Rajoy cede ante Rivera para poder presentarse en el Congreso con 170 votos

Albert Rivera y los suyos llegaron al edificio del Congreso destinado a los grupos parlamentarios con orgullo. Cuando cruzó la Carrera de San Jerónimo, Rivera dijo a los periodistas que estaba “satisfecho”. Después, durante la rueda de prensa, fue mucho más lejos y llegó hasta la euforia para decir que le enorgullecía haber arrastrado “a la vieja derecha a una etapa de regeneración”. Y no se quedó con el PP. Sostuvo que había hecho lo mismo con la “vieja izquierda”, se supone que en referencia al pacto que firmó con Pedro Sánchez en la anterior legislatura.

En el PP también decidieron parecer exultantes. Rafael Hernando y Fernando Martínez Maillo esperaron a Mariano Rajoy en la puerta y se prodigaron en saludar con besos y apretones de mano a los informadores. Los 32 escaños de Ciudadanos y el que se espera de Coalición Canaria les dejan a seis de conseguir la mayoría absoluta. Aunque se da por hecho que el intento de esta semana será fallido, Rajoy jugó al despiste sobre cuándo lo volvería a intentar. “No tiene por qué ser después de las elecciones vascas y gallegas”.

Las 150 medidas del acuerdo cubren casi todas las tareas de gobierno, aunque Rivera no lo llame pacto de gobierno, sino de investidura. Si Rajoy no fuera elegido y se convocaran nuevas elecciones, el pacto correría el mismo destino que el que firmaron PSOE y Ciudadanos en la anterior legislatura.

Los integrantes de las dos delegaciones tenían en común las ojeras. En torno a las dos y media de la madrugada del domingo se cruzaron el último documento. Según Martínez Maillo, son “los momentos en que discutes 'quita esa preposición o esa coma, porque se puede entender otra cosa”.

La escenificación del acuerdo tenía como prioridad no repetir la de Sánchez y Rivera. Aquello era un pacto de gobierno, pero Rajoy lo ridiculizó todo lo que pudo. “Los toros de Guisando”, ha sido su respuesta a la pregunta de por qué no se celebró una firma solemne con él y Rivera (fue la forma en que se burló del anterior pacto, como si fuera un hecho trascendental que se utilizaría en los libros de historia). Así que primero se dieron la mano para la foto rodeados de los equipos y luego los que firmaron fueron Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta.

El tono de sus respectivas ruedas de prensa fue muy distinto. Rivera desgranó a toda velocidad sus logros e insistió en que el PSOE está obligado a aceptar un centenar de puntos del pacto porque ya estuvieron de acuerdo en eso en el anterior.

Rajoy fue mucho más parco, huyó de los detalles y se atuvo a destacar que ya tenía 170 –sumando el previsible apoyo de la diputada de Coalición Canaria– y que cuando este lunes se vea con Sánchez se lo recordará. “¡Es que no me veo con él desde hace un mes!”, exclamaba después ante los periodistas con escepticismo sobre el resultado de la reunión.

Pasar de la comodidad del rodillo parlamentario que otorga una mayoría absoluta a 137 escaños ha supuesto para Mariano Rajoy una cura de humildad. Las exigencias de Ciudadanos han obligado a Rajoy a tener que ceder en puntos sobre los que no ha ofrecido diálogo en los últimos cuatro años.

“Siempre que se llega a un acuerdo todo el mundo cede en parte de sus planteamientos. Si nadie se desdice de nada es imposible hacer un acuerdo”, contestó el presidente en funciones cuando se le preguntó si algunos de los acuerdos con Rivera le obligaban a rectificar su política.

Rivera presume de acabar con la 'ley Wert'

El líder de Ciudadanos, que puso como prioridad un nuevo pacto de Estado por la Educación, presumió unos minutos antes de haber propiciado una nueva ley de Educación “que ya no será ni de Wert ni del PP”.

La LOMCE consiguió el récord de contestación de una ley, ya que consiguió enfrentar a todos los protagonistas de la comunidad educativa y ni siquiera entusiasmó a los presidentes autonómicos del PP. El pacto de agosto prevé que haya una nueva ley pactada en una futura subcomisión parlamentaria que se creará en el plazo de un mes a partir de la formación del Gobierno.

Ahí es donde Rivera ha incluido la extensión de la educación de 0 a 3 años, en forma de un nuevo Plan Concilia, y un nuevo sistema público de libros compartidos, así como reducir la excesiva temporalidad en la contratación de profesores.

