Torres-Dulce consigue la excedencia y podrá empezar a trabajar en el despacho de abogados Garrigues
El BOE recoge hoy declaración de excedencia voluntaria de Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado hasta el pasado mes de diciembre. La autorización, con efectos a partir de mañana 1 de septiembre, era el último paso necesario para que Torres-Dulce pueda empezar a prestar sus servicios en el bufete Garrigues, uno de los más importantes del país.
El pasado 30 de julio, la Oficina de Conflictos de Interés autorizó a Torres-Dulce a prestar sus servicios en este despacho de abogados, pese a que no habían pasado aún los dos años de enfriamiento que prevé la leyenfriamiento tras el cese de los altos cargos. En concreto, la norma establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.
Las asociaciones de fiscales criticaron la autorización, puesto que consideran que la información sensible con la que ha tratado Torres-Dulce durante su mandato pasa a manos ahora de una entidad privada.
El problema está en que es la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la encargada de aprobar o no el empleo de un ex alto cargo, durante esos dos años, en una entidad privada. Es decir, tiene que decidir si la empresa a la que va a trabajar está vinculada a las decisiones que tomó puesto y hay conflicto de interés. La norma vigente hasta marzo establecía que ese vínculo existía si el alto cargo había “firmado resoluciones” que afectaran a la empresa. La última reforma, en cambio, es más específica en este punto y habla de “un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado” que haya afectado a la entidad a la que va a trabajar tras su cese.
Las autorizaciones de compatibilidad de trabajo durante esos dos años sí se publican en el Portal de Transparencia. No se hace lo mismo, en cambio, con las razones de esa decisión, que no son públicas, ni con las denegaciones.
