La supresión de la paga extra de los funcionarios es rechazada en primer lugar porque supone un castigo dirigido a los empleados del sector público que aparecen como responsables de la crisis. Se olvida, dicen muchos comentarios, que en el apogeo de la bonanza los trabajadores del sector privado recibían sueldos mucho más altos que los funcionarios, y estos no protestaban por ello.
Se aprecia también que la medida repercutirá de forma negativa en la capacidad de consumo de un muy relevante porcentaje de la población con las inevitables consecuencias económicas. También hay críticas al hecho de que la decisión no establezca diferenciación alguna entre los distintos niveles de funcionariado (funcionarios por oposición y empleados públicos de libre designación).
