Cotino: entre crucifijos y presuntas corruptelas
Corría el mes de julio de 2006 y Juan Cotino, conseller valenciano de Agricultura, estaba realmente muy ocupado. Su jefe y amigo, el presidente Francisco Camps, le había encargado la organización de la visita del Papa a la ciudad. Era una tarea importante, porque este era el primero de los grandes eventos que Camps planeaba para “colocar Valencia en el mapa”, según voceó hasta la saciedad el PP durante los años de bonanza económica. Pese a ello, Cotino tuvo que apretar todavía más su agenda, porque cinco días antes de la llegada del Pontífice se produjo el mayor accidente de metro de la historia de España, con 43 muertos y 47 heridos. Fue precisamente en Valencia, y precisamente en la red de suburbano gestionada por la Generalitat. La tragedia amenazaba con oscurecer el discurso triunfalista de Camps. Así que el presidente volvió a tirar de su hombre de confianza y Cotino se convirtió, también, en el coordinador de la atención a las víctimas del siniestro.
Así las cosas, el conseller concentró dos tareas: conseguir que la visita del Papa brillara en los medios de comunicación en medio de un ambiente de alegría, al mismo tiempo que coordinaba la atención para decenas de familias destrozadas por un accidente en un servicio público. El doble encargo obligó a Cotino a desplegar todas sus habilidades, adquiridas en toda una carrera política desde sus comienzos como edil de UCD en su pueblo, Xirivella, hasta la titularidad de varias consellerias en el gobierno valenciano, pasando por el puesto de director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar.
Entre la visita del Papa y el “accidente diabólico”
Fue probablemente gracias a su experiencia que consiguió dar una imagen de preocupación por las víctimas pese a que los actos del evento religioso se mantuvieron sin variaciones durante los días siguientes al siniestro. Cotino compensó esta aparente indiferencia con varios gestos de gran impacto mediático, como una breve visita del Papa a los familiares de los muertos y heridos. El propio conseller la describió años después en un artículo para una revista católica en el que hablaba de “un momento muy emotivo y difícil” y calificaba el siniestro de “accidente diabólico”.
Al mismo tiempo, el conseller desplegó otro tipo de actividades en un ámbito mucho más privado. Según han contado años después las víctimas, Cotino se paseó por los tanatorios, proporcionó su número de teléfono personal a varias familias y se ofreció para resolverles cualquier problema. Posteriormente, siempre según el relato de los afectados, el político contactó con algunos de ellos y les ofreció trabajo. Acto seguido, les preguntó cuál era su intención en la instrucción judicial sobre el accidente. Las víctimas interpretaron este gesto como un intento de comprar su silencio. Aseguran, además, que Cotino estaba bien informado y sabía cuáles eran las carreras universitarias que los posibles beneficiarios de los empleos habían cursado.
Juan Cotino cumplió con la doble tarea que Camps le había encomendado: la visita papal salió bien y las siguientes elecciones autonómicas, celebradas menos de un año después, parecieron demostrar que la sociedad valenciana no se había indignado por el trato dispensado a las víctimas del accidente. El conseller, sin embargo, no previó la abultada factura que el asunto terminaría pasándole. No pudo imaginar que casi siete años después, en abril de 2013, las víctimas iban a contarlo todo acerca de esos presuntos intentos de comprar su silencio. Que un grupo de periodistas valencianos iba a recogerlo en un documental llamado “0 responsables”. Que un programa de ámbito nacional, Salvados, iba a dedicarle al tema 45 minutos en horario de máxima audiencia. Y que en ese mismo espacio televisivo, él iba a verse obligado a huir de las insistentes preguntas de un periodista sobre aquel lejano accidente, mientras un grupo de ciudadanos le exigía respuestas a grito pelado, en plena calle.
