La justicia cerca a los dirigentes del PP que negaron en la Asamblea de Madrid dos décadas de corrupción

El PP ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas para intentar evitar que la Asamblea de Madrid investigue la corrupción que ha protagonizado en los más de 20 años que lleva en el poder. Desde la utilización de la presidencia del Parlamento regional hasta el discurso victimista con el que trató de evitar que los diputados abordaran los casos Gürtel y Púnica que ya estaban judicializados cuando la comisión de investigación se puso en marcha. Después llegó el caso Lezo. Los protagonistas de esas causas han ido pasando por sede parlamentaria, donde han echado balones fuera sobre las corruptelas que la Justicia se ha encargado de desentrañar. 

Los dirigentes y exdirigentes del PP que han acudido a la comisión de investigación desde su creación en 2015, tras la pérdida de la mayoría absoluta, han negado toda vinculación con las tramas corruptas en las que distintos jueces los han ido implicando. La propia presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que siempre se ha presentado como un azote de la corrupción, llegó a asegurar recientemente que el PP se planteaba abandonar dicho organismo ante el “linchamiento” que su partido sufría por parte de la oposición. 

Lo hizo tras el paso por la Asamblea del expresidente Alberto Ruiz-Gallardón, que apostó que no sería imputado en el caso Lezo. “Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar”, les dijo a los diputados de la comisión, cuando ya sabía que la Audiencia Nacional investigaba las actuaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica durante su etapa de presidente regional. “Si hubiera tenido toda la información que han dado [exconsejeros y técnicos del Canal de Isabel II] yo hubiese aprobado la operación”, dijo en referencia a la compra que hizo el Canal de la colombiana Inassa por un valor muy superior al real, según la Fiscalía y la Guardia Civil, y a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.

Doce días después de esas palabras, el juez de la Audiencia Nacional imputó a todos los exconsejeros y responsables del Canal en la época en la que Gallardón estaba al frente de la Comunidad. Anticorrupción lo había solicitado seis días después de que el también exministro compareciera en la comisión, aunque dejó en en el aire el futuro judicial de Gallardón a la espera de pedir nueva documentación.

La última dimisión

De momento, esa decisión judicial se ha llevado por delante a Arturo Canalda, que ha dimitido como presidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Canalda, que era director gerente del Canal cuando se produjo la compra de Inassa que investiga la Audiencia Nacional, también había pasado por la comisión de la Asamblea, donde aseguró que “no hay nada que ocultar” y restó importancia al uso de una sociedad instrumental radicada en un paraíso fiscal para ejecutar la compra de una compañía colombiana por parte de la empresa pública madrileña.

Su dimisión estaba cantada después de que se supiese que la Justicia investiga en un caso de presunta corrupción al presidente del organismo que se encarga de fiscalizar las cuentas de las instituciones públicas de Madrid.

Pero no solo Gallardón y los suyos han pasado por esa comisión para intentar descargarse las culpas. Mucho antes lo habían hecho sus históricos enemigos dentro del PP, a los que apuntó el exministro en su comparecencia. Se refirió, sin llegar a citarles, a Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Ignacio González acudió en dos ocasiones a la Asamblea. Durante la primera, en 2015, pidió clemencia al PSOE ante el interrogatorio convocado para abordar la venta de viviendas públicas a un fondo buitre. La segunda tenía por objeto el espionaje a rivales políticos durante el mandato de Esperanza Aguirre.

González dio por hecho que a él le habían espiado durante un “viaje oficial” en Colombia, según admitió en la propia comisión de investigación.

Hasta ese país han seguido los investigadores la pista del dinero expoliado al Canal de Isabel II y donde hallaron 5,4 millones de euros en metálico que supuestamente corresponden al expresidente madrileño.

Apenas unos meses después de presentarse ante los diputados de la Asamblea con un aire altivo y pocas ganas de responder a sus preguntas, como víctima de una persecución,  González era detenido a las puertas de su chalé de Aravaca en el marco del caso Lezo –que tiene ese nombre precisamente a raíz del viaje del político del PP a Cartagena de Indias–.

Granados y González niegan lo que los jueces ven claro

Durante su comparecencia en la comisión, el que fue presidente de Madrid y secretario general del PP regional bajo el mando de Esperanza Aguirre, negó la existencia de la 'gestapillo', a pesar de que la propia Comunidad, ya con Cifuentes en la presidencia, lo había admitido.

