La policía peinó los despachos de Cifuentes en la Comunidad y la Delegación del Gobierno en busca de micros y cámaras
Cristina Cifuentes no solo buscó el auxilio del Centro Nacional de Inteligencia en vísperas de las elecciones de 2015 cuando temió ser víctima de una operación de espionaje montada por el entonces presidente madrileño, Ignacio González. La que era delegada del Gobierno en Madrid también recurrió a la Policía Nacional para que escudriñase su despacho oficial con el objetivo de localizar cámaras o micrófonos ocultos.
Los temores de Cifuentes se agravaron en vísperas de su designación como candidata a presidenta de la Comunidad, en marzo de 2015 después de enterarse por una comunicación extraoficial de que un antiguo miembro de las fuerzas de seguridad del Estado había recibido el encargo de seguirle los pasos tanto a ella como a su círculo más cercano.
Cifuentes y su equipo pudieron comprobar durante aquellos meses que había personas -que no han sido identificadas- hurgando en sus vidas personales y tratando de recabar incluso informes médicos. Todo se produjo en el contexto de guerra interna que vivía el PP de Madrid antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y cuando el presidente del partido, Mariano Rajoy, aún no había ungido a los candidatos para el Ayuntamiento y la Comunidad.
González pretendía repetir como cabeza de cartel para el Gobierno regional, un lugar que también anhelaba Cifuentes, cuya proyección mediática había crecido en su paso por la Delegación del Gobierno en Madrid. Esperanza Aguirre, por su parte, aspiraba a lograr un regreso por la puerta grande con la excusa de que su presencia era imprescindible para combatir a Podemos. De los tres nombres solo cabían dos en la cartelería electoral.
Cifuentes, tras escuchar las informaciones que le hicieron llegar por cauces no oficiales, temió que sus rivales pudieran estar resucitando otra gestapillo, como la que se montó en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Aguirre para buscar trapos sucios a sus rivales políticos en vísperas del congreso del PP de 2008. El espionaje formó parte de una operación más ambiciosa de una parte de la derecha política y mediática madrileña para descabalgar a Mariano Rajoy como líder del partido.
Así que durante los meses previos a su designación como candidata para Madrid en marzo de 2015, Cifuentes recurrió primero al Centro Nacional de Inteligencia con la sospecha de que estaba siendo objeto de seguimientos por parte de González y gente de su confianza. La delegada del Gobierno llegó a celebrar algunas reuniones con miembros de los servicios de inteligencia donde, según fuentes conocedoras de aquellos encuentros, se le proporcionó un protocolo sobre el uso seguro de la telefonía y los dispositivos electrónicos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este lunes que desconocía esas citas y dudó de que se produjesen: “El CNI no está para eso”.
Pero los encuentros con los servicios de inteligencia tuvieron lugar, tal y como confirmaron dos fuentes que los vivieron de primera mano a eldiario.es. Tras recibir esas instrucciones del CNI, Cifuentes solicitó discretamente a una brigada de la Policía Nacional que hiciese un barrido en su despacho de la Delegación del Gobierno en Madrid para detectar si alguien había instalado cámaras y micrófonos. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que se inspeccionaron las dependencias de la Delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel 25, en pleno centro de Madrid, pero que los agentes desplazados no hallaron dispositivos de grabación.
Meses después, tras los comicios de mayo de 2015, cuando ya había tomado posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes volvió a solicitar a la Policía Nacional que rastrease su despacho en la sede del Gobierno en la Puerta del Sol, la misma sede que hasta junio de 2015 había ocupado Ignacio González. También allí se llevó a cabo una pormenorizada inspección para detectar dispositivos de vigilancia. Los agentes desplazados a esas dependencias oficiales determinaron que el despacho de la Comunidad de Madrid estaba libre de micros y cámaras.
Las sospechas de Cifuentes no eran nada nuevo. Ella misma había sido objeto de seguimientos por la llamada gestapillo que en 2008 se montó bajo la presidencia de Aguirre para seguir la pista de enemigos de la entonces presidenta regional como Manuel Cobo, mano derecha durante dos décadas de Alberto Ruiz Gallardón, y del consejero Alfredo Prada. Ambos eran aliados de Rajoy en el congreso de Valencia y ambos vieron cómo un supuesto cuerpo de seguridad creado en el Gobierno regional les había estado siguiendo a citas institucionales y también privadas.
En esa misma operación de espionaje -que llegará a juicio en los próximos meses en Madrid con la Comunidad ejerciendo ahora de acusación por la supuesta malversación de fondos públicos- Cifuentes era uno de los objetivos a seguir. Así lo aseguró a la cadena SER José Oreja, uno de los tres guardias civiles imputados por los seguimientos, y quien afirmó que los nombres los decidía el entonces vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, hoy en prisión por la operación Lezo.
Eran tiempos en los que todos vigilaban a todos en el PP madrileño en medio de una guerra de familias inacabable. Lo definió el lunes en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta una de las víctimas de la gestapillo, Manuel Cobo, quien atribuyó aquellas prácticas a “la impunidad” con la que operaba Esperanza Aguirre durante aquella era de mayorías absolutas. “Es difícil que en España ahora mismo ningún partido actúe con ese grado de impunidad”, dijo, quien fue mano derecha de Gallardón primero en la Comunidad de Madrid y después en el Ayuntamiento.
