Críticas a una propuesta de Unidos Podemos por castigar por vía administrativa las ofensas al colectivo LGTBI
La primera ley estatal en defensa de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) ha comenzado el proceso parlamentario para su aprobación con polémica. La proposición de ley, firmada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea, contaba con el respaldo de casi todos los partidos del Congreso –salvo el PP– y de los colectivos LGTBI. Pero el capítulo de sanciones administrativas ha desatado la polémica.
Las críticas se centran en una parte del extenso articulado de la ley, la primera integral para el colectivo, la que se refiere a las infracciones y sanciones y que, según han denunciado en Twitter abogados especializados en la materia, supone en realidad eliminar la tutela judicial a la hora de castigar determinadas conductas que ya están tipificadas como delito en el Código Penal.
El abogado David Bravo, que el 20 diciembre de 2015 fue elegido diputado por Almería en las listas de Podemos, ha arremetido en Twitter contra la norma.
Bravo, que renunció a repetir en las listas electorales en junio de 2016, se ha ido desmarcando del partido pero este último episodio ha terminado de romper su relación.
También la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) asegura en un comunicado que “entre los aspectos más problemáticos del texto, se encuentran el hecho de contemplar multas administrativas, de hasta 20.000 euros, por opinar en redes sociales, tal como se establece en los artículos 94 (infracciones) y 96 (sanciones) del texto. Es decir, que no es un juez quien pondera el posible conflicto entre derechos fundamentales”.
La proposición de ley lleva la firma de cuatro diputados del grupo. Tres son de En Comú: el portavoz, Xavi Domènech, María del Mar García y Lucía Martín. La cuarta, de Podemos: Rita Bosaho.
Fuentes de En Comú aseguran a eldiario.es que su grupo asumió el registro de la proposición dentro de su cupo pero recuerdan que ha recibido el apoyo de prácticamente toda la Cámara Baja. Los grupos parlamentarios tienen un número determinado de iniciativas legislativas para presentar en cada periodo de sesiones.
La proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado 8 de mayo y publicada en el Boletín Oficial del Congreso el día 12. El registro se produjo el día 4, con el apoyo de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.
Las principales críticas vienen del hecho de que la proposición de ley abre la vía administrativa para castigar opiniones con sanciones económicas, por ejemplo en redes sociales. E, incluso, establece que aquellos hechos que un juzgado no considere delito puedan ser sancionados después por la vía administrativa: “De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales se hayan considerado probados”.
La propuesta también establece que se debe retirar el contenido sin que un juez intervenga en el proceso: “Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará-la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.
Las críticas han llegado incluso desde algunos de los principales referentes del partido, como Juan Carlos Monedero.
