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El juez que investiga al presidente de Murcia, de cañas con miembros de la cúpula del PP

El juez instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez-Templado, junto al exconcejal y ahora vocal de la dirección regional del PP, Cosme Ruiz, publicada por La Verdad de Murcia

Gonzalo Cortizo

El juez que tiene en su mano el futuro político del presidente de Murcia se va de cañas con uno de los principales colaboradores de su investigado. Julián Pérez-Templado fue fotografiado el pasado 7 de marzo compartiendo terraza y cerveza con Cosme Ruiz, recientemente incorporado a la junta directiva del PP de Murcia que preside Pedro Antonio Sánchez.

Se da la circunstancia de que la imagen fue tomada solo un día después de la declaración judicial del presidente murciano, por su implicación en el Caso Auditorio. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en donde no se han querido realizar ningún tipo de comentario que pudiera aportar contexto a la polémica imagen.

El Gobierno ha tenido que dar explicaciones sobre la polémica imagen. El portavoz de Moncloa, Íñigo Méndez de Vigo, le ha restado importancia a la publicación de la imagen: “Murcia es un sitio donde se conoce todo el mundo y no creo que haya que sacar ninguna conclusión extraña de la foto”.

No es la primera vez que el magistrado Pérez-Templado se cruza en el destino del PP y, más concretamente, en el del presidente, Pedro Antonio Sánchez. Hasta en dos ocasiones actuó como ponente y archivó causas contra el jefe del Gobierno de la comunidad en la que reside desde hace décadas. De origen progresista, Pérez-Templado se asentó en la carrera judicial bajo las siglas de Jueces Para la Democracia. Quienes le conocen aseguran que su círculo de amistades y contactos se ha ido ensanchando en el espacio ideológico del Partido Popular.

El interlocutor de Pérez-Templado en la imagen es Cosme Ruiz, recientemente nombrado vocal de la junta directiva del PP murciano, y a quien la justicia también imputó por un caso de corrupción en el que se le acusaba de haber entregado 50.000 metros cuadrados de suelo público urbanizables a cambio de una finca rústica de apenas 15.000 metros cuadrados.

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