Un juez investiga desde mayo de 2015 a un diputado de Cifuentes por su época como alcalde de Getafe
Un juez de Getafe investiga desde mayo de 2015 la posible impliación del hoy diputado de la Asamblea de Madrid y senador del PP Juan Soler en un caso de corrupción. El magistrado Francisco Javier Achaerandio admitió a trámite el día 5 de aquel mes una querella contra el entonces alcalde de la localidad del sur de Madrid, dos de sus concejales y otros tantos funcionarios del Consistorio getafense por un presunto delito de prevaricación administrativa, según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.
La investigación se ha desarrollado estos meses en secreto y ha incluido la recopilación de información de la Policía, con autorización judicial, y el interrogatorio de varios testigos. Las pesquisas se hacían públicas este lunes al entrar los agentes en el Ayuntamiento de Getafe y detener a 6 personas, según informa Europa Press, ninguno de ellos responsables políticos.
El juez Achaerandio perdió la competencia para investigar formalmente a Soler el 9 de junio de 2015, apenas cinco semanas después de abrir la causa, por lo que ahora se centra en los hechos en los participó el actual diputado autonómico y senador. Soler tomó posesión ese día de su acta como diputado y pasaba a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así fue hasta enero, mes en el que se convirtió también en senador y su aforamiento pasó directamente a depender del Tribunal Supremo.
El Partido Popular de Getafe se apresuró este lunes a hacer público un comunicado en el que destaca que las obras del conocido como Teatro de Getafe son “una cuestión puramente técnica en la que no intervino ningún concejal del anterior Gobierno municipal”. Esta afirmación es desmentida en otro auto del juez Achaerandio, dictado el pasado 12 de febrero, hace apenas tres semanas. En él, el magistrado afirma que se está “investigando” a los concejales de Hacienda y Urbanismo del anterior Gobierno municipal, Fernando Lázaro y Paz Álvarez, respectivamente.
La lista de investigados por el juez se completa con los funcionarios municipales Juana Álvaro Hernández y María Luisa Gil Madrigal. En este breve auto ya no aparece mencionado Juan Soler porque el magistrado no es competente para investigar a la persona, aunque continúa con la instrucción de una causa en la que aparece reiteradamente Juan Soler. Así lo acreditan a informes del Grupo XXVI de la Brigada de Policía Judicial incorporados a la misma, informaron fuentes del caso.
El juez Achaerandio justifica el secreto de las actuaciones en “la gravedad de los delitos investigados y su posible repercusión mediática, a fin de garantizar no solo la imagen pública de los investigados, por los cargos que ostentan, sino también la ejecución de diligencias de investigación que pudieran ser acordadas ”.
Con la investigación a Soler se repite la situación de otros diputados de la lista de Cristina Cifuentes en la Operación Púnica, incluido uno de sus consejeros. La declaración de David Marjaliza sitúa en el centro de la trama a Jaime González Taboada, responsable de Medio Ambiente, y al también diputado Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y, como Soler, hombre de Esperanza Aguirre.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene secreta la pieza en la que Marjaliza señala a ambos políticos y no será hasta el final de la instrucción cuando eleve al Tribunal Superior de Justicia los indicios que, en su caso, tenga contra ellos. La situación se repite en modo parecido en la Operación Taula de Valencia. En este caso con Rita Barbera, senadora como Soler y que deberá responder, si cabe, ante el Tribunal Supremo.
Tras conocer la operación policial en Getafe, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que aplicará la “tolerancia cero frente a la corrupción, venga de donde venga”. “Si hay alguna persona del PP que esté implicada en este asunto, se aplicará el código ético que, de manera voluntaria, todos los diputados han suscrito” y que implica su dimisión, pero solo en el momento de estar imputados, un formalismo que en el caso de Soler y el resto de mencionados se puede dilatar en el tiempo por su condición de aforados.
Una iniciativa ciudadana
La investigación que afecta a Soler y sus dos concejales parte de una querella presentada por un vecino de Getafe, Roberto Benítez, vinculado al asociacionismo de la ciudad y director de un medio atento permanentemente a la actualidad de la localidad y las posibles corruptelas de sus políticos, elbercial.com.
En la citada querella se alude al decreto que Soler firmó el 12 de noviembre de 2012 para la encomienda de gestión a Getafe Iniciativas S.A (GISA) de los trabajos para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, en el solar que ocupaba tradicionalmente el conocido como Teatro de Getafe.
El caso se centra en las posibles irregularidades en la concesión a una determinada empresa que no cumplía con los criterios necesarios y al fraude que hizo pasar por abierto un concurso que, en la práctica, habría sido dirigido. El proceso, y ahí radica la investigación a Soler, se inició con el decreto del alcalde.
En el pleno municipal citado, Soler afirmó que el “dilatado programa de actuaciones” para las obras requería que la tramitación se realizara con “una relevancia especial”. Según figura en la querella de Roberto Benítez, el alcalde Soler y sus concejales Lázaro y Paz Álvarez, “consiguen saltarse los trámites de la Mesa de Contratación”. Como recuerda el texto, GISA es una empresa con capital 100% municipal presidida por el alcalde de Getafe y de la que es consejero delegado el concejal de Hacienda.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dijo en un informe de julio de 2014 que el procedimiento negociado sin publicidad para la concesión de las obras citadas no fue “particularmente riguroso”. Los únicos requisitos solicitados fueron que el arquitecto y el arquitecto técnico responsables tuvieran una experiencia profesional mínima de 5 años, según recoge la querella.
Las obras del teatro de la calle Madrid se encuentran paralizadas y el Ayuntamiento de Getafe ha perdido la subvención de los fondos europeos para la construcción de este edificio, lo que implicará un sobrecoste de al menos un millón de euros en las arcas municipales.
