Seis antecedentes en el historial de Fernández Díaz que complican su reelección
Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) ha logrado que la silla de ministro del Interior haya pasado de ser un trampolín para las aspiraciones políticas a centro de continuas polémicas. Lejos quedan aquellos años en los que Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes pusieron, por ese orden, cara a la lucha del Estado contra ETA, al tiempo que se colaban en los primeros puestos de la valoración ciudadana y en la lista de la que José María Aznar escogería a un sucesor. Al final, el expresidente posó su dedo en Rajoy y cuando éste gano, eligió a un amigo personal para la cartera de Interior.
Con ETA derrotada, el puesto de Fernández Díaz dejó de ser tan popular, a lo que el político vallisoletano ha contribuído con polémicas declaraciones durante todo su mandato. El ministro recibió el encargo de apagar el previsible estallido social de una crisis feroz y avivó el incendio con una Ley de Seguridad Ciudadana que puso en su contra a toda la oposición.
Fernández Díaz se centró en Cataluña, su comunidad política de procedencia, y a la amenaza independentista que de allí provenía. Pero el carácter pacífico de la reivindicación excluía de su combate al Ministerio del Interior. Poco importó. Jorge Fernández Díaz pasará a la historia como el ministro que devolvió el término “guerra sucia” a la actualidad. Esta vez no hubo crímenes con políticos o funcionarios públicos implicados. Pero sí recursos humanos y materiales de la seguridad del Estado dedicados a perseguir una opción política sin control judicial, como evidenciaron la grabación de sus conversaciones con el exjefe de la Oficina Antifrau catalana, publicadas cuatro días antes de la última cita electoral.
El titular de Interior ha dicho estos días que tiene ganas de repetir como ministro, aun a sabiendas de que una comisión de investigación del Congreso promete examinar su mandato en los próximos meses. El presidente del Gobierno no le ha prometido nada, ni tampoco le ha comunicado que saldrá de su gabinete, según fuentes al tanto de la situación. Estos son los escollos para que Fernández Díaz repita al frente de la seguridad del Estado. En las próximas horas se conocerá si Rajoy los considera de entidad suficiente.
La guerra sucia
Bajo el mandato de Fernández Díaz, el Cuerpo Nacional de Policía ha dedicado parte de sus recursos a investigar dos opciones políticas, el independentismo catalán y Podemos, sin que hubiera indicios de delito en ninguna de ellas. La excusa para esas investigaciones, evidentemente, no dice eso.
Los casos de corrupción que acorralan a la antigua CiU fueron el pretexto para organizar investigaciones prospectivas. Primero se eligió el objetivo: líderes independentistas y sus entornos personales, y a partir de ahí comenzaron las pesquisas a ver qué salía. El resultado acababa en algunos medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso, pero no en los juzgados.
El caso más importante de corrupción en CiU aún en fase de instrucción, la trama del 3%, es una investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo supervisión de un juzgado de Tarragona, y a resultas de una denuncia de ERC. En nada ha participado el grupo de agentes que Fernández Díaz toleró y fomentó en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para erosionar al soberanismo catalán. Para la posteridad, la cuenta falsa que esos agentes habrían encontrado en Suiza perteneciente al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, una información que publicó El Mundo.
En el último tramo de la legislatura, Fernández Díaz y un grupo de mandos ‘ultras’ puestos al frente de la Policía por el Partido Popular se dirigieron contra Podemos. Esta fijación dejó otro hito: el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un intento por atribuir financiación irregular a Podemos con supuestos hechos de antes de que existiera Podemos. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo destaparon la maniobra, que acabó en bochorno. A pesar de ello, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha atrevido a recuperar parte de su contenido en el mismo debate de investidura de Mariano Rajoy.
La política de la fe
Pocas cuestiones provocan enfrentamientos más enconados en la sociedad española que los que tienen que ver con la moral. En la España aconfesional de 2016, el ministro del Interior no pierde oportunidad para dejar impronta de sus convicciones religiosas en su quehacer diario. eldiario.es desveló en mayo de 2014 que Fernández Díaz utilizaba su coche oficial y su escolta para escaparse al Valle de los Caídos a “meditar”. El ministro no tuvo empacho en practicar su confesión religiosa en el mayor símbolo aún erguido de la represión franquista.
Fernández Díaz ha utilizado las instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior para hacer proselitismo religioso. Así ha concedido medallas al mérito policial a distintas representaciones de la Virgen María. La que otorgó la Policía a la Virgen del Amor de Málaga acabó en la Audiencia Nacional, tribunal que rechazó finalmente el recurso contra esa decisión administrativa.
