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La comisión que investiga la financiación del PP se atasca en los tribunales

Luis Bárcenas, a su llegada a la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP.

Marcos Pinheiro

La reciente investigación parlamentaria sobre la financiación irregular del PP ha chocado con la que desarrollan desde hace años los tribunales. La Comisión que forzaron los grupos gracias a la minoría parlamentaria del PP prepara su tercera petición de información tras haber fracasado dos veces: sus requerimientos eran demasiado generales, sus denominaciones de los casos eran equivocadas y no estaban identificadas con el número de procedimiento.

El Poder Judicial ya ha advertido al Congreso en dos ocasiones de que si no siguen los conductos ordinarios no obtendrá ninguna respuesta de los jueces.

La Comisión se constituyó el 11 de mayo y desde entonces no ha conseguido recabar ninguna información sobre los casos Gürtel, Púnica o Lezo. La primera documentación que pidieron los grupos motivó la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que en un carta advirtió de que no podían pedir información en bruto sobre los casos de corrupción. “Resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios”, señaló el también presidente del Supremo en su escrito.

Los grupos elaboraron una nueva lista de documentación que tampoco ha pasado el filtro del Poder Judicial. Muchas de las peticiones de los grupos, aunque más acotadas, no incluían el número de procedimiento o se referían a los casos por su “denominación periodística”, y no por su codificación procesal, explican fuentes de la comisión. Había también errores en la denominación jurídica de algunos documentos. Ahora tendrán que preparar una tercera petición con un trabajo “más minucioso” en el que se ha implicado al letrado de la comisión.

El presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, informará a los grupos tras la sesión de este jueves de cómo tienen que acotar su petición. Elaborarán un tercer escrito con la esperanza de que, ahora sí, los tribunales respondan. Sin embargo, el CGPJ ya advirtió también de que parte de la información que habían pedido no se podía enviar al Congreso porque se encontraba bajo secreto. Será cada juez quien decida qué documentación puede remitir a la Cámara Baja y cuál no.

Cuatro tesoreros del PP citados

La Comisión ha citado para este jueves a tres extesoreros del PP -Rosendo Naseiro, Ángel Sanchis y Álvaro Lapuerta- y a la actual, Carmen Navarro. Lapuerta, cuya comparecencia está fijada para la tarde, previsiblemente no acudirá. El tribunal de Gürtel ya le eximió del caso por la demencia que padece, y este será el argumento que esgrimirá para eludir una convocatoria obligada. Si no se da una razón de peso para no acudir, el compareciente puede ser acusado de desobediencia grave a la autoridad.

Primero está citado Rosendo Naseiro, tesorero de Alianza Popular entre 1987 y 1990. A sus 82 años, mostró problemas de audición y memoria durante su declaración como testigo en el juicio de Gürtel. Sus recuerdos solo alcanzaron para desmontar la coartada de Bárcenas, quien fuera su socio en distintos negocios, al que acusó de utilizarle para aparentar que era un marchante de arte, un negocio con el que Bárcenas intenta justificar sus elevados ingresos. “No tengo la cabeza para recordar”, fue su respuesta a las cuestiones que le implicaban directamente en la financiación irregular del partido.

Por ahora, Sanchis es el único que se ha comprometido a responder a las preguntas de los portavoces. Se enfrenta a ocho años de cárcel en el juicio de Gürtel, donde ha tenido que explicar los negocios que le unían a Bárcenas. Este le prestó tres millones de euros y Sanchis aseguró que nunca se preguntó de dónde habían salido. Durante aquella declaración se presentó como un mero trabajador del PP, sin relación ya con el partido, y definió su etapa de tesorero como “una época mala”.

La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, también está citada para este jueves. Al igual que quienes le precedieron en el cargo, está envuelta en un proceso judicial. Está procesada en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, acusada de torpedear la investigación de la Audiencia Nacional. Según la jueza, acordó con el abogado del partido “su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer su observación directa o mediante estudio pericial que se almacenaba en su interior”.

El propio Bárcenas ha sido el único en comparecer hasta el momento y su paso por la comisión no sirvió para aportar nuevos datos. De hecho, el extesorero del PP afeó a los diputados que le hubiesen llamado a declarar cuando tiene abiertos varios procesos judiciales, lo que le obligaba a guardar silencio para no perjudicar su derecho de defensa. Tan solo habló para defender el origen de su fortuna en Suiza y para hacer acotaciones a los portavoces.

Ahora será el turno de otros cuatro tesoreros del PP. Mientras, la comisión intenta por tercera vez que los tribunales acepten su petición de información. De lo contrario, la investigación parlamentaria no conseguirá avanzar lo más mínimo sobre la presunta financiación irregular del partido del Gobierno.

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