Un tribunal investiga si empresas concesionarias del Ayuntamiento de Leganés pagaron propaganda del PSOE
La Audiencia Provincial de Madrid tiene sobre su mesa un recurso de apelación para reabrir la investigación sobre un presunto caso de financiación irregular del PSM-PSOE en el municipio de Leganés (187.227 habitantes)) en los meses anteriores a las elecciones de 2007. La denuncia (presentada en 2009 por la anterior oposición, del PP, hoy en la Alcaldía) acusa al exalcalde de la localidad, Rafael Gómez; a su esposa y exdirectora de medio ambiente del Consistorio, Carmen Blázquez; y al también exconcejal del mismo área Francisco Arroyo, de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos al haber destinado dinero público a pagar inseciones publicitarias en dos periódicos locales. Los socialistas gobernaron Leganés desde 1979 hasta 2011 de forma prácticamente ininterrumpida. Un portavoz del exregidor ha negado a eldiario.es los hechos denunciados y recuerda que la jueza instructora ha archivado dos veces la causa.
El mecanismo para desviar el dinero precisaría de la colaboración de varias empresas concesionarias del Ayuntamiento, según la denuncia. Estas entidades tienen la obligación de destinar el 1,5% del montante de la concesión a campañas de información y de publicidad relacionadas con los servicios que prestan, según el pliego de condiciones. Sin embargo, ese dinero fue utilizado en parte para pagar inserciones publicitarias del PSOE local entre febrero y mayo de 2007, siempre según los demandantes, que basan su afirmación en los informes de la Intervención Municipal que obran en la causa y que confirman que el Ayuntamiento no controlaba en ningún caso cómo ni en qué se gastaba ese porcentaje de la concesión.
Además, la denuncia aportó en su momento facturas, órdenes de maquetación y correos electrónicos para tratar de demostrar que las empresas Urbasur, Sufi y Helechos, concesionarias de servicios de limpieza y mantenimientos del municipio madrileño, pagaron la propaganda electoral en los rotativos locales 'Mira' y 'Mercado' entre los meses de febrero y abril de 2007. Además de la abundante documentación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, las acusaciones fueron corroboradas por algunos de los testigos llamados a declarar por el juzgado de Instrucción número 8 de Leganés, que instruye la causa.
En concreto, una comercial de uno de los periódicos implicados aseguró que recibió órdenes de que “para poder facturar lo que había npendiente de abonar respecto de la campaña electoral publicitaria del PSOE, dicha facturacion debía llevarse a cabo a Ursabes y a Helechos”, según la declaración que consta en la documentación judicial. La trabajadora corroboró también la veracidad de la documentación aportada por los denunciantes y que probaría los hechos; una veracidad que no fue puesta en duda por testigos. Este 'modus operandi' fue ratificado por otros testimonios de empleados de las empresas implicadas.
Asimismo un contable de una de las empresas dijo no haber realizado en ningún caso facturas rectificativas mientras el representante legal de otra de las sociedades no reconoció el sello de “duplicado” de su propia empresa que aparecía en una de dichas rectificativas.
Sin embargo, la jueza descartó dichos testimonios, negó la práctica de diliegencia alguna y dio por buena, más de cuatro años después de los hechos, la aportación por parte de las empresas afectadas de facturas rectificativas de todas y cada una de las presentadas por los denunciantes que, según el auto de archivo de la propia instructora, “indiciariamiente indicaban” hacia actuaciones irregulares.
La jueza decidió sobreseer temporalmente el caso, que se encuentra ahora recurrido ante la Audiencia Provincial, sin siquiera haber trasladado a la Fiscalía la documentación rectificativa aportada por las sociedades.
Esta es, precisamente, la defensa que esgrime el PSOE de la localidad madrileña. Un portavoz oficial de Rafel Gómez recuerda que no se ha incluido a nadie del partido en las diligencias previas. “Para nosotros es un caso fantasma: No hemos tenido acceso a la información ni recibimos ninguna comunicación y no ha habido ningún imputado”, zanja. El PSM ha declinado comentar esta información.
