Los motivos de Unidos Podemos para no apoyar la comisión de reforma constitucional más allá del artículo 155
La comisión parlamentaria no permanente para abordar la reforma territorial impulsada por el PSOE en el Congreso nunca fue del agrado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea. Ya mostraron sus reticencias el pasado mes de julio, cuando se anunció la iniciativa. Los tiempos, el formato y el contenido que preveían no colmaba las aspiraciones del grupo confederal. Con todo, la dirección decidió apoyar su creación dentro del intento de mejorar las relaciones con los socialistas. Pero la aplicación del artículo 155 contra la Generalitat de Catalunya con el apoyo explícito de Pedro Sánchez ha terminado de decidir a quienes dudaban sobre la conveniencia de participar en la comisión.
El martes comenzaron los rumores y el miércoles se confirmaba: Unidos Podemos-En Comú-En Marea “suspende” su presencia en la Comisión de estudio para la evaluación y modernización del estado autonómico. Si se aplica el artículo 155, algo que parece inevitable salvo una sorpresa de última hora, el tercer grupo del Congreso no acudirá a las sesiones de una comisión cuya composición se cerrará el próximo lunes 23 de octubre.
La decisión se anunció este miércoles pero estaba tomada desde antes. Al menos de una parte del grupo que es fundamental, sobre todo en la cuestión catalana: En Comú. Fuentes del grupo catalán integrado en Unidos Podemos confirman que el anuncio del presidente del Gobierno hace ahora una semana de que iniciaba los trámites que exige el artículo 155 de la Constitución fue determinante. “El PSOE no puede abrir el melón constitucional desde el apoyo al 155”, aseguraba Domènech el mismo miércoles en una entrevista en La Vanguardia.
El pacto entre Sánchez y Rajoy, con el reticente apoyo de Albert Rivera, para utilizar esta comisión como plataforma para una reforma de la Constitución en su ámbito territorial mientras se plantea intervenir la Autonomía de Catalunya decantó la decisión de la dirección del grupo confederal.
Pese a los debates internos sobre cuándo y cómo hacerlo, y pese a que Domènech intentó convencer a Podemos de que sí participaran por miedo a la pérdida de votos que vaticinan las encuestas, la cuestión estaba clara: Unidos Podemos no va a secundar una comisión que anticipe la reforma constitucional en los términos en los que está planteada esta.
La cuestión catalana es clave. Desde la dirección del grupo parlamentario aseguran a eldiario.es que no tiene lógica abordar la evaluación del sistema territorial si una de las piezas fundamentales del puzzle no está presente. ERC y PDeCAT ya han anunciado que no asistirán. Tampoco el PNV. “Si la comisión trata de resolver un problema con Catalunya, ¿cómo va a ser posible dialogar si no están los catalanes?”.
La cuestión catalana ha sido el detonante, pero las reticencias a la comisión tienen otros motivos. Tanto Podemos como IU, las dos patas principales de Unidos Podemos, han defendido en los últimos años la necesidad de abrir un amplio proceso constituyente. Lo explicaba este mismo martes el diputado Manolo Monereo, exdirigente de IU, con mucho peso en la época de Julio Anguita, y que concurrió en las elecciones del 26 de junio en las listas electorales por expreso deseo de Pablo Iglesias.
Monereo defendió la posición de Unidos Podemos durante el debate de una proposición no de ley para multiplicar los homenajes a la Constitución por su cuadragésimo aniversario el año que viene. El veterano diputado pidió no “idealizar la transición” y recordó el clima de “violencia” en el que se negoció. Y zanjó: “Una constitución debería durar lo que dura una generación, los muertos no pueden estar dirigiendo eternamente a los vivos”.
En la dirección de Unidos Podemos se preguntan por qué el PSOE solo quiere hablar del modelo territorial. “Sería un engaño para los ciudadanos si abrimos la Constitución solo para hablar del modelo territorial: ”¿Y la reforma para prohibir puertas giratorias? ¿O para blindar los derechos sociales? ¿O para hacer una Ley electoral más justa y proporcional?“.
En la noche electoral del 20 de diciembre de 2015 Pablo Iglesias puso sobre la mesa las condiciones para que su partido apoyara a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Además de un nuevo acuerdo territorial, el secretario general de Podemos habló de “blindaje de los derechos sociales”, como el “derecho a vivienda”, con la “paralización de los desahucios sin alternativa habitacional” como medida fundamental, además de garantizar en texto constitucional la “sanidad y educación públicas”.
Podemos también abogaba por una reforma del sistema electoral para hacerlo “más proporcional”, una idea defendida también por Ciudadanos. Como la de terminar con las “puertas giratorias”. Podemos apostaba por introducir los revocatorios ciudadanos mediante referéndum.
También IU apostó entonces por un “proceso constituyente”, con ideas similares a las defendidas por Podemos en materia de regeneración democrática y de defensa de los derechos sociales, aunque con una apuesta clara por la república federal como forma de Estado.
La ausencia de un grupo que representa a más de cinco millones de personas hace difícil plantear una amplia reforma constitucional. Si se suman las bajas de ERC, PDeCAT y PNV, casi inviable desde un punto de vista político, no numérico. PP y PSOE cuentan con una mayoría suficiente. Y si Ciudadanos lo apoya, más aún.
Por eso, desde Unidos Podemos advierten de que utilizarán su fuerza en el Parlamento para impedir una reforma medida que no suponga recurrir al procedimiento agravado (es decir, con disolución de Cortes Generales y referéndum vinculante) se haga sin consultar a los españoles. La propia Carta Magna establece que 35 diputados pueden forzar un referéndum que ratifique cualquier reforma. Unidos Podemos tiene 67.
