Más de 171.000 personas piden a Gallardón que derogue las tasas judiciales

El abogado laboralista vigués Fabián Valero ha entregado hoy en el Registro Central del Ministerio de Justicia más de 171.000 firmas que ha recogido por Internet para pedirle al titular de la cartera, Alberto Ruiz-Gallardón, que derogue la ley de tasas judiciales.

Valero ha calificado de “cosmética y ficticia” la modificación de la ley de tasas judiciales, que sólo reducirá en un 5 por ciento la recaudación prevista por el Ministerio de Justicia, al tiempo que ha considerado “una burla” esta reforma que se ha limitado a “migajas”.

El letrado vigués promovió la petición en la Red el pasado 5 de enero en la plataforma Change.org por considerar que la ley de tasas judiciales es “injusta e inconstitucional” y “ataca” los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad consagrados en la Constitución.

El promotor de la iniciativa ha expresado su deseo de que el Ministro de Justicia recapacite y se de cuenta de que hay miles de ciudadanos que están en contra de las tasas judiciales porque “impiden o limitan el acceso a la Justicia”, especialmente, “en tiempos de crisis”.

“La desmesurada cuantía de determinadas tasas judiciales impedirá a cientos de miles de ciudadanos el acceso a la Justicia”, según el letrado vigués.

Valero ha explicado que todas las personas físicas que no resulten beneficiarias de la justicia gratuita tendrán que abonar las tasas judiciales en idéntica cuantía, con independencia de su nivel de renta, lo que, en su opinión, perjudicará a las clases medias y bajas y favorecerá a las clases más acomodadas.

También ha señalado que las personas jurídicas tendrán que abonar las tasas judiciales en idéntica cuantía, con independencia de su nivel de facturación o tamaño, lo que, a su juicio, “favorecerá a las grandes multinacionales, especialmente a la banca y a las aseguradoras, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas”.

El abogado ha subrayado además que las administraciones públicas quedan exentas del abono de las tasas judiciales, mientras que miles de ciudadanos renunciarán a defender sus derechos ante las administraciones públicas por imposibilidad económica o porque el importe de la tasa será equiparable al de la multa que deben abonar.

Ha recordado que la ley de tasas judiciales se mantiene sin el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones de jueces, de los secretarios judiciales, de los sindicatos de Justicia, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de los ciudadanos.

A las puertas del Registro Central del Ministerio de Justicia, el abogado vigués ha colocado varias cajas en las que se podía leer “170.000 personas dicen a Gallardón: no a las tasas judiciales. Change.org/Stop tasas”.