Una acusación popular pide al juez que cite a quienes custodiaron en el PP los ordenadores de Bárcenas
El Partido Popular ha entregado dos ordenadores portátiles de Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz: uno sin disco duro y otro con un disco duro distinto al que utilizó el extesorero. Según el PP, los discos duros de Bárcenas fueron “destruidos”. Por ello, los abogados de la acusación popular en representación del Observatori DESC reclaman al juez instructor en un escrito presentado en la Audiencia Nacional que pida al PP que “que identifique a las personas que hayan tenido bajo su custodia los mencionados ordenadores, a los técnicos que hayan procedido a realizar los borrados y cambios expuestos en el escrito presentado por dicho partido político y, una vez identificados, sean todos ellos citados a declarar, por ahora, en calidad de testigos para explicar lo sucedido en relación a estas pruebas [...] Ante una investigación criminal, esa información tiene que quedar custodiada en la empresa y a disposición de las autoridades”.
Como se afirma en el escrito de la acusación popular, “difícilmente podrá elaborarse el informe pericial de comparación con los datos que el Sr. Bárcenas aportó a esta instrucción en fecha 15 de julio de 2013 en una memoria USB, tal como se acordó por el Instructor. Con el objeto de cumplir tal fin, resulta imprescindible disponer de los discos duros originales de tales portátiles. Por este motivo, esta acusación interesa que se acuerde requerir al Partido Popular para que se aporten a la instrucción”.
En este sentido, la acusación popular entiende “que, en caso de que no se aporten [los discos duros], o se hubieran destruido como se ha afirmado durante el pasado mes de abril sin haber realizado una copia de seguridad de la información empresarial contenida en ellos, se podría haber incurrido en diversas conductas penales como podrían ser las tipificadas en el artículo 451 [encubrimiento] del Código Penal u otros como el previsto en el artículo 264 [por daños informáticos] del mismo cuerpo normativo”.
“¿Puede cualquier persona, por mucho que pertenezca a un partido político determinado destruir pruebas relevantes para un proceso penal y que esa conducta resulte impune?”, se pregunta la acusación popular en su escrito.
