Catalunya afronta su día D: amenaza de suspensión de la autonomía y de cárcel para los líderes civiles del procés

El 16 de octubre de 2017 también se estudiará en los libros de historia. Como el final de la cuenta atrás que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso al president Carles Puigdemont para que decidiese si sigue adelante con la declaración unilateral de independencia o manda parar. Si la respuesta es afirmativa, por primera vez en 40 años de democracia se aplicará el artículo 155 de la Constitución nada más y nada menos que para suspender la autonomía de una de las tres nacionalidades históricas.

Nunca antes se había invocado una norma que apenas tiene desarrollo en la Carta Magna. En cuatro décadas el 155 solo funcionó como amenaza y su redacción genera dudas incluso entre los catedráticos de Constitucional. Ahora puede servir para destituir a todo un presidente autonómico, Carlos Puigdemont, que además de ser la primera autoridad de Catalunya se ha constituido en símbolo del procés.

Una respuesta no binaria

La penúltima palabra en la crisis institucional más grave que ha vivido España desde el intento de golpe de Estado de 1982 la tiene el propio Puigdemont que debe explicar antes de las diez de la mañana qué quiso decir exactamente el pasado martes con su abstrusa comparecencia en el Parlament. Fuentes del Govern consultadas por eldiario.es apuntan a la posibilidad de que la respuesta no sea binaria -un sí o un no-, tal y como exige Rajoy. En ese sentido, señalan que Puigdemont insistirá en el valor del resultado del referéndum, pero que a la vez defenderá la necesidad de diálogo, el motivo que le llevó a dejar en suspenso la declaración de independencia.

El president vive en medio de una tormenta perfecta que ha abierto grietas en el bloque soberanista. La presión le llega en todas las direcciones. Algunas, a la puerta de casa, como la que este mismo sábado organizó el colectivo Girona Vota y que concentró a 2000 personas en la ciudad del president para exigirle que no dé “ningún paso atrás”.

La Cup pide que el Parlament vote la República

Los anticapitalistas de la CUP también han advertido a Puigdemont que abandonarán la Cámara si no se proclama la República. Como casi siempre, han ido un poco más allá, han solicitado un Pleno esta semana para que lo haga el Parlament si Puigdemont no se atreve. Lo explicó gráficamente esta semana un dirigente de la CUP a eldiario.es: “No son tiempos para debates autonomistas ni para ir al escaño a debatir de agricultura”.

Desde Esquerra también piden seguir adelante con el plan previsto. Pero el número dos del Govern, Oriol Junqueras, pide unidad de acción a los soberanistas y mantener la confianza en Puigdemont: “El Govern está haciendo la República”. El  presidente de la Generalitat evita explicar cómo. En el homenaje a Lluís Companys celebrado este domingo pronunció unas palabras que no dan pistas sobre su decisión: “En el Govern queremos reiterar nuestro compromiso con la democracia y la paz, como inspiradores de la decisión que tenemos que tomar”.

La Assemblea Nacional Catalana también apremia para seguir con la hoja de ruta, aunque la unanimidad dentro también se resquebraja. Su vicepresidenta, Natalia Esteve, dimitió este fin de semana. Oficialmente, por razones personales.

Llamamiento de Zapatero

Desde el Gobierno de España, entretanto, se recuerda que el reloj del Palau sigue corriendo. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ha asegurado en las últimas horas que el lunes se verá “el amor a Catalunya” de Puigdemont. Incluso el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento para que rectifique. “Que no es rendirse”, advirtió en un acto de las Juventudes socialistas de Castilla y León.

Y fuentes del Ejecutivo sostienen que la respuesta -en caso de que el president no renuncie a la independencia este lunes- está lista y conllevará “medidas quirúrgicas”. Ese adjetivo es también el que utilizó el PSOE para garantizar su apoyo a las decisiones de Mariano Rajoy. Los socialistas están dispuestos a apoyar la aplicación del 155 pero sin sobreactuaciones, como las que defiende el líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, partidario de “replantear” de paso el sistema educativo catalán y el papel de los Mossos d'Esquadra.

Lo que ha trascendido de las negociaciones de las últimas semanas evidencia que la respuesta al desafío catalán Rajoy prefiere pactarla con el PSOE para dar a entender que no hay fisuras entre los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde 1982, dejar a Ciudadanos el papel de acompañantes necesarios y relegar a Podemos por su posición ambivalente.

