Un juez corrige a la Seguridad Social y reconoce la incapacidad a una mujer: “Es un grado inhumano de sacrificio”

Hace dos años una administrativa acudió a la Seguridad Social para que se le reconociera la incapacidad laboral permanente. Los problemas de columna que arrastraba desde muy pequeña se habían convertido en un impedimento para hacer vida normal, hasta tal punto que necesitaba un bastón para caminar con un 44% de discapacidad reconocida. La administración pública rechazó su petición, primero con una negativa y luego a fuerza de no contestar a las reclamaciones y ahora un juzgado le ha dado la razón: allí donde la Seguridad Social entendió que sus lesiones no eran lo suficientemente graves para impedir que trabajase, los tribunales entienden que hacer trabajar a esta mujer supondría “un grado inhumano de sacrificio” para ella.

Presentó su primera reclamación en 2022. Para entonces, la Comunidad de Madrid ya le había reconocido una discapacidad del 44%, sobre todo por las derivadas de unos problemas de columna que le habían llevado a quirófano por primera vez con tan solo 11 años de edad.

A partir de ahí, los médicos que han participado en el pleito describen un rosario de dolencias que irradian de esa “importante patología de columna” con un efecto directo sobre su movilidad: no puede estar sentada mucho tiempo sin sentir dolor, tiene una “severa limitación” en la movilidad del tronco y necesita un bastón para caminar.

Todas estas limitaciones y dolores, según la documentación del caso, se han traducido también en un trastorno ansioso-depresivo con “profunda tristeza, llanto, sentimiento de culpa e ideas autolíticas”. El término técnico para referirse a los pensamientos suicidas.

La Seguridad Social, que destina mensualmente más de 900 millones de euros para este tipo de pensiones, contestó con una negativa. La Dirección Provincial de Madrid de la Seguridad Social rechazó reconocerle esa incapacidad permanente absoluta porque, según su criterio, sus lesiones “no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. Su siguiente reclamación se encontró ya con el silencio administrativo. Su petición: que se le reconociera la incapacidad total para trabajar en su profesión o en cualquier otra, con una pensión acorde.

Un proceso que, tal y como explicó elDiario.es, los colectivos de personas con discapacidad describen como una carrera de obstáculos administrativa. La negativa o el silencio de la administración mientras el dolor y la incapacidad para trabajar siguen ahí mientras el proceso, hasta que hay sentencia firme, se prolonga durante años.

En este caso el juzgado de lo social 28 de Madrid no ha tenido ninguna duda sobre que esta mujer no puede trabajar como administrativa pero tampoco en ninguna otra profesión. “Las lesiones crónicas que padece la inhabilitan para cualquier actividad profesional remunerada, por cuenta propia o ajena, con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia durante una jornada laboral, sujetándose a un horario y conforme a las exigencias mínimas de continuidad”, lamenta el juzgado.

La depresión que padece, añade el juez, le impide “integrarse en una empresa” junto con sus dolores crónicos, que cierran la puerta a una adaptación del puesto de trabajo. La única manera de conseguir que esta mujer trabaje, zanja la sentencia todavía recurrible, es “exigir un grado inhumano de sacrificio por parte de la trabajadora”. El resultado es el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado absoluto y una pensión que el Estado debe abonar, además, de forma retroactiva desde la fecha de la primera negativa de la Dirección Provincial de Madrid.

“Es un desgaste emocional importante”

Cristina Alonso es la abogada de Parrado Asesores que ha llevado las riendas de este caso. En declaraciones a elDiario.es, la letrada explica la complejidad de un caso que, en multitud de ocasiones, arranca con el silencio de la administración: “Es un desgaste emocional muy importante. Son personas que están enfermas y, además, se ven en la tesitura de tener que acudir a profesionales y hacer un desembolso que no todo el mundo puede”, asegura.

Se trata, además de un “proceso largo” en el que, explica la abogada, “hay muchas incertidumbres”. A medida que se acerca la vista oral y el momento de comparecer ante el juez, revela, los clientes “se ponen muy nerviosos, no quieren ir al juicio”.

No quieren ir porque allí, por norma general, hay que escuchar al letrado que representa a la Seguridad Social afirmar que sus dolencias sí les permiten trabajar. “Escuchar que una persona está bien para trabajar cuando la propia persona afectada está allí... pues en muchísimos casos no acuden”, lamenta Alonso.

El silencio de la administración a la hora de contestar o no contestar a estas peticiones de incapacidad pueden responder a muchos factores, pero el silencio es una respuesta “habitual” en el día a día de esta abogada. Y ese silencio de la administración pública, en este caso de la Seguridad Social, termina teniendo un efecto disuasorio.

“Ellos van dando pasos, citas para el tribunal médico, recibir una resolución... gracias a internet se pueden consultar los plazos, pero si no lo hacen y se pasa el plazo, se produce el silencio administrativo y si esa persona no ha acudido a profesionales ya no puede reclamar y tendría que empezar de nuevo, con el tiempo que ello conlleva”, explica Alonso en declaraciones a este periódico.

En el caso recién resuelto por un juzgado a finales de marzo en Madrid, la letrada de Parrado Asesores valora que la resolución es “un caso muy importante” aunque advierte que la Seguridad Social todavía puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. “No suele ser habitual esa contundencia, son más sucintos, pero hay numerosas sentencias que hablan de ese esfuerzo heroico para el trabajo. No se puede exigir eso a una persona”.

En este caso, entiende, está “acreditadísimo” que su clienta “estaba incapacitada de forma absoluta”. Los jueces, afirma, “intenta ver que todavía hay algún tipo de capacidad residual para algún tipo de profesión más liviana”, pero en este caso pasar unas horas sentada en la misma postura suponía, según el juzgado de lo social, un “grado inhumano de sacrificio” para esta administrativa.