Por la Asamblea pasó la misma mañana Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón en la Comunidad y en el Ayuntamiento, quien se mostró seguro de haber sido espiado, y Julio Gutiez, uno de los detectives supuestamente implicados en los seguimientos a González, que al ser interrogado directamente sobre si tenía pruebas del cobro de comisiones por parte del expresidente respondió: “No voy a declarar nada”. Interrogado después sobre hipotéticas presiones de González, se negó a declarar. Pero cuando llegó  la pregunta de por qué no había puesto las pruebas en manos de la justicia, el investigador privado dio una respuesta enigmática: “A lo mejor sí lo he puesto [...]. Cuando ustedes accedan al procedimiento judicial, verán mis declaraciones en la UDEF [la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional”.

Otro de los enemigos internos de González, Francisco Granados, con quien mantuvo una rivalidad como delfín de Esperanza Aguirre, participó en la comisión de investigación directamente vía plasma por encontrarse en prisión. En su caso, está investigado en la Púnica, una trama consistente en el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en administraciones públicas. Las pesquisas sitúan a Granados como uno de los cabecillas de la red junto a su amigo David Marjaliza. 

Granados intentó defenderse de esas acusaciones durante su comparecencia asegurando que jamás había “metido la mano en la caja”, a pesar de que el juez le envió en 2014 a la cárcel sin fianza al encontrar probada su “pertenencia a una organización criminal”. No obstante, la presidenta de la comisión le negó esa oportunidad porque le habían citado para declarar por el caso del espionaje en la Comunidad de Madrid. Tras pasar por la Asamblea, Granados fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por haber recibido un chivatazo de un guardia civil alertándolo sobre la investigación. El resto de piezas de la Púnica en las que está involucrado aún no se han juzgado pero el exvicepresidente de la Comunidad está acusado de medio Código Penal. 

Esperanza Aguirre rodeada

Los dos políticos que la acompañaron muy de cerca durante buena parte de su mandato acabaron finalmente con la carrera de Esperanza Aguirre. Granados y González la obligaron a dimitir por fases. Las evidencias de la Operación Púnica obligaron a la exdirigente conservadora a abandonar la presidencia del PP de Madrid en febrero de 2016 después de que la Guardia Civil registrara la sede del partido por la presunta financiación ilegal: “No ha habido que yo sepa”, fue su única respuesta para intentar desentenderse de las finanzas del partido, algo que también intentó hacer durante su comparecencia como testigo en el juicio de Gürtel.

Dos días antes de esa dimisión y uno desde que los agentes se presentaran en el despacho de su gerente, Aguirre había pasado por la comisión de investigación de la Asamblea y había mostrado su confianza en otros dos de sus consejeros imputados en la trama –Salvador Victoria y Lucía Figar– y aseguró desconocer los supuestos delitos investigados, entre ellos, los pagos para mejorar su reputación en las redes sociales. 

Aguirre había mostrado su confianza en los políticos que la habían rodeado, incluso después de que se publicasen evidencias de su implicación en entramados corruptos. Tardó cinco días en dimitir como portavoz del PP en el Ayuntamiento desde que Ignacio González fue detenido. Primero guardó silencio, después se echó a llorar al hablar de él y, finalmente, renunció: “Me siento engañada y traicionada”, expresó sobre su sucesor.

Pero las sombras de la corrupción la habían acompañado desde el inicio de su mandato. Aguirre sobrevivió a la Gürtel, que tuvo en Madrid uno de sus epicentros, y a otros escándalos que afectaron a dirigentes de su confianza, como las tarjetas black de Caja Madrid. 

Cifuentes se enzarza con la oposición

La cuadratura del círculo se produjo con la comparecencia de Cristina Cifuentes, enfrentada tanto con González como con Aguirre en esa misma comisión. La presidenta madrileña acudió a la Asamblea y descargó sobre los funcionarios la responsabilidad de un informe que ella avaló sobre una adjudicación a la empresa Cantoblanco que investiga la Guardia Civil por presuntas irregularidades. 

Con una insignia del instituto armado en su solapa, Cifuentes cuestionó el informe en el que los agentes la relacionan con la financiación irregular del partido. La presidenta se enzarzó con la oposición durante su comparecencia y denunció el “linchamiento político”. Seis meses más tarde, la líder del PP madrileño ha usado la misma expresión y se ha quejado de que la comisión vaya a prolongarse un año más. La oposición quiere tres años para investigar dos décadas de mandatos del PP salpicados por la corrupción.