Tensa comparecencia de Ignacio González en la comisión de corrupción en Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid, en la que ha protagonizado momentos de tensión especialmente con el diputado de Podemos Ramón Espinar, que le ha echado en cara el caso del ático.

El objetivo de la comparecencia era explicar la venta de 2.935 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversiones Azora-Goldman Sachs en 2013, poco después de que González asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid.

“El Gobierno no ha decidido vender vivienda a un fondo de inversión, sino vender patrimonio para conseguir equilibrio presupuestario. Quien se presente al concurso y lo gane es otra cosa”, ha sostenido.

A continuación, ha subrayado que la intención de esta venta, al igual que la de otras medidas como la reducción de organismos públicos, fue “obtener ingresos y reducir gastos” para poder cumplir con el objetivo de déficit del Estado.

“La vivienda protegida no está pensada para quien tiene un testaferro en Delaware”, le ha respondido el diputado de Podemos Ramón Espinar en alusión a la investigación sobre el ático que el expresidente posee en Estepona (Málaga).

González se ha quejado a la presidenta de la comisión al señalar que este comentario afectaba a su “honor” y ha afeado a Espinar la manera de formular sus preguntas.

“Esto no va de que usted ordena y manda, va de que yo pregunto y usted contesta”, ha contestado el diputado de Podemos.

Algunos miembros de grupos de la oposición han golpeado levemente sus mesas como señal de protesta en el transcurso de la intervención de González, que ha reprochado al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, hacer afirmaciones en lugar de preguntas.

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha salido en defensa del sucesor de Esperanza Aguirre: “Un presidente no puede estar en cada detalle de cada operación de sus consejerías”.

La tensión también ha marcado la comparecencia del exconsejero de Vivienda Pablo Cavero, al que el diputado de Podemos Marco Candela ha acusado de “haber generado un quebrando patrimonial de 100 millones de euros en el Ivima”.

Tanto él como la diputada del PSOE Encarnación Moya le han pedido a Cavero que renuncie a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid por este motivo.

Cavero, por su parte, ha instado a Candela a repetir sus palabras en la calle, sin que le ampare su condición de aforado, y exponiéndose a una querella por faltar al derecho al honor “por el cúmulo de barbaridades” que, a su juicio, había dicho.

El exconsejero ha justificado la venta en bloque de 32 promociones del Ivima alegando que no fluía el crédito para que las compraran los inquilinos, y porque ese dinero permitió entregar mil pisos a familias necesitadas y acabar de construir otros 1.500.

Un argumento que ha defendido a continuación González, que ha asegurado que en el proceso de compra se respetaron “todos los derechos” de los arrendatarios.

“Fue transparente, pulcro, inmaculado, no se ha producido ninguna circunstancia que vulnera la ley”, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que esta operación no sólo no supuso un perjuicio, sino que hizo que el Gobierno regional ganara dinero “para poder seguir haciendo política de vivienda”.

En este sentido, ha apuntado que “no se descapitalizó nada” ni hubo “ningún quebranto”, ya que las viviendas del Ivima se vendieron a un precio un 20 % superior al de la tasación (algo más de 201 millones de euros en lugar de cerca de 169).

Este viernes también ha comparecido el presidente de la sociedad Encasa Cibeles (encargada de la gestión de las vivienda), Fernando Gumuzio, y el actual secretario general de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Carmena, que presidió la mesa de contratación que culminó el proceso de venta.

La comisión de investigación que analizará los posibles casos de corrupción ocurridos en la Comunidad de Madrid en las dos últimas legislaturas se prolongará al menos durante un año y celebrará sus sesiones los viernes cada quince días.