Anticorrupción busca nuevo jefe entre siete fiscales para pasar página tras el caso Moix

La Fiscalía Anticorrupción busca nuevo jefe tan solo cuatro meses después de haber nombrado al anterior. Manuel Moix dimitió el 1 de junio asediado por sus injerencia en la investigación del caso Lezo, sus enfrentamientos con los fiscales a su cargo y, sobre todo, por su participación junto a sus hermanos en una empresa radicada en un paraíso fiscal, propietaria de un chalet de lujo en Madrid.

El viernes se cerró el plazo para presentar las candidaturas y un total de siete fiscales optan a sucederle con la tarea de recuperar la credibilidad perdida durante el breve paso de Moix.

El Consejo Fiscal del próximo 5 de julio votará y elegirá quién es su candidato para ese puesto después de haber analizado sus propuestas. Con ese resultado, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, elegirá un nombre de esos siete –la votación no es vinculante, aunque lo normal es que elija al más votado– y pedirá al Consejo de Ministros que le nombre.

Maza se enfrenta a una decisión que no quiere tomar. Respaldó a Moix tras cada escándalo, le defendió de las críticas de los portavoces en sus comparecencias en el Congreso e intentó que no abandonase el cargo cuando su continuidad era insostenible. Tras su dimisión, siguió defendiéndole y aseguro que le volvería a nombrar para el cargo, a pesar de su empresa en Panamá de la que nunca informó a la Inspección Fiscal.

Su apuesta era Moix, pero se ha abrasado antes de tiempo dejando Anticorrupción con la credibilidad por los suelos, una crisis a la que deberá enfrentarse su sucesor. Maza tiene ahora una tiene una lista de siete aspirantes, cuatro de los cuales ya optaron a esa plaza el pasado mes de febrero y trabajan en esa Fiscalía especial.

Repite, por ejemplo, Alejandro Luzón, uno de los favoritos en la anterior convocatoria de la plaza y que obtuvo el voto de los vocales progresistas, que no fueron suficientes. Sus 20 años ligados a la Fiscalía Anticorrupción, desde su fundación, le convierten en uno de los aspirantes con más experiencia. Cuenta con un currículum en el que están casos como Gescartera, la investigación al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, el de Tabacalera o las estafas de Fórum y Afinsa.

En la actualidad es el fiscal de los escándalos de Caja Madrid. En el proceso de las tarjetas black consiguió que el tribunal de la Audiencia Nacional se adhiriese por completo a sus tesis y condenase a los 64 acusados a las penas que él consideraba necesarias para que pagasen por el delito de apropiación indebida. Ahora, en el juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia, intenta mantener su postura de que ni el Banco de España ni la CNMV tuvieron un papel clave en la ruinosa operación. Por el momento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha compartido su criterio.

Junto a él, Belen Suárez también engrosaba la lista de favoritos para el puesto hace cuatro meses y vuelve a hacerlo en esta ocasión. Desde 2003 es teniente fiscal de Anticorrupción, lo que equivale a ser la número dos de la Fiscalía, por lo que asumió su jefatura en funciones cuando dimitió Antonio Salinas. Con Moix siguió en su puesto de número dos, aunque discrepó de él cuando este intentó parar unos registros de la Operación Lezo. Antes, había acudido al despacho de Maza para exponerle que Moix, que ya sonaba como candidato para Anticorrupción, aparecía como el predilecto por el principal acusado del caso, Ignacio González.

Suárez es ahora la fiscal del caso Pujol, que investiga el origen de la fortuna de la familia. Entre sus decisiones más recientes, la petición de prisión incondicional que llevó a a Jordi Pujol Jr. a Soto del Real el pasado 25 de abril como responsable de gestionar y distribuir entre sus hermanos la herencia familiar desde los bancos de Andorra. Además, le acusó de haber evadido capitales con la investigación ya en marcha.

Junto a ellos repiten también Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica que se enfrentó a Maza por la acusación al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, y Antonio Romeral, el fiscal que ha accedido a reabrir la causa de los papeles de Bárcenas a petición de las acusaciones populares. No repiten esta vez los fiscales Carlos Alba y José Miguel Alonso.

Los tres nombres que completan la lista de aspirantes son nuevas incorporaciones. Han presentado su candidatura María Ángeles Montes, actual fiscal en el Tribunal Supremo. No pertenece a ninguna asociación y ha desarrollado casi toda su carrera en el País Vasco. También opta Jesús García Calderón, de la conservadora Asociación de Fiscales, que perdió con la remodelación de febrero su plaza de fiscal jefe de Andalucía.

La lista de aspirantes la cierra Pedro Crespo, actual fiscal de sala de la Sección de lo Contencioso del Tribunal Supremo, y cuya candidatura ha causado sorpresa en la carrera fiscal. Sus compañeros pensaban que su intención era aspirar a un puesto de mayor rango, como el de fiscal general del Estado, y algunos le veían como posible ministro de Justicia.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que está asociado, ya le ha mostrado su apoyo público para que opte a esa plaza. El nuevo presidente de la asociación, Emilio Fernández García, le ha definido en una entrevista con eldiario.es como “un fiscal con una formación jurídica y una capacidad de trabajo y un prestigio en la carrera difícil de igualar”. “Si no se designa a Pedro Crespo se obligará a poner a una persona al menos de su misma valía, algo que hoy por hoy es muy muy difícil”, añadía.

Una votación que no obliga

Los nombres de estos aspirantes se pondrán sobre la mesa del próximo Consejo Fiscal. Los 12 miembros de ese órgano votarán, pero la decisión que tomen no será vinculante. Maza presentará al candidato que considere al Consejo de Ministros, aunque lo tradicional es que presente a quien cuenta con el respaldo de haber sido el más votado.

Por eso, el fiscal general del Estado se presentó al anterior Consejo Fiscal con un pacto con la Asociación de Fiscales, la conservadora y mayoritaria, que le garantizase que Manuel Moix iba a salir elegido. Los votos de los seis vocales de la AF se impusieron cuatro que recibió Luzón, apoyado por dos miembros de la UPF y los dos fiscales natos. La AF consiguió a cambio que su portavoz, Jesús Alonso, se hiciese con la plaza de la Audiencia Nacional.

De hecho, la asociación que preside Alonso fue el principal sustento de Moix cuando comenzaron las polémicas por sus injerencias en la Operación Lezo. Durante las semanas en la que su continuidad se ponía en cuestión, lo que le valió incluso ser reprobado por el Congreso, los fiscales conservadores hicieron una defensa cerrada de su actuación.

Sin embargo, tras la aparición de las informaciones sobre su sociedad en Panamá, la AF le pidió explicaciones y, por primera vez, consideraron que no podía continuar en su puesto, al que había ascendido ocultando su empresas en un paraíso fiscal. El movimiento tuvo consecuencias automáticas: Moix dimitió al día siguiente. Sus nueve votos serán cruciales para elegir al nuevo jefe de Anticorrupción.