Suiza ofrece a España alternativas para prorrogar la amnistía fiscal a los defraudadores
Suiza quiere que los defraudadores fiscales españoles con cuentas en su país continúen operando en el anonimato. Para ello ha ofrecido a España un pacto que consiste en garantizar esa privacidad a cambio de dinero. La oferta fue trasladada por el jefe de la diplomacia helvética, Didier Burkhalter al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid el pasado día 8.
Lo que Suiza propone a España es la firma de un Acuerdo Rubik a través del cual el país alpino paga a las haciendas extranjeras los impuestos derivados de las inversiones de sus ciudadanos en la banca helvética, pero mantiene la confidencialidad de los nombres. El encuentro entre los máximos representantes de la diplomacia de ambos paises no ha tenido (hasta la fecha) ninguna repercusión en la prensa española pero sí ha sido recogido por los diarios de aquel país.
En la nota de prensa del Ministerio sobre la reunión, no aparece ninguna referencia a asuntos fiscales.
Según la crónica del rotativo Le Matin, España estaría interesada en firmar un Acuerdo Rubik al término del actual periodo de amnistía fiscal a finales de noviembre. Según información de los medios suizos, aquel país toma nota del interés español y de los plazos derivados de esa amnistía fiscal en curso.
Dicho de otro modo, si España acepta firmar el Acuerdo Rubik estaría subcontratando su política fiscal a la banca suiza. España cobraría un dinero al que no consigue acceder por otras vías pero nunca podría saber qué empresas o particulares están defraudando. Este tipo de acuerdos, según la prensa local, cuentan con el respaldo de la Asociación Suiza de Banqueros y la Asociación de Bancos Extranjeros en Suiza.
La banca suiza impulsa este tipo de acuerdos para evitar una fuga de capitales si la crisis continúa invitando a los gobiernos a investigar a los defraudadores con cuentas en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece una pequeña cantidad de dinero a cambio de silencio y tranquilidad para sus clientes.
Austria, Reino Unido y Alemania ya han firmado acuerdos similares con el país helvético, que ahora tiene entre sus prioridades extender estos acuerdos a Italia, Grecia y España. En el caso alemán la contestación ha sido muy fuerte y ha estado encabezada por socialdemócratas y verdes que rechazan el acuerdo al considerar que constituye un premio a los defraudadores.
El caso Falciani
Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa de trabajo de los ministros de Exteriores español y suizo fue, según Le Matin, el caso Falciani. Hervé Falciani es un extrabajador del HSBC que en 2006 se hizo con los datos de 130.000 presuntos defraudadores. Gracias a la información facilitada por Falciani a los distintos gobiernos, España pudo revisar cerca de 3.000 cuentas, localizar a casi 700 defraudadores y recuperar una cantidad que se acerca a los 6.000 millones de euros, según fuentes de Hacienda.
Sin embargo, Falciani se encuentra en una cárcel española a la espera de que la Audiencia Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros decidan sobre su extradición a Suiza, que le reclama por un delito de vulneración del secreto bancario, un tipo penal que en nuestro país no existe. Más bien al contrario, la legislación española obliga a denunciar cualquier indicio de blanqueo.
Según la prensa suiza, Margallo se limitó a trasladarle a su homólogo suizo que la situación de Falciani está en manos de la justicia y que sobre ella no hay ningún tipo de consideraciones políticas. El ministro español evitó un detalle: es el Gobierno de Rajoy quien tendrá la última palabra sobre la extradición del informático al país de la banca opaca.
Falciani fue detenido en Barcelona en julio de este año. La policía solicitó en un control rutinario la documentación de la tripulación de un barco que, procedente de Francia, acababa de llegar al puerto de la Ciudad Condal. Al comprobar la documentación del suizo saltaron las alarmas ya que sobre él pesaba una orden de detención internacional dictada por Suiza.
En la lista de nombres facilitados por Falciani figuran algunos tan conocidos como los del banquero Emilio Botín o el de su hija Ana Patricia. Ante el temor de que los delitos fiscales de Botín pudieran prescribir en 2010, Anticorrupción denunció a Botín ante la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal. El juez Fernando Andreu decidió archivar la causa tras comprobar que el banquero había abonado lo que debía, una vez que Falciani puso sus cuentas al descubierto. El presidente del Banco Santander había regularizado su situación con un ingreso de 200 millones de euros a la Hacienda española.
En la actualidad Falciani se encuentra recluido en prisión preventiva en Valdemoro (Madrid) y a la espera de que la Audiencia Nacional decida qué hacer con su solicitud de extradición. Cuando el tribunal tome una decisión, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.
