La intervención de la autonomía coge peso en el Gobierno para frenar el referéndum del 1-O

El artículo 155 de la Constitución toma protagonismo entre las opciones del Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el referéndum de independencia del 1-O. El Ejecutivo ha vuelto a poner sobre la mesa este punto de la Carta Magna que permite al Gobierno intervenir determinadas competencias de una comunidad autónoma hasta restituir la legalidad.

La posibilidad de intervenir la comunidad ha entrado de lleno en el argumentario del Partido Popular. En la mañana de este martes mientras el portavoz del grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, señalaba que artículo 155 “es una previsión constitucional que siempre está encima de la mesa”, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntaba que “es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias”.

Una vez pasada la Diada, el Ejecutivo ha adoptado una postura más dura frente a los independentistas. Los posibles movimientos de desobediencia de los dirigentes de la Generalitat son analizados seriamente por el Gobierno a la hora de decidir las medidas a tomar.

En este posicionamiento de “ir a por todos” que favorezcan la consulta del 1-O se enmarca el recurso del PP contra el acto a favor del derecho a decidir y el referéndum catalán que iba a celebrarse el próximo domingo en un local municipal del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del Partido Popular señalaron que la dirección nacional del partido, con Rajoy a la cabeza, promueve y respalda la actuación judicial contra el acto en favor al derecho a decidir, que ha sido suspendido por el juez José Yusty Bastarreche.   

En teoría, la aplicación del artículo 155 podría romper la unidad de actuación del bloque constitucionalista, ya que tanto el PSOE como Ciudadanos le han pedido a Rajoy que busque otras fórmulas legales. Sin embargo, fuentes del PP aseguran que ambos partidos respaldarán las acciones del Gobierno, incluido la intervención de algunas competencias de la autonomía catalana, ante los actos de desobediencia que se esperan que cometan los dirigentes independentistas. De hecho, los populares apuntan al control de Hacienda sobre los gastos de la Generalitat para evitar que se dediquen a la organización del referéndum del 1-O como una vía indirecta de intervención de la comunidad que ya está practicando.        

En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó este martes tras su intervención en el Senado que “en el informe de la intervención de la Generalitat nos traslada que no se conoce el origen de los recursos que se han utilizado ni para la pagina web ni para la elaboración del vídeo publicitario” del referéndum.

Montoro señaló como “muy preocupante” la actitud de la Generalitat. El ministro de Hacienda recordó que “ningún dirigente público ni ningún funcionario pueden utilizar un euro público para actividades ilegales, con lo que tendrá que afrontar las responsabilidades y tampoco vale decir que un organismo público ha recibido una financiación privada para hacer una acto ilegal, lo que sería una ilegalidad aún mayor”.

En el Gobierno se asume que los mossos, la policía autonómica catalana, van a cumplir con las órdenes de la Fiscalía y seguir las obligaciones que suponen las suspensiones dictadas con por el Tribunal Constitucional, aunque no descartan que algunos dirigentes de la Generalitat “se declaren en rebeldía” y haya que utilizar el 155 para asumir sus funciones.   

El procedimiento de aplicación del artículo 155 está regulado en el Reglamento del Senado, en su artículo 189, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Fuentes de Moncloa explicaron que la falta de una regulación concreta y aunque no se haya utilizado nunca “en solo cinco días se podría aplicar”. 

Aunque el Gobierno insiste en que “ahora no está en eso”, la aplicación del 155 se trató en la reunión del grupo popular en el Senado antes del pleno de control al Gobierno de este martes.