Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros de los programas de armamento

“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de armamento.

“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las fuerzas armadas”, explica Bernardo Navazo, analista de defensa. Precisamente, las tres comparten un pasado como empresas públicas. Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo mundial de venta de material de defensa General Dynamics.

Un informe del Tribunal de Cuentas en 2007 denunció sobrecostes en la privatización de Santa Bárbara, que, según el texto, costó casi 500 millones de euros. “Al final, tienen muchas relaciones con el Estado”, comenta Navazo.

“En el sector de la defensa y en grandes programas no hay muchos competidores en España”, admiten fuentes del Ministerio de Defensa, que admiten que al final se elige a quien tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Dos casos de puertas giratorias han afectado a Santa Bárbara desde que la sociedad fue vendida por el Gobierno.

Alfonso Ramonet, embajador de España en grandes capitales como Tokio o Washington, fue presidente de la compañía entre 2003 y 2007, justo tras su privatización. Aunque la más directa ha sido la que afectó a su consejero delegado entre 2010 y 2013, Carlos Villar Turrau. Militar de carrera, fue Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa entre 2001 y 2006 y Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEMAD) entre 2006 y 2008.

Especializado en grandes vehículos blindados, Santa Bárbara es la adjudicataria de los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por 3.856 millones de euros. Todavía restan por abonar más de 2.500 millones por esos dispositivos. Además, sigue siendo el principal suministrador de material de defensa del Estado, según el análisis de datos realizado por El Confidencial. Entre 2010 y 2015, recibió 105 millones de euros en compras habituales de repuestos, armamento y municiones.

“Estas empresas son muy parasitarias del Estado y la mayoría tienen todavía participaciones estatales” explica Pere Ortega, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Navantia, antes Izar, es la primera empresa de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522 millones de euros. Según Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional, Navantia, además, tiene “un monopolio” derivado del acuerdo que tiene la sociedad con la Armada.

Fonfría plantea la disyuntiva que existe sobre la contratación de gran armamento por parte del Ministerio: “Si abres el abanico a la competencia internacional, se corre el riesgo de dilapidar varias décadas de apoyo a la industria española y reducir su capacidad tecnológica para el futuro”. Precisamente, fue la creación de un tejido tecnológico e industrial en el sector de la defensa la razón para fomentar estos programas de armamento. Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, reconoció, sin embargo, que estos programas “no habían aumentado la autonomía tecnológica e industrial de España” ya que el acento se puso sobre la “mera adquisición y producción”.

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE) es la patronal de la industria de defensa en España. Aseguran que dan empleo directo a más de 50.000 personas y facturan 9.000 millones de euros anuales. Su junta directiva la forman, entre otros, las empresas que se han llevado estos programas: Airbus, Navantia y Santa Bárbara Sistemas.

El presidente de la asociación es Adolfo Menéndez. Licenciado en Derecho, también compagina su labor como consejero en representación del Gobierno en la tecnológica Indra, aunque su pasado político es anterior. Fue subsecretario de Defensa entre 1996 y 2000, cuando se firmaron los mayores compromisos de pago de los programas de armamento.

EADS CASA (Airbus), miembro de la junta directiva de TEDAE, es también uno de los mayores contratistas de los programas. Nació como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser propiedad casi estatal en décadas posteriores.

Al igual que Santa Bárbara, fue privatizada en 1999 durante el Gobierno de Aznar. La compra el Grupo Interés Económico Airbus y pasa a denominarse EADS CASA. Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros, junto con Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP), con la que comparte los programas del Eurofighter.

“Al final, estos proyectos nacieron para ayudar a estas industrias”, denuncia Ortega, que argumenta que los programas de armamento aseguran la continuidad de la empresa durante “30 años”. Por el momento y si no se renegocian los programas, Defensa tiene pendientes pagos con estas empresas por 21.000 millones de euros. El último calendario de pagos firmado por el actual ministro Pedro Morenés, también con origen profesional en las empresas de armamento, alarga los compromisos hasta 2030. Más de treinta años después de la firma del primer programa, en 1997.