211 fiscales de Madrid votarán en enero sobre la imputación del alto cargo de Catalá vetada por el jefe provincial
Los 211 fiscales de Madrid deberán posicionarse en una votación el próximo 10 de enero sobre si se debe imputar al director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo, por cambiar el criterio de una registradora de la propiedad y permitir la inclusión de una finca objeto de una recalificación urbanística que finalmente anuló el Gobierno de Cristina Cifuentes.
El resultado no será vinculante para el fiscal jefe de Madrid, quien deberá decidir después de oír a la junta si mantiene su criterio de no investigar al alto cargo de Rafael Catalá en ese caso en el que ya está imputado el alcalde de Hoyo de Manzanares, Ramón Regueira, del PP, varios ediles de su Gobierno y un par de directivos de una universidad privada.
El asunto es farragoso y tiene que ver con una investigación abierta el pasado julio en un juzgado de Colmenar Viejo contra el regidor del municipio madrileño de Hoyo de Manzanares, varios miembros del Ayuntamiento, así como dos altos cargos de la Universidad Antonio de Nebrija, que están acusados de intentar cambiar la calificación de una parcela para edificar más de un centenar de viviendas. Todo se paró finalmente desde la Comunidad de Madrid, pero la causa sigue vive en los juzgados.
El fiscal que arrancó la investigación, antes de que se judicializara, César Estirado defendió desde un primer momento que había indicios de delito y que la denuncia debía dirigirse además de contra los responsables municipales y los mandos de la universidad contra el alto cargo del ministerio de Rafael Catalá por su decisión de inscribir la parcela, algo a lo que se había negado la registradora de la propiedad competente para hacerlo.
Pero su superior jerárquico, el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, decidió el pasado julio asumir él personalmente la denuncia y al redactarla excluyó de la lista de investigados al director general de Justicia. El caso echó a andar en un juzgado de Colmenar Viejo y volvió a caer en manos del fiscal que lo había iniciado. Tras practicarse una serie de diligencias, César Estirado volvió a defender la necesidad de imputar al mando del ministerio, algo a lo que su superior jerárquico volvió a negarse.
Así que el fiscal del caso decidió acogerse al derecho de esgrimir el artículo 27 del Estatuto de la carrera que pide una votación (no vinculante) de toda la junta cuando hay una discrepancia grave con un superior jerárquico.
Polo convocó a la Junta, que agrupa a la plantilla de la Fiscalía y secciones territoriales de Madrid, el pasado 30 de noviembre para discutir el asunto. Según ha podido saber, eldiario.es en aquella reunión solo tomaron la palabra 18 miembros de la carrera, además del Fiscal encargado del caso, que contaba con el apoyo del Fiscal de Sala responsable de Medio Ambiente, Antonio Vercher. Según testigos presentes en la cita, la mayoría de fiscales que intervinieron se colocaron del lado del Fiscal jefe provincial, José Javier Polo, en contra de imputar al alto cargo de Justicia. Pese a la petición expresa de uno de los asistentes, el jefe de la fiscalía provincial impidió que se votase.
Al término del encuentro, el fiscal del caso de Hoyo de Manzanares pidió ser relevado del caso, tras ver cómo se había corregido su criterio sobre la imputación del director general del Ministerio y Polo decidió que la causa de la parcela recayese en la fiscal decana de Alcobendas (la sección territorial a la que corresponde el municipio de Comenar Viejo) que no forma parte del cuerpo especializado en urbanismo.
Así que durante su debut en el Consejo Fiscal -el órgano que agrupa a los representantes de la carrera y que preside el Fiscal General del Estado- el recién nombrado Julián Sánchez Melgar, quien sustituyó hace un mes al fallecido José Manuel Maza, los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales plantearon que Polo se había saltado el estatuto de la carrera al impedir la votación.
El nuevo Fiscal General del Estado Sánchez Melgar les dio la razón a los representantes de la corriente progresitsa, y desautorizó al jefe provincial de Madrid. Y el Consejo Fiscal aprobó por unanimidad dejar sin efecto la reunión de la junta de fiscales de Madrid y por tanto también el relevo del fiscal del caso. La junta de fiscales deberá repetirse el próximo 10 de enero.
El decreto firmado por el Fiscal General del Estado el pasado 21 de diciembre, y al que ha tenido acceso eldiario.es, no deja lugar a dudas y acuerda “revocar dejando sin efecto con todas las consecuencias el decreto del Fiscal Jefe de Madrid que ordenó la sustitución de César Estirado en las diligencias previas [...] y ordenó este cometido a la Fiscal Decana de Alcobendas, al no haberse manifestado conforme a derecho el parecer mayoritario de la junta de Fiscales”.
Lo hace tras afirmar que quienes intervinieron en la junta de Fiscales de Madrid del 30 de noviembre “fue un número reducido de fiscales [19] en relación con el elevado número de asistentes con derecho a voto [cerca de 200] no permitieron conocer con el rigor legalmente requerido cual hubiera sido el sentido del criterio mayoritario de la Junta”.
El decreto del Fiscal General del Estado es relevante porque en sus fundamentos jurídicos da por hecho que cada vez que un miembro de la carrera invoque el artículo 27 por una discrepancia de criterio con un superior y se convoque a la junta de fiscales para que se posicione, sus miembros deberán votar y no servirá con que haya una mera discusión entre los presentes. Julián Sánchez Melgar lo defiende con estas palabras: “El criterio de la Junta de Fiscalía no se manifiesta por quienes participan en el debate, sino cuando se vota- a favor en contra- por todos los aistentes sobre los pareceres jurídicos debatidos”.
Tras las vacaciones, el próximo 10 de enero los 211 fiscales de Madrid volverán a ser convocados para posicionarse sobre si se debe imputar o no al alto cargo del ministerio en el sumario de Hoyo de Manzanares. De momento, el fiscal que inició el caso y que ha invocado el estatuto de la carrera por no estar de acuerdo con las órdenes de su superior sigue en la instrucción.
Pero la última palabra volverá a tenerla el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, quien ni siquiera tiene que seguir la recomendación de la junta de fiscales, y que en dos ocasiones ya ha descartado la necesidad de investigar al director general de Justicia.
El episodio de Hoyo de Manzanares es la primera patata caliente a la que debe enfrentarse el sucesor del fallecido José Manuel Maza que tuvo un mandato muy convulso al frente de la Fiscalía General del Estado. Nombrado por el Gobierno a finales de noviembre , su debut ha supuesto la desautorización de Polo, uno de los históricos de la carrera en Madrid.
