Fuertes críticas de la oposición al Código Penal más duro de la democracia

Los grupos de la oposición han clamado de forma unánime contra la “desproporcionada dureza” del nuevo Código Penal del Gobierno del PP, que, a su juicio, sigue beneficiando a “sus amigos” mientras quiere que los presos “pobres” se “pudran” en las cárceles. “Con este Código Penal, Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP”, han expresado.

La oposición ha mostrado su malestar por la prisión permanente revisable, la “restricción” de los derechos de manifestación y reunión o el “benigno” trato que dispensa a los corruptos. La financiación ilegal conllevará penas de cárcel si el miembro del partido recibe una donación superior a 500.000 euros o a 100.000 en caso de ser extranjero.

“Si repasa la lista de (Luis) Bárcenas, nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez”, ha exclamado el socialista Antoni Such, recordando que los corruptos trocean las comisiones ilegales para no superar los límites que marca la ley.

Los grupos han reprobado el fondo de la reforma, si bien han agradecido al portavoz en Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, su talante y esfuerzo en la tramitación parlamentaria pese al “desprecio” y la celeridad que el Gobierno ha dedicado a este proyecto. “Las letradas han sido heroínas para intentar saber qué quería decir el ponente”, han añadido.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha puesto de relieve que 300 enmiendas han sido transaccionadas o aceptadas. El diputado del PP Leopoldo Barreda ha calificado de “imprescindible” la reforma del Código Penal y ha apuntado que prevé penas de 5 años de prisión para “quienes formen parte de cualquier estructura de financiación ilegal desde el primer euro”.

“Hay que tener mucha cara, señores socialistas, para descalificar esta reforma porque en 2010 no hicieron nada y no me digan que no había corrupción”, ha expresado Barreda, para señalar que su propuesta mantiene la responsabilidad penal de los partidos y prohíbe a los corruptos contratar con la Administración Pública.

“Un monumento a la chapuza”

Poco antes de que el PP denunciara la “destructiva e irresponsable” posición de los demás grupos, el diputado del PSOE Julio Villarrubia ha criticado el aumento “generalizado” de las penas, su “dureza desproporcionada” y que la devolución del dinero no sea un requisito inexcusable para dar la libertad condicional al corrupto.

CiU, por boca de Monsterrat Surroca, ha justificado el rechazo de su grupo en su “contundente” malestar con la prisión permanente revisable, la falta de consenso y la “atropellada” tramitación. “El problema no es incrementar las penas, sino dedicar el esfuerzo donde se necesita, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un ámbito de especial urgencia”, ha dicho.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha tildado la reforma de “populista, autoritaria, represiva y monumento a la chapuza”, en virtud de la cual “Bárcenas seguirá en la calle” mientras que quienes no son delincuentes de 'cuello blanco' “se pudren” en las cárceles. “Es un Código Penal vengativo con una cadena perpetua indeterminada pura y dura”, ha remachado.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha puesto de relieve que el proyecto “no castiga explícitamente” conductas nuevas de corrupción política. “Con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP, no se regulan cuestiones capitales como 'cajas B' o la tenencia de patrimonio no declarado”, ha dicho.

Además, ha criticado el “desprecio y la afrenta” del Gobierno a esta reforma, que ha reactivado después de un año cuando ha querido presentar a Mariano Rajoy como el “Superman de la regeneración democrática”.

Por su parte, el portavoz del PNV Emilio Olabarria ha advertido también de la “orientación conservadora” del texto, que establece una “nueva doctrina Parot”, no valora el perdón pedido por terroristas desvinculados de la organización y “se endurece la excarcelación de enfermos graves”.

El diputado de UPN Carlos Salvador ha advertido de que el Código Penal debe hacer compatible el principio de intervención mínima, la seguridad y el respeto a las libertades constitucionales, al tiempo que debe sancionar “de forma disuasoria, pero también justa” los delitos y permitir la reinserción social de los condenados.

“El PP mantiene la pseudoimpunidad”

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al “bipartidismo” de cambiar el Código Penal “a golpe de telediario, desde el oportunismo y la hipocresía” para conseguir rédito electoral.

A su juicio, lo cierto es que el “PP ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política” y reprimir “la disidencia y la pobreza” para tener el visto bueno de sus “votantes más racios”. “Legislar para los suyos, les pasará factura. Es un absoluto disparate y lo mejor que podrían hacer es retirar la reforma”, ha remachado.

Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández Dávila ha criticado la penalización de las manifestaciones, mientras que ha abogado por derogar el artículo 315.3 contra los piquetes de las huelgas y restaurar la persecución de los crímenes de lesa humanidad y genocidio para investigar también los acaecidos durante la dictadura franquista.

El parlamentario de ERC Joan Tardá ha afirmado que la reforma deja claro que “la Justicia no es igual para todos y que la prisión es para los pobres”. “Bárcenas y Matas ya salen, Botín no entró, la infanta no entrará, Urdangarin todavía no ha entrado y los terroristas Vera y Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel. Ese es el resumen para todos”, ha remachado.

La formación republicana ha afeado al Gobierno que solo propaga el 'Je suis Charlie' desde “los Prineos hacia el norte” pero en España “persigue la libertad de expresión” con las injurias en publicaciones contra la Corona o España o la quema de banderas, al tiempo que castiga como “resistencia pasiva una sentada en una entidad bancaria y tipifica la eutanasia o el aborto”.

Por último, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha coincidido en que el PP impone “un derecho penal del amigo” para permitir que los “defraudadores o acusados de genocidio como el exministro Rodolfo Martín Villa sigan campando por las calles, mientras que a Arnaldo Otegi se le exige el cumplimiento íntegro de las penas”. En este sentido, ha acusado al Gobierno de querer “reventar el proceso de paz”.