Tribunal militar brasileño critica el informe final de la Comisión de la Verdad

El Superior Tribunal Militar (STM) de Brasil criticó hoy, por supuestamente “falso, injusto y equivocado”, el informe final sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en el país (1964-1985) presentado la semana pasada por la Comisión Nacional de la Verdad.

La máxima corte para los militares en Brasil afirmó en un comunicado de que la Comisión Nacional de la Verdad se equivocó al calificar la justicia militar como la “retaguardia judicial para la represión” y al acusarla de haber sido “tolerante u omisa ante las denuncias de graves violaciones de derechos humanos”.

Según la nota, los conceptos utilizados por la Comisión para referirse a ese tribunal son “falsos, injustos y equivocados” debido a que, en su opinión, la justicia militar “no tuvo papel fundamental en la ejecución de persecuciones y sanciones políticas ni se consideró competente para juzgar civiles acusados de crímenes contra la seguridad nacional”.

Según los jueces militares, los procesos que constan en los archivos del tribunal demuestran que la justicia militar garantizó los principios y los derechos humanos durante el período referido.

“La justicia militar siempre edificó ejemplos de independencia, coraje e imparcialidad al juzgar”, aseguró el comunicado.

El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, entregado la semana pasada tras dos años y siete meses de trabajo, afirma que la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985 dejó 434 muertos y desaparecidos.

El documento fue entregado el miércoles pasado a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en carne propia la tortura, por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.

El informe detalla en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven.

Los acusados, sin embargo, no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.