El Supremo paquistaní inhabilita al primer ministro Sharif por los “Papeles de Panamá”

El Tribunal Supremo paquistaní decidió hoy inhabilitar al primer ministro del país, Nawaz Sharif, al considerar que es responsable de las sociedades de su familia en paraísos fiscales desveladas en los Papeles de Panamá.

Los cinco jueces a cargo del caso decidieron de forma unánime que Sharif debe ser inhabilitado por “deshonestidad” y “no declarar activos”, y ordenó enviar el caso al Buró de Responsabilidad Nacional (NAB), el organismo encargado de la lucha contra corrupción, según la sentencia leída por el magistrado Aijaz Afzal.

“No es apto para ser un honesto miembro del Parlamento, deja de ocupar la oficina del primer ministro”, afirmó Afzal ante un tribunal lleno a rebosar de políticos, juristas y periodistas.

Los jueces ordenaron a la Comisión Electoral que notifique a Sharif su inhabilitación y que el NAB abra un proceso contra Sharif y sus hijos Hasan, Husain, Maryam; el marido de esta, Mohamed Safdar Awan, y el ministro de Finanzas, Ishaq Dar.

El proceso deberá ser incoado en seis semanas y tendrá un plazo de medio año para acabar sus pesquisas.

Los problemas de Sharif comenzaron en abril de 2016 con la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que reveló que tres de sus cuatro hijos, Husain, Maryam y Hasan, crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres.

La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de esas empresas y las propiedades, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.

Tras un año de debates y protestas por cómo investigar las revelaciones de los Papeles de Panamá, el Tribunal Supremo de Pakistán decidió en abril que no existían pruebas para inhabilitar a Sharif, pero ordenó la creación de una comisión de investigación (JIT) en un fallo que empezaba con la cita “Detrás de cada gran fortuna hay un delito”, de la novela “El Padrino”, de Mario Puzo.

El JIT, formado por civiles y militares, concluyó el 10 de julio que la riqueza del político no se corresponde con sus ingresos.

Tras ello, el Supremo escuchó durante cinco días los argumentos de la acusación, formada por los partidos de la oposición, y por la defensa de Sharif hasta que el pasado día 21 dejó el asunto visto para sentencia.

El máximo organismo judicial paquistaní ya inhabilitó a mandatarios en el pasado, como al primer ministro Yusuf Raza Guilani en 2012, a quien condenó por desacato por no reabrir una investigación por corrupción contra el entonces presidente del país, Asif Ali Zardari.

La inhabilitación de Sharif, que ya se vio obligado a dimitir en dos ocasiones en la década de los 90 y ha hecho frente a acusaciones de corrupción en el pasado, hace que Pakistán siga sin ver terminar su mandato a un primer ministro elegido en los urnas en sus 70 años de historia.