El juez desimputa al exsecretario de Estado de Presidencia del caso Acuamed

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el sobreseimiento de la investigación por el presunto fraude de la empresa pública Acuamed en lo que respecta a su expresidente y exsecretario de Estado de Presidencia, Federico Ramos, y de la directora general del Agua Liana Sandra Ardiles.

Velasco ha adoptado esta decisión en un auto en el que acoge la petición de ambos de que se archivara el caso para ellos después de haber prestado declaración como investigados.

Ramos se vio involucrado en el caso Acuamed después de que varios exempleados de la empresa pública aseguraran al juez que participó en una presunta reunión con FCC en la que se pactó una “compensación indebida” de 40 millones de euros a la constructora en el expediente de la Desaladora del Bajo Almanzora (Almería), que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Esas revelaciones le llevaron a dimitir de su cargo el 22 de enero antes de ser imputado con el objeto, según indicó en un comunicado, de defender su “honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad”.

Ahora Velasco ha reconsiderado su decisión de tenerle como investigado junto a la directora general del Agua, al constatar que “ninguno de los dos enjuiciados tenía respecto de Acuamed reales funciones ejecutivas, contacto directo con los expedientes o los contratistas” ni con los técnicos al cargo de su supervisión.

Carga el juez toda esa responsabilidad en el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, en libertad desde junio bajo fianza de 300.000 euros tras permanecer seis meses en prisión preventiva.

Según el auto, era éste quien, “con ayuda de ciertos cargos y empleados públicos conniventes, puso en marcha un plan sistemático para cerciorarse de que las adjudicaciones” públicas, “su ejecución, modificados y liquidación de obra (...) quedaran a merced de su voluntad, con fines alejados del bien común”.

“Puede ser que fallaron controles, pero lo hicieron por y gracias principalmente a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo, persona de mayor confianza del entonces ministro” Miguel Arias Cañete, pues Mateo consiguió -añade el auto- que quitara a Ardiles la presidencia de Acuamed y evitó ser destituido de la dirección de la empresa pública cuando Federico Ramos se lo pidió al ministro.

El juez llega a esta conclusión al comprobar que ni Ramos ni Ardiles “lideraron las reuniones con FCC para resolver los problemas del expediente de Flix (Tarragona) -ante la premura de no perder fondos de la Unión Europea- para compensar (...) las pérdidas o expectativas de ganancia que la empresa había considerado, bajo cuerda como condición para desbloquear” el expediente de la desaladora de Bajo Almanzora.

También que no tuvieron “nada que ver con la decisión de ir poco a poco destituyendo o cesando a los técnicos que no se plegaban a ciertos designios irregulares en contra de los intereses y dineros públicos”, añade el juez.

A Velasco le han resultado asimismo “convincentes” las declaraciones que Ramos y Ardiles dieron en el juzgado sobre los correos electrónicos intervenidos y que motivaron su imputación y de los que dijeron que “se debieron a peticiones de explicaciones para obtener el conocimiento y en su caso el desbloqueo de la situación en que se encontraba la obra” de la citada desaladora y la intención de ambos de que no se dejara la solución en manos de Mateo.

“La reunión con FCC (...) y los correos electrónicos (...) no hablan de irregularidades, sino de la voluntad de enfrentar el problema planteado en las reuniones con FCC, pero como al final la solución se puso en manos de Arcadio Mateo”, éste “con la ayuda connivente de Pablo Martín Mira (delegado de Acuamed en Valencia), dio curso a las actuaciones delictivas investigadas”.