La fiscalía se ‘alía’ con las defensas en algunos de los casos de corrupción más importantes
Frente a la tópica imagen del fiscal que acusa en defensa del interés público, aunque no tenga por norma que adoptar siempre ese papel, los últimos y más relevantes casos de corrupción han contado con representantes del ministerio público que se han opuesto a las resoluciones del juez instructor y compartido argumentos con las defensas para intentar revocar las decisiones de los magistrados. Sus argumentos pueden estar tan fundamentados como cuando acusan, pero sus decisiones suscitan recelos en una opinión pública que asiste indignada a la frecuente inculpación de políticos, banqueros y empresarios.
El último caso lo protagonizó ayer el fiscal del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se opuso con vehemencia a que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, volviera a ingresar en prisión, como decretó el juez Elpidio José Silva tras una citación urgente. El banquero fue encarcelado el pasado 16 de mayo en la prisión de Soto del Real acusado de varios delitos societarios por supuestas irregularidades cometidas en la compra del City Nacional Bank de Florida, una operación que habría ocasionado pérdidas multimillonarias a la caja.
Entonces pasó un solo día entre rejas, el tiempo que tardó en depositar los 2,5 millones de euros que el juez le había impuesto como fianza. En esta ocasión el juez le ha negado esa posibilidad al decretar su prisión incondicional. En la ‘vistilla’ celebrada en la tarde de ayer en los juzgados de la Plaza de Castilla (Madrid), la representación de Manos Limpias, que ejercita la acusación popular, reclamó nuevas medidas cautelares para evitar que Blesa concierte con otros imputados una versión idéntica sobre los hechos de que está acusado.
El fiscal no lo vio tan claro y defendió que el ingreso en prisión es una medida excepcional que en este caso no está justificada por el gran arraigo social del expresidente de Caja Madrid y la certeza de que no va a eludir la acción de la justicia. No lo consiguió y ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva el recurso que la defensa del banquero presentará en las próximas horas. Un trámite que se puede prolongar hasta dos semanas, las que al menos tendrá que pasar Blesa en una celda.
También recientemente, Pedro Horrach, fiscal del ‘caso Nóos’, en el que está imputado Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, se opuso a José Castro, el juez instructor, citara a la hija del Rey como imputada para que aclarase el conocimiento que tenía de los negocios de su marido. En esta ocasión se impuso el criterio del ministerio público, que recurrió el auto de su compañero ante la Audiencia Provincial de Palma y protagonizó, de paso, un hecho inédito: que el fiscal se oponga a una citación judicial que no presupone culpabilidad alguna. Castro no se ha dado por vencido, y está a la espera de varios informes de la Agencia Tributaria para decidir si vuelve a recorrer el mismo camino.
Por la calle Prim no han dejado de desfilar durante los últimos meses numerosos imputados con ‘pedigrí’ del ‘caso Gürtel’, los últimos ocho empresarios que presuntamente hicieron donaciones al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de administraciones controladas por los populares. Conocidos hombres de negocios (Villar Mir, Luis del Rivero…) que se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones, no así a las de sus letrados, el juez instructor, Pablo Ruz, y el fiscal anticorrupción, que hubo días que, para sorpresa de los presentes, no hizo ni una sola pregunta durante su turno de interrogatorio. En lo que si estuvo de acuerdo con el magistrado fue en retirar al PP de la causa, en la que pese estar personado como acusación su actuación se asemejaba más a la de la defensa de su extesorero, Luis Bárcenas.
Carlos Bautista, fiscal del ‘caso Faisán’, que está pendiente de que la Sala fije una fecha para celebrar la vista oral, ha pasado también por varios ‘estados’ a lo largo de la instrucción. Comenzó por pedir el archivo de la causa, contra la opinión de Baltasar Garzón, primero, Fernando Grande Marlaska después, y por último Pablo Ruz. Sin embargo, avanzada ya investigación cambió de opinión y coincidió con el magistrado en acusar a dos mandos policiales de haber alertado a ETA en 2006 de una operación policial en marcha. Sus conclusiones definitivas sostienen que los dos procesados incurrieron en un delito de revelación de secreto, pero no de colaboración con banda armada, como considera el juez.
