantemente mentira” que los vigilantes privados vayan a poder detener en la vía pública. Solo en su ámbito de protección y luego, para poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“, precisando que los vigilantes no podrán ”nunca proceder a interrogatorios ni a cacheos“.

En esta línea, ha explicado que existen dos tipos de detenciones: por un lado las “detenciones policiales que solo corresponde ejecutar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. En segundo lugar, existen las detenciones particulares, con la que se habilita a “cualquier ciudadano” a detener, siempre amparado en “indicios” y para poner a disposición de los agentes al detenido.

De esta forma, ha subrayado a Europa Press que “si un vigilante de seguridad procede a la detención de alguien --salvo que sea una detención a nivel particular-- comete un hecho delictivo”.

No obstante, también ha insistido en la necesidad de “potenciar más la seguridad pública que la privada”. Para él, hay una gran diferencia entre la formación de los vigilantes privados y los funcionarios tienen que “pasar un dispositivo muy severo”. “Sin deslegitimar a los vigilantes privados”, ha insistido en que desde el CEP apuestan por una “Seguridad Pública de gran calidad”: “El Gobierno se tiene que plantear apostar más por la Seguridad Pública que incrementar la privada”, ha puntualizado.

RECORTES EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Por su parte, el portavoz nacional de la AUGC, Juan Antonio Delgado, ha denunciado que el Gobierno está haciendo con la seguridad pública lo mismo que con la sanidad, usar la “excusa de la crisis” para recortar funcionarios públicos y reemplazarlos por trabajadores privados con sueldos “precarios”. Según sus datos, en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo jubilaciones a un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que sólo se convocan unas 500 plazas nuevas.

La AUGC considera especialmente preocupante que con la futura ley los vigilantes de seguridad puedan detener e identificar, subrayando que detener es “privar a una persona de un derecho fundamental” y no se debería dar “esa potestad a empresas privadas”.

También ha advertido de que introducir a la seguridad privada en el “laberinto policial español” --con hasta cinco cuerpos de Seguridad incluyendo policías autonómicas-- generará “riesgo de mayor descoordinación”.

Según ha explicado a Europa Press, la asociación se ha reunido con portavoces de prácticamente todos los grupos parlamentarios y se ha opuesto “rotundamente” a dar a los vigilantes de seguridad el carácter de “agente de autoridad”, una figura que a su juicio debería ser “restrictiva”.

Así, ha advertido que una cosa es retener a alguien in fraganti, y otra es la parte jurídica de una detención, para la que este colectivo no está preparado. “No sería la primera vez que un tribunal tumba una ley de seguridad”, ha dicho

Delgado ha dejado su respeto por el trabajo de los vigilantes de seguridad, pero ha subrayado que asignarles tareas policiales es “como pedir a un enfermero que haga un trabajo de cirujano”. “No se trata de darles más formación, es que es una carrera distinta”, ha ilustrado.

Por todo ello, ha avisado además de que habrá que esperar al trámite final de la ley y su desarrollo reglamentario posterior, para ver cómo se regula en detalle la posibilidad de que los vigilantes de seguridad detengan o que se encarguen de la vigilancia perimetral de prisiones y centros de extranjería.