Las CCAA destinan 22 millones a los consejos consultivos donde aparcan a sus políticos
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia ha dado pie a que ocupe un puesto en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. A dicho cargo accede como miembro nato por su calidad de expresidente autonómico, y le reportará un salario de 8.500 euros brutos al mes.
Pero, ¿qué es el Consejo Consultivo? Se trata de un órgano colegiado existente en casi todas las Comunidades Autónomas (solo Cantabria ha prescindido de su creación) con diferentes denominaciones, creado a semejanza del Consejo de Estado, para asesorar al Gobierno autonómico sobre cuestiones de lo más amplias y variadas. Sus integrantes son, mayoritariamente, juristas con una dilatada trayectoria y altos funcionarios de la Administración. En ocasiones cuentan con la presencia de expresidentes o exaltos cargos, como el caso del madrileño, gallego o valenciano.
Son las Comunidades Autónomas las que regulan el organismo y su composición, y su dotación económica corre a cargo de los presupuestos autonómicos. Las diferencias entre unos y otros son muy amplias, tanto en el número de miembros que forman parte del órgano como en la partida presupuestaria destinada a su mantenimiento. En total, las comunidades dedican más de 22 millones de euros a mantener estas instituciones.
Los madrileños son los que más recursos destinan a sostener un órgano consultivo que, en su caso, cuenta con la participación de los exmandatarios del Gobierno de la comunidad, siempre que no ejerzan otros cargos. Su presupuesto asciende a 4.318.421 euros, de los que más de tres millones y medio se dedican a gastos de personal.
Andalucía y Cataluña condicionan el presupuesto a que dicho órgano emita informes sobre los diferentes ámbitos de su competencia. Andalucía dedica más de 3.300.000 euros para mantener un ente compuesto por 17 personas, mientras que en Cataluña esta cifra supera por muy poco los tres millones.
Cataluña cuenta con el añadido de que, además de un órgano para el asesoramiento en temas jurídicos (Comisión Jurídica Asesora), se ha dotado de un ente que vela por la adecuación de las leyes al Estatuto y a la Constitución. Se trata del Consell de Garanties Estatutaries de Catalunya y la partida presupuestaria dedicada a su mantenimiento asciende a 3.463.216 euros.
Este último ha tenido una especial relevancia en los últimos meses debido a su papel de consultor del Gobierno en todo lo relativo al proceso abierto para la consulta. Precisamente fue un dictamen suyo el que consideró que la Ley de Consultas ratificada por Mas el pasado sábado 27 se adecua a la Constitución y al Estatuto.
Galicia es otro de los ejemplos en los que su Consello Consultivo cuenta entre sus miembros con los tres expresidentes de la Xunta: Emilio Pérez Touriño, Gerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe. A ellos se suman otros diez miembros. La Xunta dedica poco más de dos millones para mantener su funcionamiento.
Aragón y La Rioja, los más baratos
En el otro lado de la balanza encontramos a los consejos consultivos que suponen un menor gasto en términos presupuestarios. Aragón y La Rioja apenas superan los 300.000 euros dedicados a este apartado, y entre sus miembros no se encuentran exmandatarios de sus respectivos gobiernos.
Canarias, Navarra y Baleares serían, respectivamente, los siguientes en esta lista de consejos consultivos económicos. El primero no llega al medio millón de euros de sus presupuestos dedicados a mantener la actividad de dicho órgano mientras que navarros y baleares superan esta cifra por muy poco.
