“La ciudadanía seguirá protestando en la calle aunque nos peguen o criminalicen”
Los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso han tenido que escuchar hoy algunas verdades incómodas sobre el funcionamiento de los partidos políticos y el problema de la corrupción. A petición de la Izquierda Plural, Miguel Ongil y Miguel Presno, han comparecido hoy para aportar sus recetas y han coincidido en reclamar a los grupos parlamentarios una participación real de la ciudadanía en la vida política y un mayor control de ésta en el funcionamiento de los partidos. Sus discursos han irritado a algunos de los diputados.
Vídeo: intervención de Miguel Ongil.
Para lograr ese doble objetivo han exigido un cambio radical, casi revolucionario, en las normas de funcionamiento de los partidos y en la forma de comportarse de sus dirigentes ante la alarma social que está provocando el fenómeno de la corrupción. Miguel Ongil, analista económico, coautor del libro “Qué hacemos con la financiación de los partidos” y miembro del colectivo Cuentas Claras, ha advertido de que si los partidos y los políticos no cambian, la ciudadanía seguirá manifestándose en la calle, “aunque nos peguen, nos multen o nos criminalicen”. “Los jóvenes nos vamos a organizar. No nos van a parar”, ha insistido después en su réplica, tras denunciar la situación en la que vive este colectivo, que ante la ausencia de trabajo se ve obligada a emigrar.
En un artículo publicado el 24 de abril en eldiario.es, Ongil y Manuel Maroto explicaron cómo el proyecto del Gobierno sigue dejando vías por las que los partidos pueden recibir dinero de forma irregular y no establece suficientes controles independientes y transparentes.
En el Congreso, Ongil no ha dudado en calificar los cambios propuestos por el Gobierno en la ley de Financiación de Partidos y en la propia ley de Partidos Políticos como “una tomadura de pelo”. Entre otras cosas, ha exigido un Tribunal de Cuentas “independiente” y que no sea el único organismo que tenga la exclusividad de fiscalizar las finanzas de los partidos sino que los propios militantes tengan derecho a acceder también a ellas. Además, ha reclamado que los tesoreros de las formaciones políticas tengan la obligación legal de acudir al Congreso, no solo si lo decide la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas. El experto se ha mostrado contrario a las condonaciones de las deudas por parte de los bancos y ha reclamado un endurecimiento de los controles.
Los diputados se enfadan
Su duro diagnóstico de la situación ha irritado a alguno de los portavoces, como a Montserrat Surroca, de CiU, que ha llegado a calificar su intervención como “provocativa”. También Ramón Gómez de la Serna, del PP, se ha mostrado molesto y ha pedido no propiciar “la caza de brujas” mientras arremetía contra “los nuevos movimientos” que se definen como “antipolíticos”. Incluso ha llegado a decir que “la corrupción pertenece más al pasado que al presente”.
Por su parte, el profesor Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, también invitado por la Izquierda Plural, ha pedido que se pase del “pueblo gobernado” al “pueblo gobernante” con la posibilidad, como existe en otros países, de convocar referéndum derogatorios de leyes orgánicas si hay una demanda mayoritaria de la sociedad. También ha sugerido que se rebaje la edad de voto a los 16 años, se extienda el derecho de sufragio universal para los residentes extranjeros, no solo a los comunitarios, y que estos puedan crear sus propios partidos. Otra de las medidas que ha aportado ha sido que el registro de partidos no dependa del Ministerio del Interior sino de Presidencia el Gobierno. El profesor ovetense ha reclamado también una reforma del sistema electoral para que el voto valga exactamente igual y cambios profundos en los reglamentos parlamentarios para controlar verdaderamente al Gobierno.
Ongil, a su vez, ha lamentado que la financiación pública quede restringida solo a los partidos con representación parlamentaria. “La ley está hueca, no regula la democracia interna de los partidos. Vivimos en un sistema incapaz de reciclarse y depurar los elementos toxicos, como ocurre cuando un coche se avería”, ha lamentado el analista económico, para advertir a continuación que de persistir esta situación “solo quedan las manifestaciones”.
Pese a todo, Ongil y Presno han coincidido en algunas cosas con los demás expertos que han comparecido ante la Comisión Constitucional. Una de ellas, en que es necesario acabar con la imagen de impunidad que reina alrededor de los políticos y la percepción que cunde de que la corrupción política no es castigada al igual que el resto de los delitos que cometen los ciudadanos, con indultos incomprensibles como los que ha otorgado el Gobierno. Para atajar esa situación, Presno ha reclamado que la ley de Financiación aumente a diez años el plazo de prescripción para las faltas muy graves, a cinco las graves y a dos las leves. Uno de los mecanismos de participación que también han pedido revisar fue la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para hacerlas más ágiles.
Por su parte, Eloy Garcia López, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que ha comparecido a petición del PP, ha hablado de la “pérdida de valores” que a su juicio se ha instalado en la sociedad como origen de la corrupción. Y ha opinado que la caida del Muro de Berlín ha significado “el fin de las ideologías”. “Ya no hay ideologías, solo ideas”, ha sentenciado, lo que ha sido refutado por el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto.
Fernando Conde, sociólogo y director del Instituto de Investigación de Mercados y de Opinión Pública, que ha acudido a la comisión a instancias del PSOE, ha puesto énfasis en que hay que acabar con la imagen de “casta política” y con esa sensación de que aquí “nadie dimite ni asume responsabilidad politicas”. “Se ha instalado ley de silenciao y la cultura del ”y tú más“, ha lamentado.
Rafael Ortiz Cervelló, abogado y responsable del Departamento Laboral de Barcelona de J&A Garrigues, que ha sido citado por CiU, ha pedido entre otras cosas aumentar la financiación de los partidos a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Con las comparecencias de este lunes, el Congreso da por cerrado los trabajos en la Comisión Constitucional. El único grupo que no ha participado en los debates ha sido UPyD, como señal de protesta al veto del PP a que acudiera a aportar su testimonio el exdiputado popular Jorge Trías Sagnier, que destapó el caso Bárcenas. Todas estas aportaciones serán ahora estudiadas por los grupos del Congreso para pactar un texto común sobre medidas de regeneración democrática. Pero esto no ocurrirá hasta el próximo mes junio, dado que han decidido esperar a que se celebren los comicios europeos, con lo cual las iniciativas legislativas que salgan del futuro acuerdo tendrá que ser tramitadas ya en el último trimestre del año.
