Cinco claves del anuncio del colectivo de presos de ETA

ETA es hoy sus presos. Con apenas una quincena de militantes clandestinos ocultándose en Francia, los alrededor de 600 presos constituyen el principal capital de la organización. Se hace impensable, por tanto, que ETA se plantee su disolución sin haber dejado resuelto el futuro de sus reclusos. En abril de 2012, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, según sus siglas en euskera) nombró al frente del mismo a internos del peso de Mikel Albisu, ‘Antza’, o Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, que ha ejercido en esta ocasión de portavoz. Fue una clara señal de cuál era la prioridad de ETA en el proceso, una vez había renunciado cinco meses antes a la autodeterminación como condición para abandonar la violencia.

Arranca la reinserción. Aunque el EPPK se cuide de evitar el término “reinserción” en su comunicado, dos son las condiciones esenciales para que los presos de ETA puedan acceder a los beneficios penitenciarios que marca la ley: apartarse de la organización y reconocer el daño causado. Mientras los dirigentes de Batasuna se han disculpado en varias ocasiones por cómo sus posicionamientos públicos incidieron en el dolor de las víctimas de ETA, los presos se mostraban inflexibles.

Este sábado, su portavoz ha dicho: “Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto”. Esta declaración no contentará a muchas víctimas de la violencia de ETA, pero supone una evolución radical en los posicionamientos del colectivo. El EPPK, sin embargo, nunca abjurará de ETA. Eso supondría dejar de ser “presos políticos” y reconocer que están en la cárcel como cualquier otro delincuente. Sin embargo, ¿es necesario apartarse de una organización que ya no practica la violencia y que reitera que nunca más lo hará?

Decisión colectiva, salida individual. O lo que es lo mismo: entre todos decidimos que cada uno inicie el camino individual de la reinserción, como obliga la ley. ¿Por qué esta fórmula? Para seguir siendo “presos políticos”, las decisiones se deben adoptar dentro del colectivo al que pertenecen, según su razonamiento. En realidad, con la consigna de asumir la legalidad del Estado español, ETA traspasa una línea roja de 40 años. Los presos que en el pasado iniciaron una reflexión individual, se apartaron de la violencia y acataron las exigencias de la ley fueron repudiados por ETA y el resto del colectivo. Como principal ejemplo, los miembros de la ‘vía Nanclares’, condenados al ostracismo incluso cuando ETA renunció a la violencia. Fue la propia Batasuna quien se negó a incorporarlos al Acuerdo de Gernika.

Sortu supera el último escollo. La decisión que este sábado ha dado a conocer el EPPK es fruto de un intenso debate, pero también de una soterrada guerra interna en la izquierda abertzale. Batasuna logró arrastrar a los presos a las vías políticas en lo que supuso el penúltimo escalón antes del anuncio de final definitivo de ETA. Pero aquella declaración escondía relevantes reticencias. Batasuna no terminaba de imponer sus tesis en el colectivo.

Desde que comenzó el proceso, la prioridad de sus dirigentes ha sido evitar un cisma interno. A este motivo hay que sumar la existencia de un grupo, el mismo que antes imponía la ortodoxia de ETA al colectivo, que seguía maniobrando para influir en las decisiones de los presos. Los dirigentes de Sortu dejaban caer tímidamente que si ellos habían acatado la legalidad en los estatutos de Sortu, por qué no lo podía hacer el colectivo de encarcelados. Incluso el abogado Iñigo Iruin, redactor de aquellos estatutos, llegó a trabajar en un documento para que los presos solicitaran acogerse a la reinserción. De eso hace ya un año.

El futuro. Previsiblemente, los presos comenzarán en breve a dirigirse formalmente a la Administración penitenciaria firmando de su puño y letra lo que el colectivo ha hecho público con este comunicado. La pelota, por tanto, estará en el tejado del Gobierno. Con cartas menos contundentes, el Ejecutivo socialista acercó presos a Euskadi y los incluyó en la ‘vía Nanclares’. Estos reclusos, siempre que hubieran cumplido los periodos de condena necesarios que recoge la ley, empezaron a disfrutar de permisos e incluso del tercer grado –solo acudían a dormir a prisión-, como paso previo a la libertad condicional.

El Partido Popular siempre podrá alegar que el reconocimiento del daño causado no es una petición de perdón o que los presos se niegan a delatar a otros militantes y, por tanto, no cumplen la condición de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de atentados cometidos en el pasado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha limitado hasta ahora a ofrecer un acercamiento a Euskadi cuando la banda se disuelva. Y ETA no se disolverá hasta que no deje encaminado el futuro de sus presos. La aplicación de la legislación penitenciaria a los internos de ETA permitiría que la gran mayoría pudiera acogerse a algún beneficio. Solo un centenar de ellos, condenados por delitos graves en los últimos años, vería aún lejana cualquier posibilidad de acceder a ellos.