Los auditores advirtieron en tres informes de las irregularidades del Canal en Latinoamérica
Un informe de Garrigues y dos de Cuatrecasas alertaron de que el Canal de Isabel II estaba cometiendo irregularidades en sus negocios de latinoamérica. Entre 2001 y 2009 estos despachos de abogados enviaron documentación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la vicepresidente, Ignacio González, de que la empresa pública estaba comprando sociedades por un importe que superaba con creces su valor real.
Así lo publica este jueves OK Diario, que desgrana los informes sobre la compra de Inassa en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. González confesó las irregularidades de esa operación al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en una conversación incorporada al sumario del caso Lezo. Presumió de haber tapado el “muerto” heredado de Gallardón.
El expresidente madrileño asegura que Gallardón compró por 100 millones de euros una empresa que no valía ni 30 y que lo hizo saltándose el acuerdo del Consejo de Gobierno, que según González, facultaba a comprar una empresa en Colombia y la que adquirieron estaba en Panamá. En esa charla, cuando González ya sabía que se le estaba investigando por las operaciones de su época del Canal de Isabel II, el presidente madrileño presume de haber soterrado “el escandalazo” de Gallardón.
Esa empresa es Inassa. Cuando se produjo la adquisición, Garrigues desaconsejó la operación porque tenía que hacerse mediante una offshore radicada en Panamá. El proceso es similar al que se siguió años más tarde para la compra de Emissao. Para la compra se constituyó la compañía Extensia, que compró por 73 millones de dólares una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América (SAA), para adquirir indirectamente Inassa.
Uno de los informes de Cuatrecasas elaborado y enviado a los responsables de la Comunidad de Madrid se basaba en otro anterior de Garrigues de 2001, que ya desaconsejaba la compra por las implicaciones fiscales que suponía hacerlo a través de Panamá.
El despacho Cuatrecasas certificó más tarde que esa operación había sido lesiva para los intereses de la empresa pública. Además, señalan que su análisis ha descubierto “la existencia de una serie de circunstancias que llaman la atención y que merecen, al menos, la calificación de inhabituales, cuando no de irregularidades”.
Entre ellas citan que la valoración de la empresa se disparase enormemente en apenas unos años, o que los contratos ganados por Inassa no estaban completamente asegurados. “Las condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador”, concluyen.
