El fiscal general advierte de la sensación entre los ciudadanos de que la justicia favorece al poder

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido este miércoles a tomar medidas para combatir la corrupción para cambiar la opinión “extendida” de que la justicia “no trata igual al poderoso que al resto” y que hay un trato ideológico en función del acusado.

Así lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta lacra.

Además, el fiscal general se ha mostrado partidario de que, con carácter general, los políticos imputados dejen sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos, si bien apunta que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar.

Según él, como “regla general” es “bastante conveniente” fijar el momento de la dimisión en la vista oral, y no desde el momento en que se produzca una imputación, pero también señala que “no conviene olvidar que algunos hechos delictivos son tan especiales” por la “participación publica o política” del imputado que, si se le impone algún tipo de medida cautelar, quizá la dimisión debería llegar ante de la vista.

Los peligros de la corrupción

El titular del Ministerio Público ha subrayado que la corrupción supone “un ataque demoledor” a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con “contundencia”, se corre el peligro de su “generalización” en la sociedad y de que la ciudadanía, “amparándose en una percepción generalizada” de estas prácticas, “justifique” la elusión de las normas “dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social”.

Por ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación “lo suficientemente decidida y enérgica” contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de “incrementar una sensación de impunidad” que sirva para “extender” comportamientos “irregulares o corruptos” y, de otro, de que puedan “generalizarse” críticas “infundadas o sectarias” cuestionando “irresponsablemente” la labor de los servidores públicos que cumplen “honestamente” con su deber.

Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión “extendida” entre la ciudadanía de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha consideración ha destacado la existencia de una legislación “manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”.

También ha constatado que se dan investigaciones que rebasan “toda una década”, prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.

A su juicio, “desmontar” este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, “no basta pensar que se equivoca quien así lo considera”. Según ha defendido, es necesario “acreditar” que ese prejuicio no se corresponde con la realidad dando una respuesta “eficaz, seria y rigurosa” a la corrupción y demostrando “con hechos” un trato igual para todos.

La lentitud de la Justicia

En cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria “lenta pero que no se detiene” se ajusta “a la realidad”.

“La imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción”, ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que, pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay “impunidad” en las causas de corrupción “ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos”.

Entre otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha denunciado que “en España, las causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen ”precocinadas“ por la labor de la Policía y la Agencia Tributaria y la ”capacidad de filtraje crítico“ de lo que llega al juzgado ”es muy limitado“.

Los pocos medios de las fiscalías

Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la “precariedad” en los medios materiales y humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80% de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea “titánica” y en muchos casos “destinada al fracaso”. En concreto, ha destacado la situación “dramática” de la Fiscalía de Málaga.

De ahí que Torres-Dulce haya apostado por organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal “impulsor” de la acción de la justicia, sobre todo para causas “complejas y gran trascendencia” evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo.

En este punto, el fiscal ha avanzado que creará “en los próximos meses” secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos penales que requieren una atención “más exigente y más dinámica” de estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías especializadas.

Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea “extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades”, como se conoce a los acuerdos con los acusados.