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Dos constructoras de los papeles de Bárcenas entregaron 4,8 millones en comisiones a Pujol Ferrusola

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola en una imagen de archivo de 1997 / Foto: Toni Garriga (EFE)

Pedro Águeda

De confirmarse las sospechas de la Policía, Jordi Pujol Ferrusola y el Partido Popular compartieron “donantes”. El hijo del expresident facturó a lo largo de cinco años al menos 3,3 millones de euros a una constructora, el grupo Copisa, que figura en los papeles de Bárcenas como aportadora irregular de fondos para la formación que lidera Mariano Rajoy.

Según un informe de la UDEF incorporado a la causa contra el primogénito de los Pujol, Copisa es la más generosa de las 17 empresas que investiga el juez Pablo Ruz por haber financiado la lujosa vida de Jordi Pujol Ferrusola. En unión con FCC, otra de las constructoras que aparece en los papeles de Bárcenas, Copisa habría abonado otro millón y medio de euros adicional a Pujol Ferrusola.

En febrero de este año, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que ordenaba al Grupo 24 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF investigar a una serie de empresas que “directa o indirectamente, declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Catalunya”. Copisa es una gran constructora a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas entre 2005 y 2010. Según el informe de la UDEF, al que tuvo acceso eldiario.es, el hijo mayor de Pujol cobraba a cambio de “únicamente dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.

Los investigadores no han logrado de Copisa correos electrónicos o cualquier otro documento que permita conocer en qué consistía el trabajo de Pujol Ferrusola para el grupo. Y no solo eso: los responsables de la empresa aseguran que él primero realizaba la gestión y luego discutían cuánto iba a cobrar por ella. El fraude es tan evidente que el inspector que firma el informe ironiza: “La simple observación de las facturas arroja como conclusión inherente que Jordi Pujol Ferrusola sería un experto en diferentes materias”, tales como la intermediación inmobiliaria por toda España, las refinerías petrolíferas, las plantas fotovoltaicas, la bolsa y la explotación de clubes de golf.

Los responsables de Copisa defendieron ante los agentes los trabajos de asesoría, como ante el juez Pablo Ruz habían negado antes su participación en la financiacion irregular del PP. Sin embargo, Luis Bárcenas anotó en sus papeles que la empresa había donado 100.000 euros en marzo de 2003 y otros 100.000 en mayo, días antes de las elecciones autonómicas.

La caja B del PP registra otros dos pagos de Copisa en 2008, de 36.000 y 18.000 euros, en enero y junio, respectivamente. Ese año, las elecciones generales se celebraron en mayo. En total, 254.000 euros en negro para el partido de Rajoy. Un informe de la UDEF de mayo de 2013 cifra en 76,97 millones de euros las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PP en toda España al grupo constructor.

Jordi Pujol Ferrusola y su expareja están imputados, por el momento, por fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Aunque la Policía habla en sus informes de fondos procedentes de la “corrupción política”, el juez Ruz no aprecia aún indicios para ampliar la panoplia de delitos.

La tesis policial es que Pujol Ferrusola cobraba mordidas a empresas adjudicatarias de la Generalitat y administraba los beneficios que se repartía todo el clan Pujol. Incluso en ese caso, habría que demostrar que parte de ese dinero hubiera ido a parar a CDC para establecer mayores paralelismos con el ‘caso Bárcenas’.

Como ocurre con el PP, sin embargo, la Policía choca con la dificultad de demostrar que las donaciones -en este caso, comisiones- tienen carácter finalista. “Evidentemente, la conexión directa de esa adjudicación concreta con las plusvalías gestadas no es posible, porque no existen documentos de cualquier orden que así lo indiquen, y que carece de sentido requerir”, dice la UDEF en el informe sobre Pujol.

“Variopintos negocios”

Con todo, Copisa no es el único nombre que enlaza uno y otro caso. El informe de junio de la UDEF sobre el hijo de Pujol afirma que la adjudicación de la Gran Vía de Hospitalet a una UTE formada por Copisa y FCC le pudo suponer otro millón y medio de euros. Sin especificar cuánto habría aportado cada empresa, la Policía menciona tres pagos en 2007.

La adjudicación se produjo en tiempos de Felip Puig como consejero de Ordenación Territorial. Su hermano Josep, dice la Policía, es amigo de Pujol Ferrusola y ambos han desarrollado “variopintos negocios”.

FCC es otra de las grandes constructoras del país, que entre 2002 y 2008 donó al PP de forma irregular 195.050,61 euros y hasta 2012 facturó 4.132 millones de euros de administraciones controladas por el Partido Popular. Su expresidente, José Mayor Oreja, hermano del que fue ministro del Interior, declaró ante Ruz como imputado.

Y otro nombre más: Luis Delso. La empresa que preside, Isolux Corsán, no figura como donante del PP en los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el nombre de Delso salió a relucir en la declaración del extesorero del PP ante el Tribunal Supremo en julio de 2009, en el marco del caso Gürtel. Bárcenas dijo entonces que la denominación 'Luis el Cabrón', que aparecía en la contabilidad B de la formación, y al que se señalaba como receptor de 72.000 euros, era en realidad Luis Delso, algo que el presidente de Isolux ha negado reiteradamente.

El informe de la UDEF sobre Pujol Ferrusola dice que Delso y él tienen “una relación de afinidad muy cercana”. “Cuando inicialmente se procedió a requerir al grupo Isolux para que informara de la naturaleza de los servicios recibidos, y documentaran de forma acreditativa sus relaciones con sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, olvidaron incluir en su respuesta, relaciones comerciales ascendentes a 1.276.000 euros”.

Ruz investiga un proyecto inmobiliario en México de Isolux en el que participó Jordi Pujol. La empresa y el hijo del expresident “no han sido capaces de entregar ni un solo documento que diera fe de esos trabajos”, dice el informe policial.

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