El fiscal pide no imputar al exministro Borrell por Abengoa

La Fiscalía ha rechazado la petición de dos bonistas de Abengoa de que se impute al exministro socialista y exconsejero de la compañía Josep Borrell en la causa en la que se investigan las indemnizaciones millonarias que recibieron el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, aunque sí se ha mostrado a favor de preguntar a la empresa que contrató a este último, BlackRock, las retribuciones y los 'bonus' que cobra.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José Perals se ha opuesto a la solicitud de los afectados de ampliar por un delito societario la causa seguidas contra Benjumea y Sánchez Ortega, a quienes acusan de falsear las cuentas de la multinacional y actuar contra el mercado y los consumidores.

El representante del Ministerio Público argumenta que la querella que fue presentada por administración desleal y uso de información privilegiada contra los máximos gestores de Abengoa tenía un “objeto muy concreto” dirigido a esclarecer si cobraron unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias al abandonar la empresa, aun conociendo la auténtica realidad económico-financiera en la que se encontraba.

En este sentido, el fiscal indica que la acusación no precisa los motivos que sustentan que la acción se dirija contra los miembros del Consejo de Administración, entre ellos Borrell, y la ampliación de la querella se fundamenta únicamente en “artículos periodísticos” y no en las diligencias documentales practicadas.

DILIGENCIAS “NECESARIAS”

Eso sí, el fiscal ha estimado que son “necesarias y pertinentes” las diligencias solicitadas por la acusación en aras de que remitir un oficio a la entidad de nacionalidad estadounidense BlackRock, con sede en Madrid, el contrato de trabajo con Sánchez Ortega, a quien 'fichó' el pasado julio como nuevo responsable de desarrollo estratégico de su división Infraestructure Investment Group (IIG) para Latinoamérica.

Además, interesa los documentos que recojan los 'bonus' o las retribuciones complementarias a las que pueda tener derecho el investigado y quiere saber cuál es su fórmula de cálculo, al tiempo que aboga por preguntar las funciones que desempeña como empleado en BlackRock.

El fiscal Perals considera que ahondar en la relación que tiene el querellado con su nueva empresa servirá para acreditar un “posible conflicto de intereses con Abengoa”. Además, apoya otras diligencias demandadas para averiguar la condición en la que permaneció Benjumea en la firma andaluza tras haber “cesado” en la misma y cobrado la indemnización.

En concreto, la acusación pedía reclamar a la empresa de energías renovables el acta del Consejo de Administración del 23 de septiembre de 2015 en el que Benjumea cesó, dimitió o renunció a sus facultades ejecutivas.

Los bonistas también solicitaban el contrato de arrendamiento de servicios suscritos por Abengoa con Benjumea y cuyo objeto fue el “asesoramiento al presidente del Consejo de Administración y su vicepresidente consejero delegado, en virtud del cual asiste a las reuniones del órgano de administración y los comités o comisiones negociadoras con terceros acreedores”.

En este procedimiento se investigan los pagos de 11,48 millones que la multinacional efectuó al expresidente del Consejo de Administración de la compañía Felipe Benjumea y de 4,48 millones al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega antes de abandonar la firma de energías renovables.

QUERELLA DE LOS BONISTAS

La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la “horrible” gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.