La brecha cultural se ensancha en el Congreso

Ocurrió hace una semana y puede suponer un antes y un después en la relación entre los grupos mayoritarios del Congreso en esta legislatura. El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero se plantó frente al ministro de Justicia, que ya ocupaba su escaño en el hemiciclo, para exigirle que tramite el indulto de su compañero de militancia Andrés Bódalo, encarcelado por una sentencia firme del Tribunal Supremo. La protesta se produjo segundos antes de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ocupara su lugar.

La sesión no había comenzado por lo que no está claro cómo se puede apercibir a Cañamero por su comportamiento. Una decisión que la Mesa ha pospuesto ante la falta de una unanimidad que no se va a alcanzar. Más allá del posible apercibimiento que el órgano de gobierno de la Cámara pueda determinar, el episodio ha servido para trazar una raya en el suelo que divide en dos a los 350 representantes de la soberanía nacional.

“Hay un ánimo general de hartazgo”, aseguran fuentes parlamentarias en alusión a Unidos Podemos y las escenificaciones que se producen en las sesiones parlamentarias. Desde el grupo confederal responden que es una forma de intentar desgastarles toda vez que la resolución de Vistalegre 2, opinan, ha permitido que su maquinaria funcione cada vez de forma más engrasada.

El gesto de Cañamero no es esencialmente distinto al de otros que se han producido en el Congreso. No solo en esta legislatura. Pero el carácter individual y el señalamiento de una persona del Gobierno en concreto, Rafael Catalá, han motivado la reacción de PP, PSOE y Ciudadanos.

“Tiene que haber un mínimo nivel”, reiteran las mismas fuentes parlamentarias. “No es una cuestión de reglamento, hay una mayoría de la Cámara que no le gusta nada lo que está pasando”, insisten. Se trata del “decoro”, del buen gusto. “Si no hay moderación en lo que se dice y cómo se dice, da igual el reglamento”, abundan. Y zanjan: “Nadie intimida a nadie sin que tenga repercusión”.

Las medidas contra Cañamero no saldrán por unanimidad, como quiere la presidenta del Congreso. Es la fórmula óptima para dotar de la máxima legitimidad a una decisión ante un hecho que no tiene precedentes: amonestar a un diputado por un hecho que formalmente se ha producido en el pleno pero sin que este hubiera arrancado.

Fuentes de Unidos Podemos-En Comú-En Marea confirman a eldiario.es que el respaldo a su diputado, si se aprueba cualquier tipo de sanción o incluso apercibimiento, será total.

La brecha cultural que se abrió en enero de 2016 en una institución acostumbrada a la homogeneidad no ha hecho más que consolidarse y, en las últimas semanas, ensancharse. Las imágenes de los diputados del grupo confederal prometiendo la Constitución en pie y con una apostilla que conminaba a cambiar la Carta Magna provocaron una bronca el 13 de enero del año pasado. Pero en la Cámara se interpretó como un gesto entre exótico y adanista. Como la indumentaria de los nuevos diputados, las rastas de algunos representantes, el beso en la boca entre dos portavoces o la presencia de un bebé en la primeras filas del hemiciclo durante una de las sesiones solemnes de las Cortes Generales.

Catorce meses después, elecciones e investidura de Mariano Rajoy mediante, los diputados más clásicos parecen haber comprendido que la escenificaciones no eran una cuestión puntual o de grupos minoritarios ansiosos por captar la atención de las cámaras de televisión durante unos segundos, sino todo un planteamiento político que entiende el Congreso como un nodo más del activismo social, quizá el más relevante por su capacidad legislativa.

El planteamiento tampoco es unánime en Unidos Podemos, en el Congreso, ni en su matriz, el partido que dirige Pablo Iglesias, o en el universo político articulado a su alrededor. Se pudo apreciar recientemente en el relevo al frente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Una decisión con la que Manuela Carmena marca la línea de “lo culturalmente respetable” en una candidatura “enraizada en el activismo”.