Con una Guardia Civil de sesgo católico, vinculado a la naturaleza militar del Cuerpo, restaba ‘evangelizar’ al Cuerpo Nacional de Policía. Con Fernández Díaz se ha modificado el homenaje a los caídos en los actos oficiales y ahora se canta ‘La muerte no es el final’. Su comisario de referencia, Eugenio Pino, director operativo de la Policía recientemente jubilado, recibió el aval para militarizar los uniformes (más de 3 millones en insignias), recuperar el saludo marcial y desfilar ante los agentes con el bastón de mando.
El ministro del Interior ha llegado a comparar al aborto con ETA en una rueda de prensa y ha aprovechado los micrófonos que se le acercan como ministro del Interior para criticar el fallo del Tribunal Constitucional que avala la Ley del Matrimonio Homosexual.
El descontento interno
La utilización política de la Policía se ha producido a través de un grupo de mandos, algunos de ellos activos colaboradores del Partido Popular en la oposición, en la que se ha implicado a un pequeño porcentaje de agentes. Las consecuencias han sido un descrédito que es en su seno donde produce mayor malestar.
Un ejemplo es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada en 2005 y puntera en la lucha contra los delitos económicos y la corrupción, que ha sufrido la utilización partidista de la Policía, vía nombramiento de jefes afines al PP y sus ‘cruzadas’. La mayoría de las grandes operaciones contra la corrupción de los últimos tiempos -Púnica, Acuamed, Rodrigo Rato, Mario Conde…- han recaído en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La UDEF depende de la Comisaría General de Policía Judicial. Su máximo responsable ha sido cesado en tres ocasiones desde que Fernández Díaz es ministro del Interior. El último en ser destituido de ese puesto, José Losada, lo fue por no contener las investigaciones contra Ana Mato y otros dirigentes del PP en el caso Gürtel.
Además, la utilización de polémicos mandos como José Manuel Villarejo para las maniobras contra la oposición ha estallado en una guerra entre comisarios que mantiene aún en vilo a Fernández Díaz y su número dos y candidato a sustituirle, Francisco Martínez.
Durante el mandato de Fernández Díaz han sido destituidos o dejaron el cargo una decena de miembros de la cúpula de Interior. El más destacado, Ignacio Ulloa, número dos del departamento, quien decidido marcharse al descubrir los manejos extrajudiciales en el seno del Ministerio, apenas un año después de haber jurado como secretario de Estado de Seguridad.
La reunión con Rato en el Ministerio
En agosto de 2015, El Mundo desveló que Fernández Díaz había recibido en su despacho al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Este se encontraba imputado en tres causas judiciales distintas y en el momento de la reunión ya había sido detenido por la que investiga varios delitos relacionados con sus negocios privados.
El ministro intentó excusar el encuentro en la preocupación de Rato por su seguridad debido a 400 supuestos tuits de amenazas a él y su familia. eldiario.es publicó que la unidad especializada de la Policía abrió y cerró la investigación en pocos días porque no encontró indicio alguno.
La Ley de Seguridad Ciudadana
La eliminación de las faltas del Código Penal, con la intención de desatascar los juzgados, condujo al Gobierno a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana e incluir en ella esas faltas reconvertidas en infracciones administrativas. Interior entregó el desarrollo final de la Ley a un antiguo mando de los antidisturbios y la presentación de su borrador provocó un incendio que aún dura.
La campaña de la oposición y de las organizaciones ciudadanas obligó al gobierno a distintas modificaciones que no sirvieron para desprender el texto del calificativo de Ley Mordaza, una pata más para la represión de la protesta junto a otra reformas como la del Código Penal, según sus detractores.
Exabruptos y torpezas
“Algo tienen que ver, pero no tanto”, dijo el ministro del Interior al hablar de aborto y ETA. O, el matrimonio homosexual “no garantiza la pervivencia de la especie”, soltó otro día. En una ocasión mezcló yihadismo e independentismo catalán al referirse a una fundación cercana a CiU :“A raíz del proceso independentista a mucha de esta gente se la intentaba captar y hacer proselitismo en el seno de esta comunidad”.
Con independencia del perfil radical que dibujan estas afirmaciones, otras en público de Fernández Díaz tuvieron implicaciones más graves. En una entrevista radiofónica, el ministro del Interior adelantó una mañana que iban a llegar “buenas noticias de Francia”, en referencia a la detención del miembro de ETA Juan María Múgica. En otra ocasión ofreció datos de la investigación sobre el secuestro de Publio Cordón que estaban bajo secreto de sumario. El entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez abrió una investigación para determinar si el ministro del Interior había incurrido en revelación de secretos. Al poco, la archivó.
Su primer director de Comunicación, Albert Gimeno, presentó su dimisión después de que la cuenta oficial de Twitter de Interior adelantara una operación de la Guardia Civil contra el denominado ‘frente de makos’ de ETA antes siquiera de que comenzara.
