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Al menos 414 muertos en ola de violencia del oeste de Birmania
Al menos 414 personas han muerto en las ultimas dos semanas durante la ola de violencia sectaria desatada en el oeste de Birmania (Myanmar), región declarada como “zona de operaciones” por el Ejército, informó hoy el Gobierno.
El conflicto rebrotó el pasado 25 de agosto cuando un millar de efectivos pobremente armados del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) asaltó una veintena de puestos gubernamentales en el estado Rakhine (antiguo Arakan) y la posterior respuesta de los militares.
El comité de información de la Oficina de la Consejera de Estado, la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, reportó en Facebook que desde los ataque han muerto 371 rebeldes, 15 efectivos gubernamentales y 28 civiles.
El organismo oficial también estimó en cerca de 7.000 las casas destruidas durante los combates, en 59 poblaciones de la región, lo que provocó más de 26.500 desplazados internos, sin desglosar la etnia.
Otras 123.000 personas de la etnia musulmana rohinyá, no reconocida por las autoridades birmanas, han cruzado la frontera de Bangladesh huyendo de la violencia, según los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Desde el inicio de los enfrentamientos el ARSA y las Fuerzas Armadas se intercambian acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Al grupo insurgente también se le achaca el ataque contra tres puestos fronterizos el 9 de octubre de 2016 que desencadenó una violenta operación de represalia del Ejército birmano.
La ONU y varias organizaciones condenaron aquella campaña, en la que denunciaron asesinatos, saqueos y violaciones de civiles, y que llevó a unos 74.000 rohinyás a huir a territorio bangladeshí
La figura de Suu Kyi ha sido duramente criticada por su silencio ante la crisis humanitaria que vive el estado Rakhine, donde residen 1,1 millón de rohinyás.
Los miembros de esta etnia musulmana, con raíces centenarias en el país, sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, y les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
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