Una jueza comienza a investigar las escuchas ilegales que denunció el alcalde de Leganés
Una jueza va a comenzar a investigar la denuncia del alcalde de Leganés (Madrid), Jesús Gómez Ruiz, en la que asegura haber sido objeto de escuchas ilegales. La titular del Juzgado número 5 de instrucción de la localidad madrileña ha abierto diligencias para esclarecer si el dirigente del PP ha sido espiado y si se han intervenido sus comunicaciones, tal y como ha denunciado. La magistrada cree que esos hechos apuntan a una “infracción penal”, aunque matiza que desconoce quiénes pueden ser los responsables. La investigación judicial que ha arrancado ya estará encaminada, en primer lugar, a identificar a los posibles culpables.
El alcalde de Leganés cree que se han intervenido sus comunicaciones y que ha sido objeto de escuchas ilegales. Las sospechas de Gómez Ruiz parten de las acciones legales que ha cruzado con el partido Unión por Leganés (ULEG). Los concejales de este partido han presentado denuncias en las que aseguran tener conocimiento de “grabaciones” compormetedoras para el regidor y han presentado documentación que, según el alcalde, se ha conseguido ilícitamente a través de la interceptación de sus comunicaciones.
Los concejales de ULEG denunciaron al dirigente conservador ante la Audiencia Nacional por la compra en 2004 de acciones de Libertad Digital que no había incluido inicialmente en la declaración de bienes presentada en el Ayuntamiento. Gómez Ruiz considera que la documentación aportada por los ediles junto al escrito -los fax intercambiados con la entidad para confirmar la compra, el impreso de solicitud de las acciones y la transferencia que acredita el pago- solo pudo obtenerse “mediante un robo mediante una interceptación o examen del aparato emisor de fax utilizado” para enviar los documentos a la entidad financiera. Ese aparato estaba en la Puerta del Sol, ya que el alcalde trabajaba en el gabinete de Esperanza Aguirre en aquel momento.
Sospecha de espionaje en la Comunidad
En la segunda denuncia, presentada en este caso ante la Fiscalía, los concejales independientes aseguraban tener conocimiento de que hay “grabaciones” en las que el alcalde confiesa tener una cuenta en Suiza. Gómez Ruiz, que niega tener dinero en el extranjero aunque admite que se ha podido manipular alguna de sus conversaciones, considera que si existen esas grabaciones se habrán obtenido “interviniendo las conversaciones telefónicas” o “instalando dispositivos” para grabarle a él “o a otra persona”. “Es una agresión contra mi intimidad de relevancia penal”, denunció el alcalde.
En un auto notificado el 16 de febrero, la instructora que ha recibido el escrito considera que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. No obstante, la magistrada señala que la denuncia de Gómez Ruiz no le permite establecer la “naturaleza” y las “circunstancias” del presunto espionaje. Tampoco consigue aclarar quiénes son los responsables de los hechos denunciados.
Por ello ha iniciado un procedimiento, a través de la apertura de diligencias previas, que le permitan esclarecer esas incógnitas. La primera actuación será tomar declaración al denunciante el próximo 3 de marzo.
Los denunciados, que por el momento no han sido imputados como solicitaba el alcalde, sostienen que no han accedido a la documentación de manera ilegal. “Si el juez nos llama para decirnos de dónde viene la información, se lo diremos”, expresó en conversación con eldiario.es el portavoz de ULEG, Carlos Delgado. El edil enfatizó que su partido no ha grabado ni obtenido la documentación directamente sino que tienen “conocimiento de la existencia de esas grabaciones”.
