El PP asume las exigencias de Europa sobre desahucios pero rechaza la dación en pago
EL PP ha registrado este martes en el Congreso un bloque de enmiendas a la ILP sobre desahucios y a la reforma de la Ley Hipotecaria muchas de las cuales habían sido ya presentadas anteriormente. Entre ellas destaca que los afectados por los desahucios podrán oponerse a su ejecución si las cláusulas firmadas en la hipoteca se demuestran abusivas, en cuyo caso el juez deberá acordar o el sobreseimiento del desahucio o la continuidad del proceso sin aplicar dicha cláusula al cálculo de la deuda. El PP, sin embargo, sigue rechazando de plano la dación en pago con carácter retroactivo y universal, una de las tres exigencias indiscutibles de la PAH.
Los populares, que llevan varios días enzarzados en un cruce de acusaciones con los activistas de la PAH por su campaña de 'presión' a los diputados para que admitan sus demandas, apuraron al límite el plazo previsto para registrar sus enmiendas, las ocho de la noche de este martes, casi víspera de las vacaciones de Semana Santa.
En ellas, el PP defiende como causa de paralización de un desahucio “el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”. Esta causa se añadirá a las tres que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil por las que el ejecutado puede alegar para oponerse al desahucio, que son 1) la cancelación de la hipoteca, 2), la cancelación de la garantía y 3) la existencia de errores en la determinación de la cantidad exigible.
En otra de las enmiendas los populares también piden que el trámite de desahucio únicamente pueda iniciarse cuando el afectado deje sin cumplir al menos tres pagos o tres mensualidades del crédito.
La PAH en su iniciativa popular, avalada por cerca de un millón y medio de firmas, además de la dación en pago con carácter retroactivo y universal, exige la paralización de todos los desahucios hasta que haya cambios efectivos en las leyes españolas, y la creación de un amplio parque de alquiler social para las familias desalojadas de sus casas o sin recursos. Este último punto si es aceptado por el PP que “encomienda al Gobierno con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo tendrá como objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban”
El PSOE y la Izquierda Plural, por el contrario, apoyan y hacen suyos los tres puntos considerados “mínimos” por la Plataforma y los complementan con nuevas enmiendas.
Los socialistas han registrado una enmienda en la que piden que a partir de haber pagado el 75% de la vivienda, se garantice que el deudor no la pierda y pueda continuar en ella, en lugar de que sea subastada, pagando una cantidad equivalente al 30% de los ingresos familiares para saldar la deuda. “Esta enmienda evitará que el banco pueda beneficiarse de la situación de insolvencia de aquellos que ya han hecho frente al mayor parte del pago de su hipoteca”, aseguran.
Añade otra enmienda, basada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, para que el juez pueda suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución si existen cláusulas abusivas. Se incluyen entre los beneficiarios a otros colectivos, como los avalistas y los locales de los autónomos que pusieron éstos como garantía de su hipoteca
CiU, por su parte, ha renunciado a presentar enmiendas a la ILP y lo ha justificado como “una muestra de respeto a la voluntad popular” y para no hacer “trampas legislativas” ya que considera que la sentencia europea sobre desahucios ha dejado marcado el camino a la legislación española.
Cumplido el trámite de la presentación de enmiendas, ahora se convocará la ponencia para aunar la ILP al decreto ley que presentó el Gobierno.
La Plataforma no ha querido esperar a ver el desenlace de tanto trámite parlamentario y basándose en la sentencia del tribunal europeo, ha iniciado este martes una campaña con la presentación de centenares de escritos en los juzgados de toda España para pedir la anulación de todos los procesos de desahucios.
