Aldama se queja de haber tenido que pagar impuestos por su comisión de seis millones del caso Mascarillas
El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.
En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.
Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.
Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.
“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.
Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.
El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.
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