Entre la religión y las supuestas corruptelas
El asunto ha convertido a Juan Cotino en uno de los protagonistas de las redes sociales en los últimos días y en un personaje conocido en todo el país. Pero esta no es la única sombra en su biografía. El actual presidente de Les Corts Valencianes -nombrado por Camps semanas antes de su dimisión- es un hombre que acumula en su haber variadas y numerosas polémicas. La más agria tiene que ver con los negocios de su familia, englobados en el grupo Sedesa. Bajo el mando de su sobrino, Vicente Cotino, la compañía habría financiado ilegalmente al PP valenciano, según un informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales fechado en julio de 2009. El documento narra cómo Sedesa habría pagado actos del partido. El dinero habría ido a parar a una cuenta oculta al fisco a nombre de las empresas de la trama Gürtel. El escrito policial detalla que en los mismos años en los que la compañía pagaba presuntamente gastos electorales del PP, las administraciones dirigidas por este mismo partido adjudicaron a Sedesa contratos públicos millonarios que le reportaron, solo entre 2007 y 2009, ingresos de 539 millones de euros.
El sobrino del exconseller era, además, amigo íntimo de varios implicados en la presunta maquinaria delictiva que diría Francisco Correa, como Álvaro Pérez, “el Bigotes”. La relación era tan íntima que Vicente Cotino utilizó su avión privado para transportar a varios de ellos a una fiesta en Marrakech, según desveló el diario Levante. Como consecuencia de todo ello, este familiar del político valenciano está imputado en una causa judicial sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia autonómico. Sedesa aparece, además, en las anotaciones con las que, según publicó El País, el tesorero del PP Luís Barcenas llevaba el control de las aportaciones irregulares al partido. Finalmente, hay otra presunta salpicadura del caso Gürtel en la trayectoria de Cotino, ya que la trama consiguió pingües beneficios en la visita del Papa a Valencia, que él coordinaba. Las empresas de Francisco Correa ganaron tres millones de euros en comisiones después de lograr amañar el contrato público, emitido por Canal 9, para la retransmisión del evento, según otro informe policial.
No sin su crucifijo
Las presuntas corruptelas de su empresa familiar no son óbice para la otra gran fuente de polémica de Cotino: su extrema religiosidad. Como miembro del Opus Dei y defensor de la influencia de la fe católica en el ámbito público, el exconseller ha sacado de sus casillas en varias ocasiones a los partidos de la oposición. El día en que tomó posesión de su cargo, colocó un crucifijo de su propiedad en la mesa de Les Corts Valencianes, en un gesto inédito en la cámara autonómica.
Su religión está también en el origen de su furibunda oposición al derecho al aborto. Lideró la oposición de la Generalitat Valenciana a la ley de plazos del gobierno socialista. Sacó adelante una ley autonómica provida, en la que se invita a las mujeres a gestar a sus hijos y darlos en adopción como una alternativa al aborto. Recientemente, defendió en su página web personal que todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo deberían ser obligadas a ver una ecografía del embrión antes de recibir autorización para abortar.
El moderador que desconectó el micro
En los últimos años, su influencia se ha debilitado notablemente. Cotino quedó en una suerte de tierra de nadie política después de la caída política de Francisco Camps, a quien le unía, además de la labor política y la amistad, la intensidad de las convicciones religiosas. El exconseller apoyó a su presidente incluso en las horas más bajas. Fue él quien condujo el vehículo que lo llevó hasta la puerta de entrada del tribunal el primer día del juicio del “caso de los trajes”, en un momento en el que casi todo el PP valenciano prefería mirar hacia otro lado.
Precisamente gracias a Francisco Camps, hoy Cotino disfruta de un puesto excelentemente retribuido como Presidente de Les Corts Valencianes, desde donde regula los debates del parlamento autonómico. Recientemente, tuvo que afrontar el intento de un diputado socialista de usar su turno de palabra para retransmitir un mensaje grabado de Beatriz Garrote, la portavoz de las víctimas del accidente de metro. La voz enlatada de Garrote se lamentaba de que el Gobierno valenciano se estaban “riendo” de las víctimas con su negativa a investigar en profundidad el accidente. Cotino retiró la palabra al diputado con el argumento de que el reglamento de la cámara no permite la emisión de grabaciones. Finalmente, desconectó el micrófono sin que apenas se hubiera empezado a escuchar la petición de justicia de las víctimas.