En el grupo confederal son conscientes de que un exceso de gestos puede llevar a la teatralización o la espectacularización de la política. Esa tendencia ha sido criticada en reiteradas ocasiones por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Y es un temor siempre presente en las múltiples declaraciones y comparecencias del exportavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón.

Tras lo ocurrido entre Cañamero y Catalá el pasado miércoles, la presidenta del Congreso y la portavoz del grupo, Irene Montero, se reunieron. Las fuentes consultadas no coinciden en quién tuvo la iniciativa de la cita. Tampoco en su contenido. Desde Unidos Podemos aseguran que comunicaron a la presidenta que habían hablado con su diputado sobre lo ocurrido, pero que se quejaron del “trato desigual” que reciben en relación a los representantes del PP que, dicen, “insultan” a los diputados de Unidos Podemos. Fuentes parlamentarias explican que la representante del grupo confederal reconoció que lo ocurrido no es lo que más les interesa.

Este debate sí se está produciendo en el seno del grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea. Ya pasó en el debate previo a Vistalegre 2. Qué gestos logran la repercusión que buscan sin ocultar el fondo de la protesta y cuáles sirven para desviar la atención de lo que se intenta denunciar. En este lado de la balanza algunos destacados miembros del grupo sitúan la acción unilateral de Cañamero. En el otro, el plantón al presidente argentino, Mauricio Macri, o la decisión de no aplaudir el discurso del jefe del Estado durante la apertura solemne de la legislatura.

En Unidos Podemos, sin embargo, mantienen que la elección del gesto de Cañamero como bandera por parte de PP, PSOE y Ciudadanos esconde dos intenciones. Primero, señalar a un diputado cuyo historial hace fácil ponerle la vitola de violento. El diputado ha sido líder del sindicato agrario andaluz SAT y tiene abiertas causas por ocupaciones de tierras para reclamar que se permita su cultivo a jornaleros sin recursos.

Este mismo martes, el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusó a Pablo Iglesias de tener “una relación extraña con la violencia”. Hernando fue protagonista hace 12 años de un duro enfrentamiento con Alfredo Pérez-Rubalcaba en dependencias del Congreso que estuvo a punto de acabar con ambos a bofetones.

Pero el motivo real, alegan desde Unidos Podemos-En Comú-En Marea, es la clarificación que se ha producido en el seno del grupo y de su principal componente, Podemos, tras Vistalegre 2. Más allá de las diferencias sobre la línea política, la II Asamblea Ciudadana del partido liderado por Iglesias ha permitido poner fin a una suerte de interinidad que condicionaba el trabajo parlamentario.

Las posiciones, aseguran estas fuentes, son ahora más firmes. La coordinación de los trabajos parlamentarios es mucho mejor. La comunicación, más fluida. Ya no se producen puenteos y las negociadoras, con Irene Montero a la cabeza, son más duras.

Por eso, concluyen las mismas fuentes, se ha producido una llamada a rebato por parte del Gobierno y del PP, que se han movilizado y accionado sus resortes para desviar la atención del fondo a las formas.

“Lo que ataca al decoro parlamentario es la presencia de un partido investigado por corrupción. Que el ministro de Justicia termine en la fiesta de cumpleaños de un condenado por fraude fiscal. O un mentiroso como el señor Soria, que tenía sociedades en paraísos fiscales”, respondió Pablo Iglesias al terminar el pleno este martes cerca de la 20.00.

“Siento un enorme decepción por el papel que está desempeñando la presidenta del Congreso”, dijo el líder de Podemos. “Es la tercera autoridad del Estado. Entiendo que tenga sus aspiraciones políticas para suceder a Rajoy. Pero tiene que actuar de manera neutral, no al servicio de la bancada del PP”.

Las diferencias culturales, por mucho que se utilicen como arma política, existen. Y no siempre son complementarias.