Así se tramitaría el suplicatorio de Rita Barberá: con voto secreto y a puerta cerrada
El cerco sobre Rita Barberá por la corrupción valenciana se estrecha. Si el magistrado instructor del caso Taula y el fiscal Anticorrupción finalmente la inculpan, como todo parecer apuntar, el Tribunal Supremo tendrá que solicitar al Senado su suplicatorio para poder investigarla. Barberá, al igual que todos los diputados y senadores, goza de inmunidad parlamentaria y no puede ser investigada o juzgada por los tribunales ordinarios. Ni siquiera si se disolvieran las Cortes, porque Mariano Rajoy decidió blindarla designándola miembro de la Diputación Permanente del Senado lo que le garantiza mantener su acta y el aforamiento. El PSOE y Ciudadanos quieren ahora acabar con este privilegio y han incluido su supresión en el pacto de Gobierno que acaban de firmar.
El suplicatorio de la exalcaldesa de Valencia, sin embargo, no sería el primero que el Senado tramitara en esta legislatura que acaba de echar a andar. La semana pasada, la Mesa de la Cámara admitió el que pidió el Supremo para juzgar al senador de Bildu, Iñaki Goioaga, por los delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA.
En el Congreso se está también a la espera de que se inicien los trámites sobre el suplicatorio del diputado del PSOE por Sevilla, Antonio Rodríguez Limones, al que un juez involucra en un caso de supuesto desvío de fondos públicos.
¿Qué ocurre cuándo una petición de este tipo llega al Congreso o al Senado? ¿Cómo se tramita? En primer lugar, los suplicatorios tienen que pasar el filtro de las Mesas de las Cámaras que los califican y, en un plazo de cinco días, deben enviarlos a la Comisión del Estatuto del Diputado -en el caso del Congreso-, o a la de Suplicatorios -en el caso del Senado-, para que elaboren un dictamen. Para ello tienen como máximo treinta días durante los cuales el parlamentario afectado puede presentar sus alegaciones por escrito u oralmente. O renunciar a hacerlo. Todo este trabajo se realiza a puerta cerrada, sin la presencia de la prensa. Finalizado este trámite, el dictamen es elevado al primer pleno que se convoque para su votación.
Cuando llega el momento de votar el suplicatorio, los presidentes del Congreso o del Senado piden al público invitado y a los periodistas que abandonen las tribunas, y a los gráficos que salgan del hemiciclo. Las puertas entonces quedan cerradas a cal y canto. Sus señorías votan electrónicamente -antes los hacían por 'insaculación', es decir, depositando la papeleta del voto en un saco-, sin que se sepa quiénes lo han hecho a favor, en contra o se han abstenido.
Lo único que las Cámaras posteriormente hacen público es el resultado final, si el suplicatorio ha sido aprobado o rechazado y por cuántos votos a favor, en contra y las abstenciones. No hay más transparencia.
Lo cierto es que los precedentes de rechazo a los suplicatorios, en las últimas legislaturas, son muy escasos. Según establece la ley, el rechazo a un suplicatorio solo puede producirse en caso de que, hecha la acusación penal, se percibiera en la querella una intencionalidad penal para alterar la composición de la Cámara o su funcionamiento. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 1985 sentando con su sentencia jurisprudencia.
En el Senado, uno de los más sonados fue precisamente el que se autorizó en 2009 contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien tras ser acusado de numerosos delitos de corrupción terminó dejando su escaño y fue encarcelado. Otro ilustre senador, también del PP, Francisco Granados, dimitió antes de que el Supremo llegara a solicitar su suplicatorio. También está ahora en prisión.
Por casos de corrupción, además de Bárcenas, las Cámaras han autorizado el suplicatorio del diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, por el 'caso Gürtel'. Algunos no han llegado a tener que tramitarse porque antes de hacerlo los afectados han renunciado a sus actas, como hizo Granados. Tal el es el caso del expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, y el de su exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que abandonaron sus escaños en el Congreso tras ser imputados en el caso de los ERE. Igual ocurrió con José Antonio Griñán, que dejó el Senado.
En cambio, otro de los presuntos implicados en este escándalo, el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, se resistió y se marchó al Grupo Mixto hasta que la presión le hizo renunciar también a su acta en plena tramitación de su suplicatorio. Otro suplicatorio que tampoco se llegó a tramitar fue el del exministro del PSOE, José Blanco, por el caso Campeón, que fue finalmente archivado.
En el Congreso también se han solicitado suplicatorios por causas ajenas al ejercicio de la política. Como el que se autorizó para el diputado del PP Ignacio Uriarte por haber dado positivo en un control de alcoholemia después de verse involucrado en un accidente de tráfico. O el del exportavoz del PP en la Comisión de Defensa, Vicente Ferrer, y el de su compañero murciano, Arsenio Pacheco, ambos por casos similares al de Uriarte.
Según los datos registrados por ambas Cámaras, desde que comenzó la democracia se han tramitado cerca de un centenar de suplicatorios, de los cuales han sido autorizados más de la mitad. De ellos 54 han sido dirigidos contra diputados y 45 contra senadores.
En el PP esperan ahora inquietos a que llegue al Senado el de Rita Barberá, que este jueves ha dejado claro que no piensa dimitir. Los populares, según las impresiones recogidas por esta redacción, no se opondrán a que se dé luz verde a su suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigarla y, si llega el caso, sentarla en el banquillo. No obstante, esperan que si eso ocurre, la exalcaldesa de Valencia no se atrinchere y deje su acta de senadora, algo que a día de hoy parece difícil.
