Una acusación de Gürtel impugna el acuerdo para sacar a Ruz del caso
La oposición a la salida de Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ya tiene forma de recurso de impugnación ante el Consejo General del Poder Judicial. Una de las acusaciones populares en los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas', la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ha decidido recurrir la convocatoria de la plaza que ocupa en la actualidad el magistrado por considerarse directamente perjudicada por el acuerdo adoptado en la Comisión Permanente del CGPJ.
La llegada de otro magistrado al Juzgado de Instrucción número 5 retrasaría “de forma muy significativa” la instrucción de los citados casos de corrupción, asegura el escrito de ADADE, que recuerda al Poder Judicial que si en la actualidad Ruz disfruta de una prórroga en su destino es porque el mismo CGPJ valoró el “excelente trabajo” que estaba desarrollando.
“Ante ello, importantes sectores sociales podrían hacer suyas las palabras del presidente de ese Consejo (Carlos Lesmes) respecto a que la justicia penal está más preparada para enjuiciar a los ”roba gallinas“ que las complejas causas de corrupción”, asegura ADADE en su recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La asociación invoca el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual, las plazas de los jueces que se encuentren cumpliendo servicios especiales podrán ser cubiertas por el suplente tanto tiempo como permanezca el titular en su singular destino. En este caso, Ruz ocupa una plaza propiedad de Miguel Carmona, actualmente destinado como juez de enlace en Londres. De acuerdo al citado artículo, el CGPJ no tendría que haber sacado a concurso la plaza de Ruz hasta que Carmona decidiera volver a la Audiencia Nacional, o hasta que se jubilase, en este caso en febrero de 2016. ADADE alude, por tanto, al mismo artículo que Álvaro Cuesta, el vocal del CGPJ que votó en contra de la decisión mayoritaria de sus compañeros de la Comisión Permanente.
Es poco habitual que una decisión del órgano de gobierno de los jueces sea impugnada por alguien ajeno a la carrera judicial, en este caso por el presidente de ADADE, Javier Ledesma Bartret. La asociación recuerda que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas legitima para recurrir, en su artículo 31, a todos aquellos que“ tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. En este sentido, ADADE se considera directamente perjudicada por el cambio de juez como acusación popular de los casos más relevantes que instruye Ruz en la actualidad.
El recurso de ADADE se suma a otro interpuesto en el mismo seno del Poder Judicial por un grupo de siete vocales que exigieron que la decisión sobre Ruz se debatiera en el Pleno y no en la Comisión Permanente. Desde la renuncia de Mercé Pigem -días antes de la decisión sobre Ruz- la Comisión Permanente -5 vocales más el presidente- ha pasado de tener una mayoría conservadora exigua a otra más holgada. En cualquier caso, la votación sobre el concurso de las plazas ocupadas por jueces en comisión de servicio no arrojó un resultado por bloques, ya que Mar Cabrejas, vocal propuesta por el PSOE, se alineó con Lesmes y los conservadores.
El recurso de ADADE es de alzada, a debatir en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, o subsidiariamente en la Comisión Permanente si se considerase de reposición. Fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces consideran que debe ser el órgano reducido quien analice la impugnación de un acuerdo adoptado por él mismo. De ser así, el recurso de podría ser visto en la próxima reunión de la Comisión Permanente, prevista para el 23 de diciembre. ADADE no pide que se anule el resto de la convocatoria de plazas acordadas en las reuniones del 9 y 12 de diciembre, solo la inclusión en el mismo de la plaza del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Una norma específica contra otra general
El artículo 350 de la LOPJ establece límites temporales para la situación de Ruz, que impediría al juez extenderse al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional más allá del próximo junio. Sin embargo, ADADE afirma que el artículo 355 da solución a una situación concreta más allá de la norma genérica del 350. “Existiendo una norma específica y singular para regular tal situación, es ésta la que debe aplicarse frente a las normas de carácter general sobre las comisiones de servicio”, asegura en su recurso.
Pero aunque el CGPJ primase un artículo sobre otro, ADADE alega que no podría convocarse la plaza de Ruz hasta que no agotara el plazo que acaba en junio. En este sentido, recuerda que si Ruz disfruta en la actualidad de una prórroga es porque el propio Poder Judicial valoró el “excelente trabajo” que estaba desarrollando el juez al frente del Juzgado. Y, sobre todo, un cambio de titular “supondría retrasar de forma muy significativa las instrucciones de causas, entre otras, las seguidas por lo que se conoce como corrupción, pues la simple lectura, y mucho más el estudio por el nuevo titular de miles de folios que se incluyen en las mismas exigiría prorrogar en el tiempo la resolución de dichos procedimientos”.
De este modo, ADADE rechaza la versión del CGPJ de que el magistrado que gane la plaza en el concurso no instruirá los casos relevantes, próximos a su finalización, para los que Ruz pida continuar como juez de refuerzo. Ruz se afana estos días en cerrar las numerosas causas que sigue en su Juzgado, según fuentes próximas al juez, porque sopesa no pedir al CGPJ que le prolongue en tan precaria situación.
ADADE es una de las acusaciones populares más activas en los dos principales casos de corrupción entorno al PP y de las pocas que están personadas tanto en Gürtel como en la investigación de la presunta financiación irregular del PP. La asociación no siempre ha estado de acuerdo con la instrucción realizada por el magistrado. Por ejemplo, Ruz rechazó la solicitud de ADADE de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en la investigación de la financiación irregular del PP. La petición fue realizada después de que Bárcenas declarara en sede judicial que él mismo había entregado 45.000 euros de dinero negro a Rajoy.
El abogado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo llegó a tener un enfrentamiento dialéctico con Ruz durante la declaración de María Dolores de Cospedal como testigo ante las continuas negativas del magistrado a que preguntara por determinadas cuestiones a la secretaria general del PP por considerarlas improcedentes en la causa.
Otras cinco asociaciones que participan en la acusación popular de esta última causa hicieron público un comunicado a raíz de la decisión del CGPJ de sacar a concurso la plaza de Ruz. Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad anunciaron “movilizaciones y actos de protesta” para que trascienda públicamente “cómo han trabajado el PP y sus responsable en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”.