Regreso al pasado

En materia judicial, Rivera ha obligado al PP a cumplir el programa electoral con el que se presentó a las elecciones en 2011. La idea de que 12 de los 20 vocales del CGPJ fueran escogidos por jueces y magistrados nunca se llevó a cabo. La pretensión inicial de Ciudadanos, en su programa electoral, era acabar con el CGPJ y sustituirlo por un órgano unipersonal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo.

Rivera alardeó en la rueda de prensa de que con esta medida volvía Montesquieu a la política española, refiriéndose a la separación de poderes. Ciudadanos siempre ha pedido la “despolitización” de la justicia española, pero el viejo sistema de elección de cargos no la impedía. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es conservadora y cercana al PP. Jueces para la Democracia (JpM) es progresista y durante la Transición siempre defendió ideas sobre el sistema de justicia cercanas a la del PSOE.

El pacto introduce un factor de politización de la figura del fiscal general del Estado a través del Congreso al permitir a los diputados la reprobación del máximo responsable de la Fiscalía.

Una de las frases más repetidas por los miembros de Ciudadanos es la de “pinchar la burbuja política” y ahí han incluido siempre al Senado. “Con todos los respetos por los senadores, eso es un pesebre”, clamó Juan Carlos Girauta durante el transcurso de las negociaciones. El PP siempre se negó a eliminarlo, más allá de la reflexión genérica sobre la necesidad de convertir la Cámara Alta en una verdadera “representación territorial”, una petición recurrente en todos los partidos desde hace décadas. Ese compromiso vuelve a repetirse ahora, junto a la intención de dejarlo en cien senadores, lo que pasa ineludiblemente por reformar la Constitución.

En las reformas de carácter institucional, Rajoy no ha cedido demasiado. Girauta utilizó las reticencias del PP para escenificar su enfado y fijar un ultimátum de 48 horas que se superó sin problemas. “No tienen voluntad de tocar una coma del Senado y las diputaciones”, clamó. “Las diputaciones no son una cosa de sí o no”, aclaró después Fernández Maillo, expresidente de la de Zamora. Ahí el PP ha impuesto su criterio.

La voluntad de Ciudadanos de suprimir las diputaciones por considerar que suponen un gasto excesivo fue acogida por el PP con uñas y dientes. De hecho, el partido llevó a cabo una campaña con el lema “mi pueblo no se toca” por considerar que Ciudadanos “no tiene ni idea” del medio rural y por haber “pisado demasiada moqueta”. Así, lo acordado ahora es reducir el gasto, sin más especificaciones y como parte de una profundización en el adelgazamiento de las administraciones en general.

En materia de corrupción, el PP se declaraba dispuesto a incorporar todas las medidas necesarias para atajarla. Ciudadanos ha presumido de haber obligado al PP a regenerarse. En realidad, la discusión sobre qué se considera corrupción en un cargo público para conllevar su separación inmediata se convirtió en una polémica.

“Nosotros decimos qué es corrupción y qué no”, zanjó el portavoz de Rivera. Finalmente, Rivera declaraba ayer que además del enriquecimiento o la financiación del partido, se incorpora el enriquecimiento ilícito. Esta posibilidad ya se trataba de acotar con la declaración al tomar posesión del cargo y al abandonarlo, pero ahora se extenderá a todas las administraciones e instituciones del Estado. De forma paralela se plantea también reformar el Código Penal.

Por el momento, el apartamiento de los cargos imputados se circunscribe a los de carácter estatal y a la promesa de que no entren en ninguna candidatura. Es lo que el propio PP conoce como “cláusula Barberá”, por la alcaldesa de Valencia. Para ir más allá del Gobierno, diputados o senadores, ambos partidos han decidido invitar a cada formación a que apruebe en sus ejecutivas la extensión a cargos municipales y autonómicos en una ampliación del pacto anticorrupción al que se invita al resto de formaciones.

Otra de las grandes cesiones es la derogación del impuesto al Sol. La penalización a producir la propia energía mediante paneles fotovoltaicos fue un empeño de José Manuel Soria durante su mandato en Industria. Ahora, el acuerdo promete “eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente” con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala“.

También ha conllevado un gran esfuerzo al PP la insistencia de Rivera en que se recuperaran los 2.800 millones que se dejaron de ingresar por la amnistía fiscal. Aunque el Gobierno de Rajoy siempre ha negado que se produjera y Cristóbal Montoro se empeñaba en hablar de “un afloramiento de bases imponibles”, los de Ciudadanos lo exigieron hasta el último momento y fue uno de los escollos importantes.

Ahora se acuerda realizar “una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal de 2012 tributen según el tipo previsto del 10%” cuando lo que pagaron los defraudadores fue un 3% sobre lo emergido. “A los Rato, Bárcenas o Pujol les llegará una carta a casa para que cumplan la ley de la amnistía”, llegó a predecir Rivera.