Control desde Madrid de hasta cinco consellerías

Aunque el plan no está cerrado y puede variar en función de los próximos acontecimientos, en Moncloa defienden que de los 13 departamentos del Govern catalán solo sería necesario intervenir en un máximo de cinco y con diferente grado.

El bisturí entraría con toda seguridad en el departamento de Interior de la Generalitat puesto que según el Gobierno “tras la actuación de los Mossos el 1 de octubre se rompió la confianza y la certeza de que obedecerán las órdenes que les lleguen, ya sean de jueces o de otros mandos”. También se intervendría la conselleria de Justicia para evitar “la fuerte presión que sufren los jueces y fiscales por parte del independentismo” y que se traducen en que la propia ley de transitoriedad les obliga a ponerse a las órdenes del sistema catalán o dejar de ejercer. Otro departamento clave que el Gobierno del Estado pretende asumir es el de Territori i Sostenibilitat “con el objetivo de evitar que se paralicen determinadas infraestructuras necesarias para el funcionamiento del país”.  El objetivo del gabinete que preside Rajoy es aparentar normalidad en la calle, pese a la excepcionalidad que implican las medidas que está barajando: “En el normal funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat no tendría que haber ninguna afectación, todo seguiría igual”.

Además de estas tres consellerías el Gobierno sopesa la viabilidad de intervenir otras dos pero las mismas fuentes admiten las dificultades que implicaría hacerse con el control de la Vicepresidencia de la que dependen Economía y Hacienda, que ahora ocupa Oriol Junqueras, y además recuerdan que el Ministerio que preside Cristóbal Montoro ya tiene en su mano la fiscalización de los mecanismos de pago de la Generalitat desde hace semanas. 

Y en el fondo de todo está la decisión de si se destituye a Puigdemont que este domingo ha vuelto a poner como ejemplo de dignidad a Lluís Companys, el presidente que proclamó la República catalana en 1934 y que fue detenido solo unas horas después. Fuentes de Moncloa confirman que es una posibilidad más que está sobre la mesa.

El Ejecutivo, que ha admitido ya que las cargas policiales del 1 de octubre y su repercusión en la prensa internacional fueron un error ni siquiera descarta que puedan producirse “problemas similares” si tras aplicar el 155 algún dirigente del Govern “decidiese utilizar a los ciudadanos para que no se cumpla la Ley”. “Esperamos que esas imágenes no se repitan, pero la ley debe cumplirse”, asegura una persona del entorno de Moncloa a eldiario.es.

El balón está en el tejado de la Generalitat, insiste el Gobierno“, que subraya que la solución a esta crisis debería pasar por unas nuevas elecciones autonómicas que renueven el escenario político catalán.

Pero también ahí dependería mucho de cómo se convocasen. Si la disolución del Parlament parte de una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, los partidos del bloque soberanista amenazan con no participar en esos comicios.

La otra alternativa, la del diálogo, pasaría por la comisión de reforma de la Constitución que el Psoe ha planteado en el Congreso. Pero ni el independentismo ni el Gobierno central han mostrado demasiado entusiasmo. El Govern insiste en que su objetivo es la independencia, no un nuevo marco constitucional y en el gabinete de Mariano Rajoy dan por hecho que  “ni Puigdemont ni Junqueras son ya interlocutores válidos ya que han rebasado la Ley”. “Otra cosa es que vengan al Congreso, que deberían, a explicar sus planes para que se debatan y se pueda constatar su viabilidad”, afirma una fuente a eldiario.es.

Cita en la Audiencia Nacional

Este lunes también está escrito en rojo en el calendario porque están citados a primera hora en la Audiencia Nacional los líderes de las plataformas civiles, Jordi Cuixart, de Òmnium y Jordi Sànchez de la Assemblea Nacional Catalana, que agitaron la movilización independentista en la calle, y el major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, erigido en una especie de héroe entre determinados sectores soberanistas. Los tres están acusados de sedición y ya se sentaron ante el mismo tribunal hace unas semanas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió medidas cautelares entonces y está por ver si lo hace este lunes coincidiendo con el fin del ultimátum de Rajoy.

Mientras el Gobierno de Rajoy se esfuerza en defender que el político y el judicial son planos separados en este conflicto, los dirigentes independentistas dan por hecho que la Fiscalía “es parte del aparato del PP y actuará según le convenga al poder Ejecutivo”.