El denunciante del caso Acuamed: “Había un acuerdo al máximo nivel con Arias Cañete”

Miguel Arias Cañete. El nombre del exministro de Agricultura aparece en la declaración ante el juez Eloy Velasco del exdirectivo de Acuamed que tiró de la manta en el caso de desvío de fondos públicos entorno a la empresa de la gestión del agua.

“Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel, con el ministro”, explicó al juez Francisco Valiente, ex director financiero de Acuamed. Valiente aludía al momento en el que tuvo consciencia de las irregularidades, a raíz de las inundaciones que afectaron a la desaladora de Almanzora, en Almería, en septiembre de 2012. “¿Qué ministro?, replicó Velasco. Y es entonces cuando Valiente dice: ”Arias Cañete“.

Valiente se refiere al papel de dos constructoras investigadas, FCC y Abengoa “Ellos pagan el 70% de la instalación y nosotros el 40”, asegura que le trasladaron otros directivos de Acuamed. “El acuerdo no estaba por escrito pero estaba adoptado y me dijeron: Lo que tú tienes que hacer es ponerlo en marcha”, respondió Valiente. “Me sorprendió bastante”, le dijo al juez.

Tras la inundación de la desaladora de Almanzora, Valiente asegura que advirtió de que la obra de reparación no se podía realizar porque la planta había quedado “arruinada”. Explica que se celebraron varias reuniones donde “salió que querían (las contratistas) cobrar una liquidación del 20%, de unos diez millones de euros”.

Valiente aporta el nombre de David Soriano, ingeniero de planta en Almanzora, y de quien dice que se mostró partidario de hacer la reparación. Una vez hecho esta obra de la planta inundada, este directivo decía que se podía “exigir lo que fuese”.

Miguel Arias Cañete fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente hasta el 28 de abril de 2014, cuando pasó a encabezar las listas del PP en las elecciones al Parlamento Europeo para, a continuación, ocupar el cargo de comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.

“¿Financiar un partido o meterse dinero en el bolsillo?”

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco preguntó al ex director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, si había favorecido “escandalosamente” a empresas privadas para “financiar a un partido político o para meterse el dinero en el bolsillo”. Se trata del audio de la comparecencia que Arcadio Mateo prestó el pasado 20 de enero y, tras la cual, ingresó en prisión. El Gobierno le había cesado un día antes de su cargo por “falta de confianza y la alarma social” generada a raíz de la operación 'Frontino'.

“Usted, en vez de como director general de una empresa pública que tiene que velar por los intereses públicos, aparece como una persona empeñada en favorecer (...) intereses de carácter privado. Dice que es por orden de un superior, le quería preguntar qué superiores y si es para financiar un partido político, meterse usted el dinero en su bolsillo o por qué motivo”, cuestiona el magistrado.

El antiguo alto cargo de la empresa pública responde que no ha beneficiado “a nadie” y así lo demostrará, al tiempo que se acoge a su derecho a no declarar hasta tener un conocimiento “detallado” de los cargos que se le imputan.

La comparecencia comienza con las palabras del instructor afirmando que el acusado “se lleva principalmente todo el conjunto de delitos” investigados, como son falsificación en documento público, fraude, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho o concertación para alterar el precio de las licitaciones públicas.

En ese momento, el juez pone de relieve la cantidad de empleados a los que Mateo ha destituido de sus puestos de trabajo durante el “año y cuarto” en el que ha sido investigado con la intervención de correos electrónicos y conversaciones telefónicas. “Ha despedido o removido del puesto a tanta gente que no sé si es normal en una empresa privada, pero desde luego no parece propio de una empresa de carácter público”, expone.

Acto seguido, Velasco desgrana los seis contratos presuntamente amañados en los que ha participado el acusado y pone de manifiesto su sospecha de que este se los ha adjudicado a “amigos”, en contra del criterio de los ingenieros técnicos, o se ha “concertado también con amigos que tienen informaciones previas”.

“Usted se inventa un acuerdo en contra de la legislación por el que decide empeorar los intereses públicos”, que cita el caso de la descontaminación del pantano de Flix o la presa de la Avenida Rambla Gallinera en Valencia.

En la comparecencia, el juez pone en evidencia la cantidad de billetes de 500 euros localizados en sobres en el registro efectuado al ex director general de Acuamed y se pregunta si es parte de las compensaciones ofrecidas por las empresas privadas beneficiarias en los conciertos, que también le agasajaba con viajes a Turquía e implantes de pelo.

El instructor imputó el pasado enero a los trece detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

.

Operación Frontino

La operación 'Frontino' se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).

Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.