El absentismo de otros diputados pone difícil que el Congreso sancione al PDeCAT y ERC como pide Ciudadanos
El Congreso va a toparse con bastantes dificultades a la hora de justificar una hipotética retirada del sueldo a los diputados díscolos del ERC y del PDeCAT por sus ausencias voluntarias al trabajo parlamentario, como ha pedido Ciudadanos en un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara. Aunque el artículo 99 del reglamento prevé estas sanciones, aplicarlas ahora solo a los diputados independentistas podría desatar un sinfín de denuncias sobre el absentismo de diputados de otros grupos parlamentarios.
Los propios diputados de Ciudadanos reconocen en privado las dificultades de su propuesta. De hecho, el informe jurídico que pidió la Mesa del Congreso hace dos semanas para ver la viabilidad de la propuesta y los precedentes que hay en su aplicación, se ha retrasado otra semana más.
Ante las protestas de los dirigentes de Ciudadanos, que lo ven “inadmisible”, Ana Pastor se ha comprometido a que el próximo martes estará ya acabado.
Lo cierto es que la 'guerra' entre los de Rivera y los diputados de ERC y el PDeCAT es desde hace tiempo pública y notoria. Uno de los momento más tensos fue cuando, durante la comparecencia del presidente Rajoy para explicar las medidas que iba a aplicar sobre la declaración de Puigdemot, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, acusó a Albert Rivera de mantener un discurso digno de un “falangista”.
Ahora, ante estas denuncias de absentismo y de petición de que se les sancione económicamente, los antiguos convergentes han preparado una lista comparativa de la actividad que han desarrollado sus diputados y la que han llevado a cabo los de Ciudadanos.
“Los 32 diputados de Ciudadanos han presentado 13 proposiciones de ley”. “Los 8 diputados del PDeCAT han presentado 19 proposiciones de ley”, sostienen en el grupo de Campuzano. “Cada diputado de Ciudadanos ha presentado 64 preguntas por escrito”. “Los del PDeCAT hemos presentado 149 por diputado”, afirman.
También contrastan que Juan Carlos Girauta, el portavoz del partido, solo ha presentado “dos preguntas” por escrito frente a las 398 presentadas por su homólogo nacionalista catalán. “Cada diputado de Ciudadanos ha hecho una media de 77 intervenciones” mientras los del PDeCAT “han hecho una media de 110”, remarcan también.
Un artículo que debe interpretar la Mesa
El artículo 99 del reglamento del Congreso en su punto 1º especifica que “cuando de forma reiterada o notoria [un/a diputado/a] dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones”, “podrá ser privado de algunos o todos sus derechos”. La decisión de qué tipo de sanción se aplica en cada caso la debe establecer la Mesa del Congreso, consultando a los servicios jurídicos en caso de duda.
En contra de los diputados de ERC y del PDeCAT juega que ellos mismos, según ha denunciado Ciudadanos, se han declarado “en rebeldía institucional” avisando de que iban a dejar de asistir a los plenos y a aquellas comisiones que no resultaran de su interés.
De hecho, desde aquel anuncio que realizaron hace ahora más de un mes, no volvieron a acudir a los Plenos de los martes ni participaron del trabajo de las comisiones parlamentarias. Los independentistas, en cambio, si han asistido a las sesiones de control de los miércoles para preguntar al Gobierno sobre la crisis catalana. También se han presentado a los plenos de los jueves.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, los de Rivera sugieren que se les descuente del salario la parte correspondiente a los días que han faltado. Pero eso también es complicado porque los diputados no tienen el mismo régimen laboral que el de una empresa, pese a que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, comparó la situación con lo que le pasaría a cualquier trabajador si faltara a sus obligaciones en una empresa privada.
A favor de los diputados independentistas cuenta que este mismo martes han decidido volver a la normalidad y acudir a los Plenos pese a que algunos, como Gabriel Rufián, de ERC, anunciaron que dejarían el Congreso una vez que fuera declarada Catalunya como república independiente.
Desde ERC, no obstante, matizan que esas declaraciones que el portavoz del grupo realizó en junio en una entrevista con TV3, fueron recogidas por algunos medios “de manera sesgada”. Rufián dijo textualmente que “cuando gane el 'sí' y el Govern de Catalunya nos lo diga, los diputados de Esquerra Republicana nos vamos a marchar del Congreso. Yo creo que la imagen es muy potente ...”.
Los republicanos han solicitado que se cree una comisión de investigación sobre las cargas policiales del 1-O y han registrado la petición de comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que dé explicaciones en Comisión.
El precedente de HB en 1992
En el Congreso solo se recuerda un precedente de retirada formal de sueldos. Fue en 1992 a los diputados de Herri Batasuma (HB) Jon Idígoras, Itziar Aizpurua, Rafael Díez y Ángel Alcalde, que al no acudir sistemáticamente a su trabajo parlamentario fueron sancionados con un año sin sueldo y sin recibir subvenciones. El año anterior los parlamentarios de HB ya habían sido también privados de sus nóminas en el Senado por el mismo motivo.
Otro caso muy controvertido fue el de Felipe González. El expresidente del Gobierno perdió las elecciones frente a José María Aznar en1996, pero mantuvo su escaño como diputado por Madrid, aunque en aquella legislatura se dejó ver poco por el Congreso, sobre todo después de haber dejado la secretaría general del PSOE en manos de Joaquín Almunia.
Sin embargo, sus ausencias empezaron a ser habituales a partir del año 2000, cuando se presentó por la circunscripción de Sevilla. Según uno de los cronistas parlamentarios de entonces, en los dos primeros años de legislatura González solo había acudido a seis votaciones, mientras seguía percibiendo sueldo, dietas, y todo tipo de complementos y prebendas.
El PP solicitó que fuera sancionado. La Mesa del Congreso no llegó a estudiar su caso y González decidió no volver a presentarse.
Ante esta situación y estos precedentes cabe que los diputados de ERC y del PDeCAT simplemente sean amonestados y que la Mesa del Congreso les advierta que de persistir en su actitud, se tomarían medidas severas contra ellos.
